Concejo de Bogotá entrega a la CIDH informe sobre vulneraciones durante el paro

La alcaldesa Claudia López se reunió el jueves 10 de junio con Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para entregar un informe que explica las principales afectaciones que ha tenido la capital desde que se inició el Paro Nacional. Ante esto, este miércoles, el comité de derechos humanos del Concejo de Bogotá también hizo entrega a la CIDH de un documento que reúne las denuncias de diversas organizaciones y expone algunas vulneraciones presuntamente ocasionadas por agentes del Estado “no reportadas a profundidad por la Alcaldía” en el informe que entregó a esa entidad.

El comunicado publicado por el Concejo denuncia que el documento que elaboró la Alcaldía “se queda corto en dar cuenta la grave situación que se presentó en la ciudad”, pues al no hacer la diferenciación de las afectaciones a la ciudadanía, a la fuerza pública y a la infraestructura se “enmascara la gravedad del abuso policial en su responsabilidad diferenciada”.

Lea: Distrito pide a la Policía facilitar la investigación de muertes en las protestas.

Por esto, el informe que presentaron los concejales Ana Teresa Bernal (Colombia Humana – Up), Susana Muhamad (Colombia Humana – Up), Heidy Sánchez (Colombia Humana – Up), Carlos Carrillo (Polo Democrático), Diego Cancino (Partido Verde) y Luis Carlos Leal (Partido Verde) se centran en el 15% de manifestaciones en donde la institucionalidad no pudo contener el conflicto y la intervención de la fuerza pública.

Este documento indica que el informe que entregó la Administración Distrital registra, hasta el 8 de junio, 435 personas atendidas en Centros Hospitalarios bajo la categoría “consolidado de lesionados durante las manifestaciones”. Sin embargo, entre el 28 de abril y el 28 de mayo, la comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta 1.425 heridos solo en el punto de Portal Américas. Este subregistro se debe a que la Alcaldía solo contabilizó los casos que llegaron a centros hospitalarios, excluyendo a las personas que fueron atendidos por la Defensa Civil o en puntos voluntarios de primeros auxilios.

Otra de las cifras que el Concejo busca comparar es la del seguimiento a lesiones y traumas oculares. Organizaciones defensoras de derechos humanos registraron durante el miércoles 26 de mayo 80 heridos en la localidad de Usme y 139 en todo Bogotá. En el documento que entregó Claudia López solo se reportan 29 heridos, entre ellos cinco policías y 24 civiles.

Le puede interesar: Fiscalía inicia investigación por muerte de Jaime Fandiño en manifestaciones en Usme, Bogotá.

El documento también denuncia que la Alcaldía “hace mención a las cifras de las organizaciones de derechos humanos de forma descontextualizada y parcial”, por lo que el Concejo invita a que se genere un trabajo conjunto, con el objetivo de determinar las situaciones en su totalidad y responder con la escala adecuada.

Referente a esto, el ente de control denuncia que en el informe presentado por la Administración Distrital no se habla de temas como las violencias basadas en género, los heridos con armas de fuego, la agresión a defensores de derechos humanos, el abuso de poder por parte de la fuerza pública a habitantes de conjuntos residenciales y allanamientos, entre otros.

La preocupación radica en que mientras la Alcaldía no habla de estos temas, hasta el 14 de mayo, la Campaña Defender la Libertad reportaba en Bogotá: 9 heridos con arma de fuego, 10 violencias basadas en género, 37 defensores y defensoras de derechos humanos agredidos, 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales.

Además de las ya mencionados, el documento finaliza resaltando tres vulneraciones comunes en las jornadas de protesta, las cuales no se mencionan en el informe que presentó la alcaldesa Claudia López: presuntas detenciones arbitrarias y abusos en el uso de la fuerza, siendo Kennedy, Usaquén, Usme, Bosa, Chapinero, Suba y Rafael Uribe Uribe las localidades con más registros. A esto se suma las afectaciones a residencias y conjuntos residenciales, así como el uso de infraestructura de Transporte Público como centro de operaciones de la Policía.

Lea también: Enfrentamientos y disturbios: otra noche de violencia en Suba, Bogotá.

Así las cosas, el comité de derechos humanos del Concejo de Bogotá formuló seis recomendaciones para promover un trato integral de las manifestaciones y de los altercados que se derivan de la protesta. Se invita a que la Alcaldía fortalezca las redes ciudadanas de defensa de derechos humanos, con el fin de verificar las diferentes fuentes de información y generar un diagnóstico real. También se hace un llamado para que desde el Distrito se reconozca y no se justifique el uso desproporcionado y sistemático de la fuerza de la Policía. “Lo contrario podría significar una condena al Estado colombiano por las faltas graves que presuntamente se han cometido al utilizar desproporcionadamente la fuerza y las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos de Bogotá por parte de policías” concluye el informe.

La alcaldesa Claudia López se reunió el jueves 10 de junio con Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para entregar un informe que explica las principales afectaciones que ha tenido la capital desde que se inició el Paro Nacional. Ante esto, este miércoles, el comité de derechos humanos del Concejo de Bogotá también hizo entrega a la CIDH de un documento que reúne las denuncias de diversas organizaciones y expone algunas vulneraciones presuntamente ocasionadas por agentes del Estado “no reportadas a profundidad por la Alcaldía” en el informe que entregó a esa entidad.

El comunicado publicado por el Concejo denuncia que el documento que elaboró la Alcaldía “se queda corto en dar cuenta la grave situación que se presentó en la ciudad”, pues al no hacer la diferenciación de las afectaciones a la ciudadanía, a la fuerza pública y a la infraestructura se “enmascara la gravedad del abuso policial en su responsabilidad diferenciada”.

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Por esto, el informe que presentaron los concejales Ana Teresa Bernal (Colombia Humana – Up), Susana Muhamad (Colombia Humana – Up), Heidy Sánchez (Colombia Humana – Up), Carlos Carrillo (Polo Democrático), Diego Cancino (Partido Verde) y Luis Carlos Leal (Partido Verde) se centran en el 15% de manifestaciones en donde la institucionalidad no pudo contener el conflicto y la intervención de la fuerza pública.

Este documento indica que el informe que entregó la Administración Distrital registra, hasta el 8 de junio, 435 personas atendidas en Centros Hospitalarios bajo la categoría “consolidado de lesionados durante las manifestaciones”. Sin embargo, entre el 28 de abril y el 28 de mayo, la comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta 1.425 heridos solo en el punto de Portal Américas. Este subregistro se debe a que la Alcaldía solo contabilizó los casos que llegaron a centros hospitalarios, excluyendo a las personas que fueron atendidos por la Defensa Civil o en puntos voluntarios de primeros auxilios.

Otra de las cifras que el Concejo busca comparar es la del seguimiento a lesiones y traumas oculares. Organizaciones defensoras de derechos humanos registraron durante el miércoles 26 de mayo 80 heridos en la localidad de Usme y 139 en todo Bogotá. En el documento que entregó Claudia López solo se reportan 29 heridos, entre ellos cinco policías y 24 civiles.

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El documento también denuncia que la Alcaldía “hace mención a las cifras de las organizaciones de derechos humanos de forma descontextualizada y parcial”, por lo que el Concejo invita a que se genere un trabajo conjunto, con el objetivo de determinar las situaciones en su totalidad y responder con la escala adecuada.

Referente a esto, el ente de control denuncia que en el informe presentado por la Administración Distrital no se habla de temas como las violencias basadas en género, los heridos con armas de fuego, la agresión a defensores de derechos humanos, el abuso de poder por parte de la fuerza pública a habitantes de conjuntos residenciales y allanamientos, entre otros.

La preocupación radica en que mientras la Alcaldía no habla de estos temas, hasta el 14 de mayo, la Campaña Defender la Libertad reportaba en Bogotá: 9 heridos con arma de fuego, 10 violencias basadas en género, 37 defensores y defensoras de derechos humanos agredidos, 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales.

Además de las ya mencionados, el documento finaliza resaltando tres vulneraciones comunes en las jornadas de protesta, las cuales no se mencionan en el informe que presentó la alcaldesa Claudia López: presuntas detenciones arbitrarias y abusos en el uso de la fuerza, siendo Kennedy, Usaquén, Usme, Bosa, Chapinero, Suba y Rafael Uribe Uribe las localidades con más registros. A esto se suma las afectaciones a residencias y conjuntos residenciales, así como el uso de infraestructura de Transporte Público como centro de operaciones de la Policía.

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Así las cosas, el comité de derechos humanos del Concejo de Bogotá formuló seis recomendaciones para promover un trato integral de las manifestaciones y de los altercados que se derivan de la protesta. Se invita a que la Alcaldía fortalezca las redes ciudadanas de defensa de derechos humanos, con el fin de verificar las diferentes fuentes de información y generar un diagnóstico real. También se hace un llamado para que desde el Distrito se reconozca y no se justifique el uso desproporcionado y sistemático de la fuerza de la Policía. “Lo contrario podría significar una condena al Estado colombiano por las faltas graves que presuntamente se han cometido al utilizar desproporcionadamente la fuerza y las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos de Bogotá por parte de policías” concluye el informe.