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Desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se tomó la decisión de notificar inconsistencias en la acción popular presentada por la concejal de Bogotá Lucía Bastidas, con la cual buscaba evitar cambios en el Metro de Bogotá, porque “presenta vacíos que deberán ser subsanados por la accionante, so pena de rechazo de la demanda”.
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Así se lee en el oficio emitido desde el órgano administrativo y firmado por el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, quien le dio un plazo de tres días a la representante del partido Alianza Verde para que corrija los errores.
“La parte demandante omitió demostrar haber enviado de manera simultánea, a la presentación del presente medio de control, copia de la demanda y de los anexos a las autoridades accionadas, y tampoco justificó no conocer la dirección donde esta recibe notificaciones, o presentó medidas cautelares, situación que está contemplada como causal de inadmisión en medio de los requerimientos actuales frente al uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones”, se lee en la respuesta.
Recordemos que se trata de una acción popular contra la modificación del contrato del Metro de Bogotá, acción que surge en medio de los enfrentamientos entre las posturas de la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, quien sigue insistiendo en que un tramo vaya de manera subterránea a pesar de que en el contrato que entró en vigencia se planteó su construcción elevada.
Tal como se lee en el recurso judicial que presentó la concejal, “existe una vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y, la defensa del patrimonio público”.
De acuerdo con Bastidas “se estaría contemplando la posibilidad de soterrar un tramo de 9,6 kilómetros o más de la primera línea del Metro de Bogotá, el cual lleva actualmente el 18 % de su construcción” Sumado a que implicaría ajustes en los diseños y retrasos en los avances de este megaproyecto de movilidad, que costaría hasta $17 billones más de lo estipulado si se hacen las modificaciones pedidas por el actual presidente.
Dicho esto, la concejal tendrá que seguir las indicaciones del tribunal y acatar los ajustes sugeridos si quiere que le reciban con éxito la acción popular. Aún no se ha pronunciado al respecto, pero juristas afirman que lo más probable es que, en efecto, haga las modificaciones y vuelva a presentar el recurso.
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