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Con 14 votos a favor, el pasado 29 de abril el Concejo municipal aprobó la integración de Soacha al esquema de asociatividad conocido como la Región Metropolitana, que permitirá, entre otros proyectos, mejorar la movilidad y el transporte público de los soachunos a nivel regional, urbano y rural, como la cofinanciación para la construcción del puente Tibanica para conectar la Avenida Ciudad de Cali con Soacha.
Durante su discusión, la iniciativa generó reparos entre algunas concejalas y concejales que planteaban que el ingreso de Soacha a la Región Metropolitana implicaría una pérdida de toma de decisiones en aspectos que ocurran en el municipio o una probable limitación participativa de las y los suachunos en los diversos procesos sociales.
A la voz de los cabildantes, se sumó hasta el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en X criticó la decisión. “He analizado que el invento de la Región metropolitana al poner el poder del territorio en manos de alcaldía de Bogotá y gobernación entraña el peligro de usar el territorio de los municipios en bolsa inmobiliaria y agudiza el problema del agua en la región”.
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En concordancia con la posición del jefe de Estado, la representante a la Cámara de Cundinamarca por el Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, instauró una demanda en contra del acuerdo municipal, con el fin de que de manera provisional se suspendan los efectos de la misma. “La aprobación de este acuerdo estuvo viciada y violó las normas que regulan el trámite del cabildo abierto y participación ciudadana”.
¿Cuáles son las presuntas irregularidades según la congresista?
Vásquez detalló que uno de los reparos al Acuerdo Municipal No. 7 de 2024 del Concejo de Soacha, es porque, afirma, hay una violación directa del artículo 22 de la Ley 1757 de 2015, que establece que el cabildo abierto debe hacerse en sesiones ordinarias y no extraordinarias, como lo realizó el Concejo de Soacha.
En el mismo sentido, la parlamentaria detalló que los concejales de Soacha eran conscientes de este problema y que algunos señalaron que se estaba viciando el trámite en la sesión del 9 de abril de 2024, donde se aprobó la proposición del cabildo abierto.
En la demanda, donde solicitó a un juez administrativo analizar las presuntas irregularidades, también resaltó que el 24 de abril la Comisión Segunda del Concejo de Soacha aprobara en primer debate el acuerdo municipal sin todavía llevar a cabo el cabildo abierto que ocurrió el 29 de abril.
“Esto, además, de que es una burla a la participación de la ciudadanía, evidencia el poco interés que tenía el Concejo de tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Igualmente, aprobaron en segundo y definitivo debate el acuerdo municipal sin realizar la sesión de respuestas que establece el artículo 28 de la Ley 1757 de 2015. Es una obligación que una semana después de realizar el cabildo se citen a todos los participantes para responder las solicitudes de la ciudadanía. Pero, el Concejo aprobó un día después de realizar el cabildo abierto el acuerdo municipal sin cumplir este requisito de ley”.
Finalmente, la representante Alexandra Vásquez también radicó una queja de carácter disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación en contra de todos los concejales que aprobaron el 9 de abril de 2024 la proposición de realizar un cabildo abierto en sesiones extraordinarias, debido a que “es algo manifiestamente contrario a la ley. Es un deber de ellos como servidores públicos acatar las normas”.
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