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Este jueves 6 de abril, la Fiscalía General de la Nación condenó a la exdirectora de la Oficina de Planeación de Funza, Cundinamarca, Adriana Milena Orozco Quecano, por malos procedimientos en la licencia de construcción del denominado Parque Industrial en la Sabana Occidente de Bogotá.
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De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Eduar Alirio Calderón de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la exfucionaria, que ocupó el cargo entre 2012 y 2014, expidió una licencia de construcción parcelar en 34 lotes de un predio de 168.000 metros cuadrados. “Con esta disposición se desconoció la normatividad vigente que prohíbe usar más del 50 % de un terreno en zona suburbana. Aquí se demostró que se autorizó el aprovechamiento del 63 % del área”, señaló Calderón.
La entonces directora de la Oficina de Planeación de Funza modificó la licencia para permitir que la parcelación aumentara a 41 lotes sobre un predio de 176.000 metros cuadrados, en beneficio de Mario Ángulo, quien también fue condenado por las falsedades e irregularidades en la obra.
A través del comunicado emitido por la Fiscalía, se detalló que con estas actuaciones se hizo incurrir a un error a servidores de una notaría del municipio de Tabio y de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Centro de Bogotá, que protocolizaron los trámites de escrituración, por lo cual se pudo llevar a cabo la construcción de las bodegas y el Parque Industrial en Funza.
#ATENCIÓN | La Fiscalía obtuvo condena contra la exdirectora de la Oficina de Planeación de Funza #Cundinamarca y el particular Mario Angulo, por múltiples irregularidades que permitieron la construcción de un denominado Parque Industrial en la Sabana Occidente de Bogotá. pic.twitter.com/cF8QwDdwwq
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 6, 2023
“La señora Orozco Quecano fue sentenciada a siete años y un mes de prisión por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, deberá pagar una multa de 37 millones de pesos y cumplir una inhabilidad pare ejercer funciones públicas por 102 meses”, declaró la entidad judicial. La captura fue inmediata para hacer efectiva la pena en centro carcelario.
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De igual manera, el otro funcionario fue declarado responsable del delito de fraude procesal, y condenado a seis años y tres meses de prisión. El juez dispuso una multa cercana a 113 millones de pesos y le reconoció el beneficio de detención domiciliaria.
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