Con Petro destituido, ¿qué va a pasar con la alcaldía de Bogotá?
De interpretaciones jurídicas depende que Bogotá vaya a nuevas elecciones o que el presidente Santos escoja al nuevo alcalde encargado.
El Espectador
Mientras el alcalde Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación, llama a la solidaridad ciudadana frente a la decisión disciplinaria con que acaba de ser sancionado, ya empiezan a tejerse los cálculos alrededor de qué va a pasar con las riendas del Palacio Liévano.
Así la defensa jurídica del alcalde tenga la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante la Procuraduría, nadie en el mundo político apuesta por un cambio de decisión del Ministerio Público. La destitución e inhabilidad de Gustavo Petro quedaría en firme en enero, cuando el procurador Alejandro Ordóñez, la segunda instancia del proceso contra el alcalde por las irregularidades en la implementación del nuevo modelo de basuras, ratifique lo que anunció hoy en rueda de prensa.
En ese momento, ya la ciudad tendrá claro cómo se va a elegir a la persona que ocupará la cabeza del gobierno distrital. Hoy hay dos escenarios posibles: que se convoque a elecciones para un periodo inferior a 20 meses (hasta diciembre de 2015) o que el presidente Santos designe a un alcalde encargado de una terna para lo que queda del mandato.
Petro va a segunda instancia
Mario Iguarán, abogado de Petro frente a la investigación que le sigue la Fiscalía también por el asunto de las basuras, aseguró que la decisión de la Procuraduría sería apelada. Como el alcalde tiene diez días para notificarse y 30 para presentar el recurso de reposición, la decisión de segunda instancia del ministerio público se daría hasta 2014. En ese caso, el gobierno distrital se la jugaría jurídicamente por una reinterpretación de la sentencia de la Corte Constitucional y pediría que se elija un alcalde por terna.Mientras tanto, el alcalde tiene que decidir si da la pelea jurídica en funciones o separado del cargo. Si lo hace fuera del Palacio Liévano, habría un alcalde encargado que tendría que escoger el presidente de la República hasta que se conozca el fallo en segunda instancia y la Corte, por petición de Progresistas, emita su concepto sobre los 18 o los 24 meses necesarios para convocar a elecciones. El encargado, se presume, sería el secretario de Gobierno Guillermo Jaramillo.
¿Dos años o año y medio?
Cuando el mandato de los alcaldes duraba tres años, la Corte Constitucional dictaminó que si un alcalde era destituido, revocado o se ausentaba permanente de su puesto 18 meses antes de que culminara su periodo, la Registraduría estaba en la obligación de convocar a elecciones atípicas. Ahora, como el periodo dura cuatro años, los abogados de la Alcaldía se preguntan si el límite de tiempo sigue siendo el mismo o si, con el cambio en la duración del período, también se extendió de 18 a 24 meses el plazo estipulado.Esa discusión no es de poca monta pues, si la ratificación del fallo se da en enero quedarían menos de 24 meses para la culminación del periodo para el que fue elegido el alcalde Petro. Si se mantienen los 18 meses, una vez quede en firme el fallo de Procuraduría habrá fecha para elecciones. En cambio, si la interpretación del pronunciamiento de la Corte se cambia, el presidente Santos tendrá que elegir entre una terna presentada por el movimiento por el cual fue elegido el burgomaestre. Pero ahí surge otro dilema.
¿Progresistas o la Alianza Verde?
Si Santos tuviera que elegir entre una terna presentada por el movimiento del alcalde, la gran pregunta que se hacen hoy en el Palacio Liévano es si la terna será presentada por el movimiento Progresistas, que fue construido por el alcalde para su postulación a la Alcaldía en 2011; o si, por el contrario, la terna debe ser presentada por el partido político al cual se integró Progresistas en octubre pasado: el Partido Verde.Si fuera por Progresistas, la situación sería paradójica porque quienes llevaron los libros con las cerca de 120 mil firmas ciudadanas para la inscripción de Petro como candidato son personas que hoy no se declaran tan cercanas a su gobierno, como el caricaturista Vladdo. En cambio, si fuera por el partido Verde, dicen los Progresistas, se corre el riesgo de que quienes sean presentados no sean de la entraña de su movimiento y que, en una jugada de billarista, el poder distrital termine en manos de figuras que hoy se han declarado en oposición a Petro, como el exalcalde Enrique Peñalosa.
Mientras el alcalde Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación, llama a la solidaridad ciudadana frente a la decisión disciplinaria con que acaba de ser sancionado, ya empiezan a tejerse los cálculos alrededor de qué va a pasar con las riendas del Palacio Liévano.
Así la defensa jurídica del alcalde tenga la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante la Procuraduría, nadie en el mundo político apuesta por un cambio de decisión del Ministerio Público. La destitución e inhabilidad de Gustavo Petro quedaría en firme en enero, cuando el procurador Alejandro Ordóñez, la segunda instancia del proceso contra el alcalde por las irregularidades en la implementación del nuevo modelo de basuras, ratifique lo que anunció hoy en rueda de prensa.
En ese momento, ya la ciudad tendrá claro cómo se va a elegir a la persona que ocupará la cabeza del gobierno distrital. Hoy hay dos escenarios posibles: que se convoque a elecciones para un periodo inferior a 20 meses (hasta diciembre de 2015) o que el presidente Santos designe a un alcalde encargado de una terna para lo que queda del mandato.
Petro va a segunda instancia
Mario Iguarán, abogado de Petro frente a la investigación que le sigue la Fiscalía también por el asunto de las basuras, aseguró que la decisión de la Procuraduría sería apelada. Como el alcalde tiene diez días para notificarse y 30 para presentar el recurso de reposición, la decisión de segunda instancia del ministerio público se daría hasta 2014. En ese caso, el gobierno distrital se la jugaría jurídicamente por una reinterpretación de la sentencia de la Corte Constitucional y pediría que se elija un alcalde por terna.Mientras tanto, el alcalde tiene que decidir si da la pelea jurídica en funciones o separado del cargo. Si lo hace fuera del Palacio Liévano, habría un alcalde encargado que tendría que escoger el presidente de la República hasta que se conozca el fallo en segunda instancia y la Corte, por petición de Progresistas, emita su concepto sobre los 18 o los 24 meses necesarios para convocar a elecciones. El encargado, se presume, sería el secretario de Gobierno Guillermo Jaramillo.
¿Dos años o año y medio?
Cuando el mandato de los alcaldes duraba tres años, la Corte Constitucional dictaminó que si un alcalde era destituido, revocado o se ausentaba permanente de su puesto 18 meses antes de que culminara su periodo, la Registraduría estaba en la obligación de convocar a elecciones atípicas. Ahora, como el periodo dura cuatro años, los abogados de la Alcaldía se preguntan si el límite de tiempo sigue siendo el mismo o si, con el cambio en la duración del período, también se extendió de 18 a 24 meses el plazo estipulado.Esa discusión no es de poca monta pues, si la ratificación del fallo se da en enero quedarían menos de 24 meses para la culminación del periodo para el que fue elegido el alcalde Petro. Si se mantienen los 18 meses, una vez quede en firme el fallo de Procuraduría habrá fecha para elecciones. En cambio, si la interpretación del pronunciamiento de la Corte se cambia, el presidente Santos tendrá que elegir entre una terna presentada por el movimiento por el cual fue elegido el burgomaestre. Pero ahí surge otro dilema.
¿Progresistas o la Alianza Verde?
Si Santos tuviera que elegir entre una terna presentada por el movimiento del alcalde, la gran pregunta que se hacen hoy en el Palacio Liévano es si la terna será presentada por el movimiento Progresistas, que fue construido por el alcalde para su postulación a la Alcaldía en 2011; o si, por el contrario, la terna debe ser presentada por el partido político al cual se integró Progresistas en octubre pasado: el Partido Verde.Si fuera por Progresistas, la situación sería paradójica porque quienes llevaron los libros con las cerca de 120 mil firmas ciudadanas para la inscripción de Petro como candidato son personas que hoy no se declaran tan cercanas a su gobierno, como el caricaturista Vladdo. En cambio, si fuera por el partido Verde, dicen los Progresistas, se corre el riesgo de que quienes sean presentados no sean de la entraña de su movimiento y que, en una jugada de billarista, el poder distrital termine en manos de figuras que hoy se han declarado en oposición a Petro, como el exalcalde Enrique Peñalosa.