Con cara o con sello, la plata es de "los tierreros"

El pasado 27 de octubre, Eduardo Patiño, un líder de la comunidad del predio Hacienda Los Molinos, fue encontrado muerto en una de las entradas al predio donde está ubicado un asentamiento que se ha considerado "ilegal". Un día después del suceso, su hija Jeimy Patiño afirmó, en este periódico, que el asesinato coincidía con unas amenazas en contra de la familia que provenían de quienes "pretendían que incluyéramos más gente en el censo que pedía la Corte, y nos negamos".

Todo el problema comenzó el 18 de enero de 2012, cuando la inspección de Policía de la localidad de Rafael Uribe Uribe realizó un abrupto desalojo del predio, afectando a 180 familias. El operativo que fue suspendido por la Corte Constitucional, entidad que prometió que en tres meses daría solución a varias tutelas de la comunidad que pedían que se les garantizara el derecho a la vivienda.

Fue hasta el pasado 22 de febrero, un año y un mes después del fallido desalojo, que la Corte Constitucional le ordenó al Distrito que reubicara a las familias desalojadas. Pero resulta que hoy en estos predios ya no reside la misma cantidad inicial de familias. A octubre de 2012 eran 322, según la Secretaría de Habitat, y hoy, son más de 600, según organizaciones sociales de la zona.

Pero ¿cómo hicieron las 400 familias nuevas en el predio para entrar, si de acuerdo con la orden inicial de la Corte, la de enero de 2012, debía haber un operativo policial constante para evitar que entraran al predio material de construcción?

Lo que cuentan los voceros de la Corporación Genecca, un grupo de jóvenes generadores de cultura y comunicación audiovisual que ha dearrollado trabajo social en la zona, es que durante los trece meses que han pasado la banda de "tierreros" que estafó inicialmente a las 180 familias, ha seguido haciéndolo con más personas. Según Genecca, se ha dado en dos modalidades.

"Mire que la Corte no los va a sacar. No vio que ya tumbaron el desalojo, aquí estamos construyendo un barrio", son las promesas que le hacen a algunos incautos que llegan a buscar un terreno para construcción por $10 o $13 millones.

A otros, los llevan pagos para llenar los pequeños espacios que quedan en el predio y evitar que se formalice el Plan de Ordenamiento Territorial de 2004, que dice que el parque zonal Hacienda Los Molinos constituye un potencial ambiental para la recuperación de la estructura ecológica de Bogotá, pues posibilita la conectividad ecológica entre el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y el río Tunjuelo, lo que permitiría el flujo de flora y fauna nativas.

En su momento, Jeimy Patiño denunció que las mismas personas que los habían amenazado y que los presionaban habían continuado con la venta y según pudo establecer este diario en noviembre de 2012, harían parte de un grupo de cerca de doce personas que, mediante la intimidación, estarían moldeando, defendiendo y lucrándose de la formación de esta urbanización pirata.

El 5 de marzo de 2013, el concejal de Cambio Radical Julio Cesar Acosta fue a visitar el predio. Allí pronunció un discurso en la sede de la junta de vecinos, la casa de Jeimy Patiño. Micrófono en mano, denunció la "negligencia del Distrito", pues ya se había pasado el plazo de cinco días hábiles que tenía para hacer el censo de las familias y reubicarlas. Exigió los derechos de todos los que estaban en el predio que se reclama como privado por la Ladrillera Los Molinos y marcó la gravedad de la situación humanitaria.

Hace dos semanas, el Distrito le pidió a la Corte que aclarara un aspecto fundamental de su providencia: cómo debía proceder con el censo. Es decir, a quiénes había que preguntarle sus datos ¿a todas las familias que están hoy, o a las 180 que había en el momento del desalojo? La Corte todavía no se ha pronunciado.

Desde hace dos meses, Jeimy Patiño no responde llamadas de este diario, ni se ha pronunciado públicamente.Sin su versión, se hace difícil establecer si la junta accedió o no a ampliar el censo de beneficiarios, y de haberlo hecho, bajo qué circunstancias o presiones.

En el barrio saben que son esclavos de una decisión que, con cara o sello, terminará beneficiando a los urbanizadores piratas. Si el censo inicial se respetara, se resolvería la situación de los primeros estafados. Pero quedaría en firme el desalojo que fue pedido por el propietario del predio quien planea venderlo al Distrito para su recuperación ecológica, esta vez, sobre las casi 400 familias que llegaron después. Los nuevos compradores de buena fe se irían sin techo y habiéndole dejado sus ahorros a una banda de urbanizadores.

Si, por el contrario, la decisión de reubicación se aplicara sobre las 600 familias, todas las familias tendrían un techo proveído por el Distrito, los reclamos de los cabildantes habrán tenido buen eco y el dinero de las transacciones ilegales quedará en los bolsillos de los "tierreros".

El pasado 27 de octubre, Eduardo Patiño, un líder de la comunidad del predio Hacienda Los Molinos, fue encontrado muerto en una de las entradas al predio donde está ubicado un asentamiento que se ha considerado "ilegal". Un día después del suceso, su hija Jeimy Patiño afirmó, en este periódico, que el asesinato coincidía con unas amenazas en contra de la familia que provenían de quienes "pretendían que incluyéramos más gente en el censo que pedía la Corte, y nos negamos".

Todo el problema comenzó el 18 de enero de 2012, cuando la inspección de Policía de la localidad de Rafael Uribe Uribe realizó un abrupto desalojo del predio, afectando a 180 familias. El operativo que fue suspendido por la Corte Constitucional, entidad que prometió que en tres meses daría solución a varias tutelas de la comunidad que pedían que se les garantizara el derecho a la vivienda.

Fue hasta el pasado 22 de febrero, un año y un mes después del fallido desalojo, que la Corte Constitucional le ordenó al Distrito que reubicara a las familias desalojadas. Pero resulta que hoy en estos predios ya no reside la misma cantidad inicial de familias. A octubre de 2012 eran 322, según la Secretaría de Habitat, y hoy, son más de 600, según organizaciones sociales de la zona.

Pero ¿cómo hicieron las 400 familias nuevas en el predio para entrar, si de acuerdo con la orden inicial de la Corte, la de enero de 2012, debía haber un operativo policial constante para evitar que entraran al predio material de construcción?

Lo que cuentan los voceros de la Corporación Genecca, un grupo de jóvenes generadores de cultura y comunicación audiovisual que ha dearrollado trabajo social en la zona, es que durante los trece meses que han pasado la banda de "tierreros" que estafó inicialmente a las 180 familias, ha seguido haciéndolo con más personas. Según Genecca, se ha dado en dos modalidades.

"Mire que la Corte no los va a sacar. No vio que ya tumbaron el desalojo, aquí estamos construyendo un barrio", son las promesas que le hacen a algunos incautos que llegan a buscar un terreno para construcción por $10 o $13 millones.

A otros, los llevan pagos para llenar los pequeños espacios que quedan en el predio y evitar que se formalice el Plan de Ordenamiento Territorial de 2004, que dice que el parque zonal Hacienda Los Molinos constituye un potencial ambiental para la recuperación de la estructura ecológica de Bogotá, pues posibilita la conectividad ecológica entre el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y el río Tunjuelo, lo que permitiría el flujo de flora y fauna nativas.

En su momento, Jeimy Patiño denunció que las mismas personas que los habían amenazado y que los presionaban habían continuado con la venta y según pudo establecer este diario en noviembre de 2012, harían parte de un grupo de cerca de doce personas que, mediante la intimidación, estarían moldeando, defendiendo y lucrándose de la formación de esta urbanización pirata.

El 5 de marzo de 2013, el concejal de Cambio Radical Julio Cesar Acosta fue a visitar el predio. Allí pronunció un discurso en la sede de la junta de vecinos, la casa de Jeimy Patiño. Micrófono en mano, denunció la "negligencia del Distrito", pues ya se había pasado el plazo de cinco días hábiles que tenía para hacer el censo de las familias y reubicarlas. Exigió los derechos de todos los que estaban en el predio que se reclama como privado por la Ladrillera Los Molinos y marcó la gravedad de la situación humanitaria.

Hace dos semanas, el Distrito le pidió a la Corte que aclarara un aspecto fundamental de su providencia: cómo debía proceder con el censo. Es decir, a quiénes había que preguntarle sus datos ¿a todas las familias que están hoy, o a las 180 que había en el momento del desalojo? La Corte todavía no se ha pronunciado.

Desde hace dos meses, Jeimy Patiño no responde llamadas de este diario, ni se ha pronunciado públicamente.Sin su versión, se hace difícil establecer si la junta accedió o no a ampliar el censo de beneficiarios, y de haberlo hecho, bajo qué circunstancias o presiones.

En el barrio saben que son esclavos de una decisión que, con cara o sello, terminará beneficiando a los urbanizadores piratas. Si el censo inicial se respetara, se resolvería la situación de los primeros estafados. Pero quedaría en firme el desalojo que fue pedido por el propietario del predio quien planea venderlo al Distrito para su recuperación ecológica, esta vez, sobre las casi 400 familias que llegaron después. Los nuevos compradores de buena fe se irían sin techo y habiéndole dejado sus ahorros a una banda de urbanizadores.

Si, por el contrario, la decisión de reubicación se aplicara sobre las 600 familias, todas las familias tendrían un techo proveído por el Distrito, los reclamos de los cabildantes habrán tenido buen eco y el dinero de las transacciones ilegales quedará en los bolsillos de los "tierreros".