Condena a Epa Colombia: ¿última advertencia para quienes destruyen Transmilenio?

Quienes aprovechan las movilizaciones para camuflarse entre los manifestantes y romper vidrios, estaciones y buses de Transmilenio (TM), o en general cometer actos de vandalismo que terminan empañando la protesta, desde ahora lo pensarán dos veces tras la condena que estableció el Tribunal Superior de Bogotá contra Daneidy Barrera, conocida en el mundo digital como “Epa Colombia”.

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Este jueves, en una decisión en segunda instancia, el Tribunal condenó a 63 meses y 15 días de prisión a Barrera por haber roto varios elementos de una estación de TM durante una marcha del Paro Nacional en 2019. Tras conocerse la determinación, las redes sociales que hicieron famosa a Barrera empezaron a cuestionar si la pena que deberá pagar es justa o no, al compararse con otros escándalos y desfalcos históricos. Más allá de eso, es claro que se trata de la última de una cadena de advertencias que vienen haciendo la autoridades a quienes quieran salir a destrozar el sistema de transporte de Bogotá.

Esta misma semana, el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó un plan de contención con el que pretende frenar los actos de vandalismo, que calificaron como “terrorismo”, contra los buses y estaciones de TM. Molano, quien señaló directamente a la Primera Línea como uno de los grupos que han venido instigando la violencia contra los buses, los CAI y el mobiliario urbano, detalló que el propósito del plan es desarrollar actividades con un grupo especial compuesto por 10 miembros de Policía Judicial y otros 10 de inteligencia y del grupo especial de operaciones, quienes se encargarán de capturar y entregar a la justicia a quienes sean sorprendidos atacando los bienes públicos de la capital.

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“Queremos informar a los colombianos y a los bogotanos que seguimos en este proceso muy importante de judicializar a todos aquellos vándalos de la Primera Línea que efectúan acciones delictivas en los diferentes puntos del país”, dijo en su momento el ministro de Defensa, tras la quema de un bus nuevo del SITP, que fue la más reciente de una serie de afectaciones al sistema de transporte público de Bogotá. En este momento, de acuerdo con TM, luego de tres meses de protestas el sistema tiene nueve estaciones fuera de servicio y se estima que el monto de los daños supera los $23.000 millones.

El Distrito también ha empezado a mostrarse más duro en lo que tiene que ver con daños a la infraestructura pública. En articulación con la Fiscalía y la Policía, la Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de la quema del bus y otros actos de vandalismo en medio de las jornadas de movilizaciones. De esta forma, desde todos los frentes se han cerrado filas para castigar los daños en bienes públicos y el discurso de Distrito y el Gobierno es cada vez más sincronizado.

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“Unos vándalos retuvieron y quemaron un bus del sistema zonal de Transmilenio, poniendo en riesgo a los pasajeros. Estos hechos se registraron mientras que en la zona se adelantaba un procedimiento de restitución, en donde un campamento ilegal estaba poniendo en riesgo al humedal Juan Amarillo, generando quemas y un entorno de inseguridad”, manifestó Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, tras los desmanes en Suba que derivaron en la quema del bus que llevaba apenas dos días rodando por la calles de la ciudad.

Aunque en este momento TM ha empezado a recuperar de a poco su operación, tras las primeras semanas del paro nacional el sistema llegó a operar a un 65 % de su capacidad, por la destrucción de estaciones en las protestas. Hasta 500.000 usuarios llegaron a verse afectados por los daños y la única salida fue caminar o buscar alternativas de transporte, incluso informal. De acuerdo con el sistema, en el mejor de los escenarios y teniendo en cuenta que las marchas se mantienen, hay estaciones y adecuaciones que solo hasta el próximo año entrarán en operación.

Quienes aprovechan las movilizaciones para camuflarse entre los manifestantes y romper vidrios, estaciones y buses de Transmilenio (TM), o en general cometer actos de vandalismo que terminan empañando la protesta, desde ahora lo pensarán dos veces tras la condena que estableció el Tribunal Superior de Bogotá contra Daneidy Barrera, conocida en el mundo digital como “Epa Colombia”.

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Este jueves, en una decisión en segunda instancia, el Tribunal condenó a 63 meses y 15 días de prisión a Barrera por haber roto varios elementos de una estación de TM durante una marcha del Paro Nacional en 2019. Tras conocerse la determinación, las redes sociales que hicieron famosa a Barrera empezaron a cuestionar si la pena que deberá pagar es justa o no, al compararse con otros escándalos y desfalcos históricos. Más allá de eso, es claro que se trata de la última de una cadena de advertencias que vienen haciendo la autoridades a quienes quieran salir a destrozar el sistema de transporte de Bogotá.

Esta misma semana, el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó un plan de contención con el que pretende frenar los actos de vandalismo, que calificaron como “terrorismo”, contra los buses y estaciones de TM. Molano, quien señaló directamente a la Primera Línea como uno de los grupos que han venido instigando la violencia contra los buses, los CAI y el mobiliario urbano, detalló que el propósito del plan es desarrollar actividades con un grupo especial compuesto por 10 miembros de Policía Judicial y otros 10 de inteligencia y del grupo especial de operaciones, quienes se encargarán de capturar y entregar a la justicia a quienes sean sorprendidos atacando los bienes públicos de la capital.

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“Queremos informar a los colombianos y a los bogotanos que seguimos en este proceso muy importante de judicializar a todos aquellos vándalos de la Primera Línea que efectúan acciones delictivas en los diferentes puntos del país”, dijo en su momento el ministro de Defensa, tras la quema de un bus nuevo del SITP, que fue la más reciente de una serie de afectaciones al sistema de transporte público de Bogotá. En este momento, de acuerdo con TM, luego de tres meses de protestas el sistema tiene nueve estaciones fuera de servicio y se estima que el monto de los daños supera los $23.000 millones.

El Distrito también ha empezado a mostrarse más duro en lo que tiene que ver con daños a la infraestructura pública. En articulación con la Fiscalía y la Policía, la Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de la quema del bus y otros actos de vandalismo en medio de las jornadas de movilizaciones. De esta forma, desde todos los frentes se han cerrado filas para castigar los daños en bienes públicos y el discurso de Distrito y el Gobierno es cada vez más sincronizado.

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“Unos vándalos retuvieron y quemaron un bus del sistema zonal de Transmilenio, poniendo en riesgo a los pasajeros. Estos hechos se registraron mientras que en la zona se adelantaba un procedimiento de restitución, en donde un campamento ilegal estaba poniendo en riesgo al humedal Juan Amarillo, generando quemas y un entorno de inseguridad”, manifestó Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, tras los desmanes en Suba que derivaron en la quema del bus que llevaba apenas dos días rodando por la calles de la ciudad.

Aunque en este momento TM ha empezado a recuperar de a poco su operación, tras las primeras semanas del paro nacional el sistema llegó a operar a un 65 % de su capacidad, por la destrucción de estaciones en las protestas. Hasta 500.000 usuarios llegaron a verse afectados por los daños y la única salida fue caminar o buscar alternativas de transporte, incluso informal. De acuerdo con el sistema, en el mejor de los escenarios y teniendo en cuenta que las marchas se mantienen, hay estaciones y adecuaciones que solo hasta el próximo año entrarán en operación.