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La noticia de que una embotelladora internacional extraía agua de un manantial, a diestra a siniestra, mientras a los ciudadanos se les pedía ahorrar agua, generó toda una serie de controversias e indignación en Bogotá y sus alrededores. En tiempos de escasez, donde cada gota cuenta, resulta cuestionable el uso de un recurso vital para usos industriales.
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Todo comenzó cuando el portal informativo, Vorágine, publicó una investigación en la que señaló que la embotelladora Manantial —que pertenece a Coca - Cola— extrae diariamente 279.000 litros de agua provenientes de una cuenca ubicada en el municipio de La Calera. Dicha actividad, señaló el medio en cuestión, se realizaría de manera desproporcionada y sin ningún tipo de control.
Después de la publicación, surgieron los cuestionamientos de la ciudadanía sobre esta práctica y la CAR anunció una investigación sobre las condiciones de la polémica concesión mediante la cual, dicha empresa, extrae el preciado líquido. “En la norma es claro que el uso prioritario debe ser para el consumo humano y no para actividades industriales”, informó en su momento Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca.
Hoy, luego de las revisiones correspondientes, la entidad informó que, en efecto, la concesión sí existe y funciona en el municipio desde 1984. La CAR otorgó los permisos a la embotelladora 40 años atrás, con la condición de que la concesión debía renovarse cada 10 años, con base en las condiciones de disponibilidad del afluente explotado.
No obstante, en aquel entonces, la solicitud de la sociedad interesada y los requerimientos que la Corporación fijó en términos de capacidad máxima de captación y planes de manejo y compensación eran diferentes a las actuales circunstancias.
“Hace 4 décadas no teníamos las problemáticas de desabastecimiento y variabilidad climática que afrontamos en la actualidad”, aseguró el director general de la Corporación, al tiempo que reiteró que, para la entidad, la prioridad es el consumo humano. De igual forma, la CAR informó que actualmente hay una solicitud por parte de la embotelladora para renovar la licencia, por cuanto la misma vence en diciembre.
“La CAR se encuentra en proceso de evaluación para decidir si es técnica y jurídicamente viable otorgar la renovación de esta concesión” agregó Ballesteros. De esta forma, la entidad deberá realizar un estudio técnico para analizar las condiciones hidrológicas en la microcuenca abastecedora y de esta manera poder determinar si la oferta del recurso hídrico es suficiente para atender la demanda.
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Cuencas subterráneas, un tesoro menoscabado
La polémica concesión en La Calera es el segundo hecho mediante el cual, las aguas subterráneas de Bogotá y la sabana, volvieron al debate público. La primera vez fue a mediados de junio, cuando el director de la CAR anunció el comienzo de nuevos estudios para conocer, con exactitud, cuanta agua yace en las profundidades del departamento. No obstante, las primeras estimaciones apuntan a una reducción en la capacidad hídrica de los acuíferos, por lo cual la entidad parece reticente a conceder o renovar concesiones de explotación del recurso.
Hasta el momento, las autoridades tienen localizados 9.000 pozos de agua en el territorio nacional, una cifra que se quedaría corta respecto al número de excavaciones irregulares para extraer el agua de los acuíferos, según el experto. Para el caso de la Sabana de Bogotá, la mayoría del recurso hídrico explotado, bajo el umbral de lo legal, ha sido para fines industriales y floricultura. De tal manera, que para aprovechar este recurso, al menos para el consumo humano, que es la necesidad a satisfacer actualmente, todavía hace falta estudiar más el tema.
Asimismo, el fantasma de la ilegalidad podría estar mermando, e incluso contaminando, este preciado bien subterráneo. Durante un proceso de extracción que no cumple con los estándares requeridos, se puede incurrir en la contaminación del acuífero mediante la introducción de cuerpos ajenos a la bóveda subterránea. De igual forma, tal y como ocurre con cualquier frente de explotación ilegal sobre un recurso, los pozos piratas suelen extraer más agua de la que el acuífero es capaz de reponer, lo cual pone en riesgo su disponibilidad. Al no seguir los parámetros ambientales que se estipulan, por ejemplo, en una licencia ambiental, quienes se abastecen de este cristalino lecho de agua lo menoscaban sin ningún tipo de control.
Si bien, la CAR es una de las autoridades ambientales con más control sobre este tipo de recursos, en cuanto tiene la capacidad de emitir concesiones, ya existen señales de que el nivel de los acuíferos es descendente. El hecho de que cada vez sea necesario excavar a más profundidad para hallar el agua, es un indicador clave para encender las alarmas. Según análisis de la CAR, entre 1998 y 2022 los niveles de agua subterránea llegaron a más de 100 metros de profundidad, cuando tres décadas atrás eran de 30 o 20 metros, lo cual ha obligado a la autoridad ambiental a negar nuevas concesiones de agua.
Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático amenazan la sostenibilidad de los acuíferos. Gran parte del agua con la que se recargan estas fuentes es absorbida por el cordón ecológico que conforman los cerros orientales. Lamentablemente, los trabajos de construcción adelantados allí, y los incendios forestales, en su mayoría provocados, amenazan esta esponja de absorción natural.
“Desde la CAR hemos tenido que anticiparnos a escenarios y pronósticos que daban cuenta de que hacia 2040 la disminución de oferta la hídrica sería del 25 %. Las nuevas realidades del cambio climático nos han exigido medidas como restricción del aprovechamiento del agua subterránea debido a que cada vez los descensos de niveles son cada vez más grandes”, indicó el director Alfred Ballesteros.
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