Por tortura: primera condena contra miembros de la llamada Primera Línea en Bogotá
Se trata de Sergio Pastor, Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez. De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas indican que amarraron a un ciudadano a un árbol y lo agredieron, con el supuesto de que era integrante de la Policía Nacional.
El Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá emitió la que sería una de las primeras condenas contra miembros de la Primera Línea en Bogotá. Se trata de Sergio Pastor, alias 19, uno de los presuntos articuladores del grupo ‘Resistencia Portal Américas’, y otros tres integrantes identificados como Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez.
En contexto: Primera Línea en Bogotá y su judicialización en medio de proyectos de indultos.
Tras analizar las pruebas que aportó la Fiscalía, el juez los declaró responsables de tortura y concierto para delinquir, por los ataques ocurridos el 4 de junio de 2021, en un parque cercano a la Avenida Ciudad de Cali con calle 13.
Según el ente acusador, “ese día participaron en la retención de un transeúnte y, con el supuesto de que pertenecía a la Policía Nacional, le robaron las pertenencias, lo golpearon, lo hirieron con armas cortopunzantes, lo amarraron a un árbol, lo cubrieron con pintura y le rociaron gasolina, con la amenaza de prenderle fuego”.
El ente acusador señaló que las víctimas no solo relataron las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, sino que señalaron y reconocieron a los agresores y los responsabilizaron de las “torturas que recibieron, los dolores y sufrimientos que soportaron”.
De igual forma, durante el juicio, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales probó como alias 19 y los demás sentenciados, desde el 28 de abril de 2021, se reunieron en campamentos improvisados en las localidades de Kennedy y Bosa.
“En estos puntos se abastecieron de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas, los cuales usaron para afectar la infraestructura del portal Américas de Transmilenio y confrontar a la fuerza pública. Asimismo, a través de la evidencia fílmica, fotográfica y testimonial, acreditó que estuvieron involucrados en los hechos que son motivo de la condena”.
Por ahora, se desconoce el monto de la pena, el cual se dará a conocer en una audiencia de lectura de sentencia, en la que el juez explicará su decisión y fijará la pena. Vale recordar que este es una decisión de primera instancia y los defensores de los procesados pondrán apelar (como seguramente lo harán), para que el Tribunal Superior de Bogotá revise el fallo y lo confirme o lo revoque.
Lea: Pacto Histórico, jugado por excarcelación e indulto a miembros de la Primera Línea.
En qué van otros procesos contra miembros de la Primera Línea
Primera Línea de Suba: cuatro detenidos
El 28 de octubre de 2021, la Policía y la Fiscalía anunciaron la captura de cinco presuntos miembros de la “Primera Línea” que hacía presencia en la localidad Suba, noroccidente de Bogotá, en donde se registraron múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, protestas y actos de vandalismo en los meses del paro nacional.
Entre los capturados estaban dos periodistas independientes —Jonathan Cortés Aldana y Karo Cepeda Andrade— que se dedicaron a transmitir, bajo el nombre de “Z11 Suba”, por redes sociales lo ocurrido durante las movilizaciones en esa localidad.
Aseguran que no son miembros de ese grupo y que se dedicaban —con casco, chaleco y máscara— a “informar y ser la voz de las organizaciones que protestaban”, como le manifestaron a El Espectador. Aun así, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, perturbación al transporte público, tentativa de homicidio y terrorismo.
El ente acusador los señala de quemar una patrulla de la Policía, de retener a seis auxiliares de esa institución y de quemar un bus eléctrico del Sitp en el humedal Juan Amarillo, en Suba.
Le puede interesar: Envían a prisión a los nueve capturados que integrarían Primera Línea en Bogotá.
Después de las audiencias de legalización de captura y allanamientos, imputación de cargos y de pedido de medida de aseguramiento, Cortés, Cepeda y los otros cinco capturados gozaban del beneficio de detención domiciliaria, el cual disfrutaron hasta junio de este año cuando un juez de conocimiento lo revocó en segunda instancia y ordenó enviarlos a prisión.
Hasta ahora, según una investigación de la Liga Contra el Silencio, los dos jóvenes de 19 y 21 años, se encuentran prófugos de la justicia, pues, después de que revocaran su detención domiciliaria, decidieron salir del país para conseguir el estatus de refugiados políticos.
Primera Línea Engativá: diez presos y un proceso que inicia
“Montaje judicial”, “falso positivo judicial”. Estas son las frases que más repiten los procesados por ser supuestos miembros de la “Primera Línea”. Ese es el caso de Karen Zulay Villa Herrera, a quien la Fiscalía “bautizó” con el alias de ‘Nena’.
Karen y otras nueve personas, fueron los jóvenes que no aguantaron las lágrimas, en medio de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, cuando la juez 69 con función de control de garantías de Bogotá los envió a la cárcel mientras avanza la investigación por su presunta participación en actos vandálicos durante el paro.
Lea también: 201 personas de Primera Línea investigadas y ninguna condenada.
Según la juez, la decisión se tomó debido a que las pruebas en contra de los señalados demostraban que podrían perpetrar otros ataques, pues las reuniones para planear y ejecutar las acciones en las protestas las realizarían en sus viviendas.
En ese sentido, la Fiscalía les imputó los cinco delitos respaldados, asegura el ente investigador, por una serie de pruebas que involucran a un testigo, quien sería un hombre infiltrado. Esto habría permitido dejar en evidencia la forma en la que operaban y en la que atacaban durante las concentraciones.
En el caso de Karen Villa, su familia y su abogado, Iván Cancino, insisten en que su caso se trata de un falso positivo judicial, argumentando que los alias que le atribuyó la Fiscalía corresponden a otras personas y que la voz que se escucha en los audios presentados por la Fiscalía no son de ella.
“En juicio oral controvertiremos esos audios a través de un perito acústico forense que determinará que la voz de los audios e interceptaciones que utiliza la Fiscalía no pertenece a Karen Villa”, explicó Iván Cancino a este diario.
También puede leer: A prisión: revocan casa por cárcel a señalados de pertenecer a la Primera Línea.
Por su parte, las defensas de los otros capturados han insistido en supuestas inconsistencias de la Fiscalía, que giran en torno a no conocer los montos de unas transferencias bancarias con las que se le señala a un joven de financiar a la “Primera Línea”; así como incongruencias entre los lugares donde se encontraban durante los enfrentamientos y las descripciones de los testigos.
Entre tanto, la Fiscalía mantiene abiertos tres procesos en Bogotá, iniciados entre mayo y junio de 2021, contra integrantes de la “Primera Línea” en el marco de las protestas sociales de ese año, en los que se involucra a 24 personas capturadas entre septiembre y noviembre pasados. El daño en bien ajeno, el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y la violencia contra servidor público son los delitos que más se han imputado en estos casos.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
El Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá emitió la que sería una de las primeras condenas contra miembros de la Primera Línea en Bogotá. Se trata de Sergio Pastor, alias 19, uno de los presuntos articuladores del grupo ‘Resistencia Portal Américas’, y otros tres integrantes identificados como Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez.
En contexto: Primera Línea en Bogotá y su judicialización en medio de proyectos de indultos.
Tras analizar las pruebas que aportó la Fiscalía, el juez los declaró responsables de tortura y concierto para delinquir, por los ataques ocurridos el 4 de junio de 2021, en un parque cercano a la Avenida Ciudad de Cali con calle 13.
Según el ente acusador, “ese día participaron en la retención de un transeúnte y, con el supuesto de que pertenecía a la Policía Nacional, le robaron las pertenencias, lo golpearon, lo hirieron con armas cortopunzantes, lo amarraron a un árbol, lo cubrieron con pintura y le rociaron gasolina, con la amenaza de prenderle fuego”.
El ente acusador señaló que las víctimas no solo relataron las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, sino que señalaron y reconocieron a los agresores y los responsabilizaron de las “torturas que recibieron, los dolores y sufrimientos que soportaron”.
De igual forma, durante el juicio, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales probó como alias 19 y los demás sentenciados, desde el 28 de abril de 2021, se reunieron en campamentos improvisados en las localidades de Kennedy y Bosa.
“En estos puntos se abastecieron de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas, los cuales usaron para afectar la infraestructura del portal Américas de Transmilenio y confrontar a la fuerza pública. Asimismo, a través de la evidencia fílmica, fotográfica y testimonial, acreditó que estuvieron involucrados en los hechos que son motivo de la condena”.
Por ahora, se desconoce el monto de la pena, el cual se dará a conocer en una audiencia de lectura de sentencia, en la que el juez explicará su decisión y fijará la pena. Vale recordar que este es una decisión de primera instancia y los defensores de los procesados pondrán apelar (como seguramente lo harán), para que el Tribunal Superior de Bogotá revise el fallo y lo confirme o lo revoque.
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En qué van otros procesos contra miembros de la Primera Línea
Primera Línea de Suba: cuatro detenidos
El 28 de octubre de 2021, la Policía y la Fiscalía anunciaron la captura de cinco presuntos miembros de la “Primera Línea” que hacía presencia en la localidad Suba, noroccidente de Bogotá, en donde se registraron múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, protestas y actos de vandalismo en los meses del paro nacional.
Entre los capturados estaban dos periodistas independientes —Jonathan Cortés Aldana y Karo Cepeda Andrade— que se dedicaron a transmitir, bajo el nombre de “Z11 Suba”, por redes sociales lo ocurrido durante las movilizaciones en esa localidad.
Aseguran que no son miembros de ese grupo y que se dedicaban —con casco, chaleco y máscara— a “informar y ser la voz de las organizaciones que protestaban”, como le manifestaron a El Espectador. Aun así, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, perturbación al transporte público, tentativa de homicidio y terrorismo.
El ente acusador los señala de quemar una patrulla de la Policía, de retener a seis auxiliares de esa institución y de quemar un bus eléctrico del Sitp en el humedal Juan Amarillo, en Suba.
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Después de las audiencias de legalización de captura y allanamientos, imputación de cargos y de pedido de medida de aseguramiento, Cortés, Cepeda y los otros cinco capturados gozaban del beneficio de detención domiciliaria, el cual disfrutaron hasta junio de este año cuando un juez de conocimiento lo revocó en segunda instancia y ordenó enviarlos a prisión.
Hasta ahora, según una investigación de la Liga Contra el Silencio, los dos jóvenes de 19 y 21 años, se encuentran prófugos de la justicia, pues, después de que revocaran su detención domiciliaria, decidieron salir del país para conseguir el estatus de refugiados políticos.
Primera Línea Engativá: diez presos y un proceso que inicia
“Montaje judicial”, “falso positivo judicial”. Estas son las frases que más repiten los procesados por ser supuestos miembros de la “Primera Línea”. Ese es el caso de Karen Zulay Villa Herrera, a quien la Fiscalía “bautizó” con el alias de ‘Nena’.
Karen y otras nueve personas, fueron los jóvenes que no aguantaron las lágrimas, en medio de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, cuando la juez 69 con función de control de garantías de Bogotá los envió a la cárcel mientras avanza la investigación por su presunta participación en actos vandálicos durante el paro.
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Según la juez, la decisión se tomó debido a que las pruebas en contra de los señalados demostraban que podrían perpetrar otros ataques, pues las reuniones para planear y ejecutar las acciones en las protestas las realizarían en sus viviendas.
En ese sentido, la Fiscalía les imputó los cinco delitos respaldados, asegura el ente investigador, por una serie de pruebas que involucran a un testigo, quien sería un hombre infiltrado. Esto habría permitido dejar en evidencia la forma en la que operaban y en la que atacaban durante las concentraciones.
En el caso de Karen Villa, su familia y su abogado, Iván Cancino, insisten en que su caso se trata de un falso positivo judicial, argumentando que los alias que le atribuyó la Fiscalía corresponden a otras personas y que la voz que se escucha en los audios presentados por la Fiscalía no son de ella.
“En juicio oral controvertiremos esos audios a través de un perito acústico forense que determinará que la voz de los audios e interceptaciones que utiliza la Fiscalía no pertenece a Karen Villa”, explicó Iván Cancino a este diario.
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Por su parte, las defensas de los otros capturados han insistido en supuestas inconsistencias de la Fiscalía, que giran en torno a no conocer los montos de unas transferencias bancarias con las que se le señala a un joven de financiar a la “Primera Línea”; así como incongruencias entre los lugares donde se encontraban durante los enfrentamientos y las descripciones de los testigos.
Entre tanto, la Fiscalía mantiene abiertos tres procesos en Bogotá, iniciados entre mayo y junio de 2021, contra integrantes de la “Primera Línea” en el marco de las protestas sociales de ese año, en los que se involucra a 24 personas capturadas entre septiembre y noviembre pasados. El daño en bien ajeno, el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y la violencia contra servidor público son los delitos que más se han imputado en estos casos.
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