Conflictos de intereses y bienes: ¿qué reportan los congresistas por Bogotá?

La información es madre de la transparencia, y el acceso a la primera garantiza que la segunda será completa, fidedigna y de libre consulta para la ciudadanía. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, el acceso a la información pública es una herramienta calve con la que distintos países han consolidado sus sistemas democráticos, basados en la participación de los ciudadanos en temas que son de interés público.

Aun así, el acceso a la información pública en Colombia tiene luces y sombras que afectan la fiscalización de la ciudadanía a quienes ocupan cargos de elección popular y altos cargos del Estado. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2019 el derecho al acceso a la información pública se vulneró en 9.178 ocasiones, en las cuales las autoridades administrativas municipales fueron quienes más lo incumplieron, mientras que los más afectados por esto fueron los desplazados y los líderes sociales.

En este contexto, desde noviembre de 2019, el Gobierno sancionó la modificación al reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), que estipula la obligatoriedad para los senadores y representantes de registrar los impedimentos por conflictos de interés, tanto de ellos como de sus padres, hijos y hermanos. Además, se determinó que esta publicación sea pública.

Conflictos de intereses

Por medio de un derecho de petición a la Secretaría de la Cámara de Representantes, El Espectador tuvo acceso a los libros de conflictos de intereses que reportaron los 19 congresistas por Bogotá, tras su posesión, en los que registraron sus actividades económicas, vinculación en juntas directivas y posibles conflictos que generaron sus cónyuges y familiares, hasta segundo grado de consanguinidad. No obstante, dicha información debería poder encontrarse en una pestaña de la página web de la Cámara, pero en lugar de eso solo se ve un letrero que indica: “No hay nada aquí”.

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Por otro lado, este medio consultó los bienes inmuebles que cada uno tiene registrado a su nombre en la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de exponer parte del patrimonio con el que inician algunos su paso por el Legislativo. De esta manera, dicha información se cruzó con los 196 proyectos de ley que se han radicado en la Cámara para tener luces sobre las posibles líneas rojas que tendrían los 19 representantes para participar, votar y discutir en las sesiones del Congreso.

Empresa privada: la actividad económica más reportada

En cuanto a las actividades económicas, la mayoría aseguraron, con su puño y letra, que no tenían nada que reportar, mientras que siete sí lo hicieron. Etna Támara Argote (Pacto Histórico) señaló que fue parte de la empresa EOS Creaciones SAS, dedicada a la confección de prendas de vestir y a su comercio al por menor. Según el Registro Único Empresarial, sigue siendo la representante legal. Su compañera de bancada, María del Mar Pizarro, indicó que fue accionista -con una participación del 94 %- y gerente general de la compañía Biogar Eco SAS, dedicada a la fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador, y al comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, así como de Biogar Cuidado Ambiental SA (de México), con una participación del 30 %.

Andrés Forero (Centro Democrático) demostró que fue socio de las empresas PVC Gerfor SA, dedicada a la fabricación de artículos de plástico, en donde su hermana es administradora; de Forero Molina SAS (en liquidación), dedicada a actividades de servicio financiero, y de Mardelpil SAS, dedicada a actividades inmobiliarias, de la que su primo y hermana son gerente y suplente de gerente.

Por otro lado, Heráclito Landínez (Pacto Histórico) reportó que fue miembro de la Asociación de Palmicultores del Serpentino (Asopalcer) en Tibú (Norte de Santander), y que su esposa es miembro de la Asociación de Palmicultores del Catatumbo II (Asopalcat II), también en Tibú. Finalmente, Carlos Alberto Marín (Partido Comunes) consignó que es parte de una cooperativa y una fundación sin ánimo de lucro.

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Posibles conflictos heredados

En este punto, ocho señalaron la posibilidad de que haya conflictos de intereses por sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. David Racero, Etna Argote, María del Mar Pizarro y Heráclito Landínez escribieron que sus familiares son o fueron parte de alguna corporación como miembros o contratistas. La compañera permanente de Racero, Mariana Hernández, trabaja en la Jurisdicción Especial para la Paz, en macrocasos priorizados, de la Sala de Reconocimiento; el padre de Argote, Álvaro Argote, es concejal de Bogotá; un familiar de Pizarro es contratista del alto comisionado para la Paz, y un hermano de Landínez es concejal del municipio de Los Patios (Norte de Santander).

Asimismo, el representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) relacionó que su hermano es edil de Usaquén en Bogotá, su hermana es primera secretaria en la Embajada de Colombia en España y que su padre, el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, es militar retirado del Ejército Nacional. Entretanto, Juan Carlos Lozada Vargas (Partido Liberal) indicó que tres familiares trabajan con el Estado: su tía, María Victoria Vargas, es concejal de Bogotá; una prima trabaja en el Consejo Superior de la Judicatura, y otra tía es funcionaria de la Personería de Bogotá.

El patrimonio reportado

Entre casas, apartamentos, lotes y fincas se distribuyen los bienes inmuebles que El Espectador encontró registrados a nombre de los representantes a la Cámara por Bogotá. Los congresistas Heráclito Landínez y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) son los de más propiedades a su nombre. Landínez cuenta con un apartamento en Nicolás de Federmán, Bogotá; un lote en el Condominio Campestre Nicolás de Alejandría-Spa, en Girardot (Cundinamarca), y un lote en la vereda Socuavo, en Tibú (Norte de Santander). Por su parte, Arbeláez tiene un apartamento en el barrio Centenario, al noroccidente de Cali; una finca, llamada El Cambio, en Arauca, y un lote en la zona norte de Bogotá.

A las representantes María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), Katherine Miranda (Alianza Verde), Catherine Juvinao (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Juan Carlos Lozada (Partido Liberal) y Juan Carlos Wills (Partido Conservador) no se les encontraron propiedades a su nombre. Los otros 11 tienen registrados un bien inmueble cada uno, entre los que se encuentran apartamentos en Bogotá, Villavicencio (Meta), Bucaramanga (Santander) y Fusagasugá (Cundinamarca) (puede consultar la lista completa en elespectador.com).

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Proyectos de ley en discusión

Desde el 20 de julio pasado -cuando inició la primera legislatura, con 181 primíparos, de los cuales 125 son activistas o influenciadores-, se han radicado 196 proyectos de ley en Cámara y Senado. Después de revisarlos y de cruzar la información con los conflictos de intereses registrados, sus propiedades y financiadores, en al menos ocho proyectos, podrían afectar su participación y votación en estos.

Es el caso de los proyectos 049/2022, que busca crear el programa “Empresario del campo”, para proteger a los arrendatarios de predios, en el marco del programa que impacta el sector agro del país; el 073/2022C, que busca fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia, y el 089, que le otorga la categoría de Distrito Especial, Turístico, Portuario y Cultural a Girardot.

A estos se suman el 134, que busca modificar la Constitución Política para que los policías y militares puedan ejercer el derecho al voto, y el 113, 166 y 178 de 2022, que quieren proteger, establecer beneficios y dignificar las condiciones laborales de las personas que trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios (contratistas) con el Estado, debido a que 11 de los congresistas recibieron donaciones de contratistas a sus campañas.

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Consultada por cada uno de estas posibles líneas rojas que tendrían algunos congresistas, la directora programática de la Corporación Transparencia por Colombia, Sandra Martínez, dice que la importancia de los reportes radican en “no solo tener unas declaraciones de conflicto, sino que tienen que ir acompañadas de un ejercicio de saber quién está recogiendo esas declaraciones, cómo se sistematizan, cómo se ponen a disposición pública y cómo se hace una revisión periódica, teniendo en cuenta el tema que se está discutiendo para determinar si hay o no hay un conflicto de intereses”.

Esto quiere decir que el ejercicio de la política siempre irá acompañado por la aparición de conflictos de intereses, ante los cuales no basta solo con evidenciarlos, sino con someterlos al escrutinio constante para velar por que su ejercicio legislativo proteja el interés general.

“Hay una dificultad en poder establecer cuándo hay conflicto de intereses, pero siempre la premisa debe ser: ante la duda abstente así. Si el congresista considera que hay una relación muy directa entre el tema en discusión, lo mejor siempre será mantenerse al margen y estudiar si es un tema en general o es una modificación que de manera específica y concreta le daría algún beneficio en particular”, asegura Martínez.

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