Concejo busca resolver el asunto espinoso de las aplicaciones de movilidad

Durante los recientes episodios de bloqueos y manifestaciones de los conductores por aplicación, hay una consigna que se repite en la boca de todos los que trabajan por este medio: no a la aplicación del comparando D12. Esta norma de tránsito, que sanciona a los conductores que prestan un servicio de transporte y no cuentan con la autorización para hacerlo, ha generado molestas y, hasta roces, entre la fuerza pública y los conductores.

Durante los recientes episodios de bloqueos y manifestaciones de los conductores por aplicación, hay una consigna que se repite en la boca de todos los que trabajan por este medio: no a la aplicación del comparando D12. Esta norma de tránsito, que sanciona a los conductores que prestan un servicio de transporte y no cuentan con la autorización para hacerlo, ha generado molestas y, hasta roces, entre la fuerza pública y los conductores.

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Parte del problema reside, de acuerdo con expertos y representantes de este gremio, en la ausencia de una normativa clara que regule esta actividad. Hoy todas las aplicaciones que prestan servicio de transporte son, en teoría, legales. No obstante, el tema que no ha sido resuelto, y la ley sigue prohibiendo, es que vehículos particulares presten servicios de transporte. Es decir, la regulación continúa a medias. Las aplicaciones pueden funcionar, pero no los viajes en vehículos particulares.

Dicha fricción se materializa y aglutina todos los días en los cerca de 12.000 comparendos D12, anuales, que se interponen en Bogotá. Esta multa, según el Código Nacional de Tránsito, se le impone a un actor vial por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. En este caso, para las motos que a través de plataformas como Picap y Didi, el D12 se impone por utilizar el vehículo como un medio de transporte público no autorizado.

Pero el meollo de la norma, además de tocar un tema sin resolver como lo es el transporte por aplicación, ha sido la forma en la cual ha sido aplicada. Al menos en Bogotá. En repetidas oportunidades, sobre todo los motociclistas que utilizan estas plataformas, han adelantado manifestaciones y planes tortuga en los últimos meses, alegando extralimitaciones por parte de los agentes de tránsito a la hora de aplicar el comparendo. Diego González, líder del colectivo de motos con más miembros activos, “picaminosos”, denuncia que las personas adscritas a su grupo han sido víctimas de procedimientos irregulares. “Nos piden el celular, efectúan interrogatorios, y nos agreden e inmovilizan los vehículos, lo cual excede claramente sus competencias”.

Cuando se impone este comparendo, el conductor debe pagar una multa de $1.300.000 y su vehículo le será inmovilizado por cinco días, en caso de que sea la primera vez que haya cometido la falta; y hasta por 40 días si es reincidente. “Nosotros lo que hacemos es defender la herramienta de trabajo con la que nuestros compañeros consiguen el sustento de sus familias, frente a lo que nos parece una arbitrariedad”, comentó a su turno González.

La iniciativa del Concejo

Por todo lo anterior, el concejal de la oposición, Juan Daniel Oviedo, formuló un proyecto de acuerdo que acaba de ser aprobado en primer debate. La iniciativa busca estructurar un protocolo para aplicar este comparendo: “Mejorar la coordinación entre las autoridades administrativas y las de policía; Mayor pedagogía y sensibilización sobre el procedimiento de sanción de la infracción D12; y más diálogo entre las autoridades de tránsito, colectivos de usuarios, conductores de plataformas digitales y entidades del distrito”, reza el compilado de objetivos del proyecto.

Sin embargo, la parte espinosa de la propuesta, que se discutirá en plenaria durante los próximos, radica en un apartado que busca “garantizar el derecho a la movilidad y la libre elección de los usuarios de plataformas digitales de movilidad”.

Dicho esto, sin saber como una norma de índole distrital pudiera, hasta cierto punto, contradecir lo estipulado en el código nacional (a falta de una ley nacional que resuelva el vacío legal antes descrito), ya hubo una circular diciente y alusiva al tema, que emitió la Superintendencia de Transporte, justo un día después de que el proyecto fuera aprobado en primer debate.

En la misma, la entidad cuestiona el hecho de que no sea posible sancionar a un conductor por plataformas, que incumpla norma, muy a pesar de su naturaleza de particular. “En todo caso, siguiendo el contrargumento que pretende afirmar el vehículo particular como ajeno a la regulación del transporte, es necesario concluir que el mismo sigue siendo producto del desconocimiento de la regulación, pues es absolutamente evidente que los vehículos particulares no escapan o no son ajenos al régimen jurídico del transporte”.

Sin embargo, durante la ponencia del proyecto, Juan Daniel Oviedo insistió en que la corporación es competente para aprobar el proyecto y pasarlo a sanción del alcalde. Lo anterior, por cuanto el artículo 1 declara competente al cabildo para “promover buenas prácticas en la aplicación de comparendos por la infracción D12 (artículo 131 de la ley 759 de 2002) por parte de las autoridades de tránsito y agentes de movilidad”. Por consiguiente, el concejal aseguró que la norma es exclusiva del marco de competencia del Distrito.

En vista de todo lo anterior, la expectativa entre los representantes de las asociaciones de conductores por aplicación, conductores, y hasta taxistas, están a la expectativa de la forma en la cual el proyecto, en caso de ser aprobado, pasará a manos del alcalde. Entre los conductores y empresas que resultarían favorecidos, no esperan que le proyecto per se pueda legalizar el trabajo y elimine los requerimientos de las autoridades. “Pensamos en que habrá un mejor control respecto a los procedimientos policiales y dejaremos de ser perseguidos como delincuentes”, cuenta Nelson Gutiérrez, motero y conductor de aplicación por motocicleta. No obstante, también hay escepticismo entre los conductores, ya que no ven claro la forma en la cual, los agentes de tránsito, puedan ser auditados o monitoreados para corroborar si aplican o no el protocolo que dictamine el proyecto.

Más allá de las expectativas, todos los actores consultados coinciden en que este tipo de iniciativas, son positivas por cuanto la ciudad toma conciencia de sus problemas e intenta resolverlos como tal. La discusión, además, es clave en medio del debate sobre la autonomía de la ciudad que tantas fricciones ha causado entre la Alcaldía y la Nación. El desenlace de este proyecto, por más micro que sea, contribuirá, sin duda, a la discusión.

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