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Bogotá hoy está bajo el régimen del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2003 y las reacciones frente a la decisión judicial de suspender al POT expedido por Decreto, no se hicieron esperar, en especial, en el Concejo de Bogotá, que se convierte en el centro del debate.
La suspensión tiene origen en el trámite que surtió el proyecto en el cabildo distrital. Según la ley, cuando se radica un proyecto como el POT ante el Concejo, los cabildantes tienen 90 días calendario para discutirlo y pronunciarse. Si vencido el término, no hay una decisión, el alcalde puede expedirlo por decreto.
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En el caso del proyecto que radicó Claudia López, sobre el papel, así ocurrió. Ella lo radicó el 10 de septiembre de 2021 y para el 8 de diciembre la corporación no había tomado una decisión. Así lo ha sostenido la administración desde que se conoció la admisión de la demanda y se mantiene firme.
No obstante, según el demandante Miguel Uribe (exconcejal, exsecretario de gobierno de la administración de Enrique Peñalosa, excandidato a la alcaldía de Bogotá y hoy senador electo), la administración cometió un error: no descontó los 48 días (15 en septiembre, 5 en octubre, 21 en noviembre y 7 en diciembre) que estuvo suspendida la discusión por cuenta de los 92 impedimentos, las 66 recusaciones y un desistimiento que se tuvieron que resolver. Es decir, realmente el proyecto solo se discutió 42 días, por lo cual, la alcaldesa aún no tenía competencia para expedir el POT Decreto.
Aunque la administración asegura que ese planteamiento está mal hecho, en primera instancia un juez avaló la tesis del demandante, al considerar que la suspensión de términos garantiza, no solo que quienes participen en la discusión estén libres de toda sospecha de parcialidad, sino porque el no reconocerlo sería marginar a los concejales de una discusión clave para la ciudad.
Con esta decisión, quedan en suspenso las inversiones del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) que estuvieran atadas a las reglas dictadas en el POT aprobado por decreto. Además, también quedan en limbo determinaciones como el delimitamiento de los Cerros Orientales y el endurecimiento de los humedales.
Por su parte, las nuevas reglas de juego para la presentación de nuevos proyectos de vivienda ante el Distrito, que ya se encontraba en suspenso, entra ahora en nueva incertidumbre jurídica. En ese sentido, en zonas que se habían excluido en decreto 555 de 2021, ahora se podrán presentar de nuevo proyectos inmobiliarios.
Ante el panorama, algunos concejales expresaron su opinión, la mayoría, en el sentido de que la alcaldesa sabía el riesgo y no escuchó al Concejo, ni a los ciudadanos, cuando le pidieron que no aprobara el POT por decreto y se diera la oportunidad de presentarlo de nuevo a discusión en el cabildo.
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“Fue terca la alcaldesa”: Lucía Bastidas (Alianza Verde)
El POT tuvo errores de forma y de fondo. Se le advirtió a la alcaldesa que no lo sacara de afán, que escuchara a los concejales, a la comunidad, a los diferentes gremios y sectores, pero fue terca la alcaldesa. Este es un tema de forma. Hay temas de participación, pero también hay temas de fondo, que lo llevarán a mal término, porque un POT de afán que expulsa a los bogotanos a vivir a las afueras, que no contempla aspectos sustanciales de fuentes de financiación para las cargas urbanísticas, que cambió lo concertado con la CAR. Entonces es un POT que definitivamente no tiene por donde salir bien.
¿A quién le sirve paralizar la ciudad?: Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo)
Lo primero es que es una decisión lamentable. Hay que recordarle al demandante que precisamente fueron la cantidad de recusaciones e impedimentos, que de manera muy sospechosa fueron llegando uno tras otro, los que impidieron que se discutiera el POT en el Concejo. No se discutió un solo artículo por eso. Me llama la atención que el senador Miguel Uribe ponga una demanda ahora por un asunto de forma, cuando eso es lo que hace es paralizar a la ciudad.
¿A quién le sirve que Bogotá siga con un plan de hace tantos años, antiguo, que paraliza a la ciudad y la tiene en el desorden que lo tiene? La alcaldesa anunció que los temas polémicos los iba a concentrar con los sectores que tenían reparos, como los constructores y la gradualidad de las cargas urbanísticas, o los vecinos con las áreas de renovación urbana. Le pregunto a Miguel Uribe si paralizando la ciudad, cree que le está haciendo un bien. Sus electores deberían fijarse en eso.
“Una oportunidad para empezar de cero?: Diego Cancino (Alianza Verde)
Jurídicamente es válida la suspensión del POT. Y esperemos que esta suspensión, y de revocarse, tendríamos que empezar de cero la construcción del POT. Eso podría ser una oportunidad enorme de tener una visión compartida de esta ciudad. Para repensar y recrear colectivamente nuestro territorio. El orden y la forma de habitarlo, reconociendo los diversos intereses, reconociendo también las diferentes emociones alrededor de este POT. Y reconociendo las voces de las razones de muchos académicos y expertos y expertas.
Tenemos que asumir este hecho como una oportunidad para construir colectivamente esta ciudad y el ordenamiento de esta ciudad y de esta manera intensificar la confianza. De alguna manera, la justicia nos da la razón frente a la carta que le enviamos a la alcaldesa, de que no decretara el POT, que no fuera una medida autoritaria, que no pasara por encima de las necesidades y angustias de la ciudadanía, ni por encima de un mandato del concejo. En este momento podemos profundizar la democracia, construir la visión compartida y recomponer la confianza.
“Una interpretación errónea del juez”: María Fernanda Rojas (Alianza Verde)
El perdedor de las elecciones anteriores, Miguel Uribe, obstruyó el POT decretado por la alcaldesa Claudia López y con esto logra que quede vigente el POT de Peñalosa, que le encanta, que no tiene toda la visión de protección ambiental y de equidad que deben tener hoy las ciudades modernas. En segundo lugar, el juez no objeta absolutamente nada del contenido del POT de la alcaldesa. Lo que hace es una interpretación, a mi juicio, errónea de los términos, de las recusaciones. Los 90 días son perentorios, como ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo. Imagínese ustedes es si llegará una recusación tras otra, y se impidiera aprobar el plan de desarrollo se pararía el país. Eso es lo que intentan hacer, que se paralice Bogotá.
“La alcaldesa lo decretó a las malas”: Carlos Carrillo (Polo Democrático)
La decisión del juez de suspender temporalmente el POT decretado a las malas por Claudia López es, en mi opinión, la primera de varias. La arrogancia de López la llevó a decretar un POT pésimo en su fondo, pero además incompleto e inconsulto. Tan mal está el decreto que hoy en la reglamentación de las actuaciones estratégicas, esos 25 “Caguanes”, en donde el POT creó zonas de distensión de la norma urbana, lo que vemos es una repartida a puerta cerrada con los grandes constructores. López debería completar su POT, corregirlo, conciliarlo con los bogotanos y traerlo de nuevo al Concejo.
“Bogotá, sin reglas de juego claras”: Diego Laserna (Alianza Verde)
La suspensión del POT es una pésima noticia para Bogotá porque, una vez más, quedan en el limbo las reglas que definen el desarrollo de la ciudad. Los perjudicados serán por igual los ciudadanos, los constructores y las autoridades, sin que nadie, nadie, salga beneficiado. El año pasado, a pesar del saboteo y los obstáculos que sufrió la discusión del POT en el Concejo, varios concejales le pedimos a la alcaldesa que no lo fuera a decretar porque, inevitablemente, iba a terminar en lo que está sucediendo ahora: que una demanda dejará, una vez más, a Bogotá sin unas reglas claras de cómo se va a desarrollar por los siguientes 12 años. La historia del POT es la historia de por qué esta ciudad no sale adelante. La incapacidad de tomar una decisión colectiva que, aunque imperfecta, es mejor que la indecisión perpetua.
“Un absoluto saboteo politiquero”: Julián Sastoque (Alianza Verde)
Reconozco la independencia de la Rama Judicial y respeto la decisión del juez, pero no la puedo compartir. Dos cosas sobre la decisión: lo primero es que hay que recordar que hubo un absoluto saboteo politiquero al Concejo y hay un claro abuso del derecho, y eso lo tiene que considerar el juez. Es inaceptable que intenten paralizar la corporación y frenar las decisiones importantes para Bogotá; no pueden llover recusaciones, y los concejales no se pueden quedar sin debatir. Y lo segundo es vergonzoso que intereses politiqueros y económicos, en cabeza del senador Miguel Uribe, uribista, del Centro Democrático, que perdió las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, que fue secretario de Enrique Peñalosa, hoy se ponga por encima del futuro de Bogotá. Lo que quiere hacer el señor Miguel Uribe es dejar el modelo de ciudad de hace 20 años de Enrique Peñalosa, que destruye la ciudad y es obsoleto; que permite negociazos con el suelo de la ciudad. Es lo que defiende esa decisión del señor uribista, que ni hace ni deja hacer. Perdieron en las urnas y siguen perdiendo y los vamos a sacar del gobierno nacional. Inaceptable.
Las otras tutelas y la demanda
La aprobación del POT por decreto fue recibida con gran descontento, tanto que surgieron una serie de acciones judiciales en contra. En ese sentido, se radicaron en total siete tutelas contra el decreto, pero de todas salió avante el Distrito. Estas decisiones no muestran, sin embargo, la solidez jurídica del POT sino la falta de procedencia de la tutela antes los actos administrativos.
En ese sentido, la Corte Constitucional señala que “la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni ha legalidad de los actos administrativos, en razón a que este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”
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En ese sentido, Miguel Uribe indico la solidez de su demanda debido, relacionado la ley 388 de 1997 y la ley 810, que señala la obligación de las entidades estatales de posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común. Por el momento, con la apelación de la Alcaldía a la decisión será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidirá si levantar o mantener la suspensión del POT. Esta determinación, según expertos podría tomar meses.
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