Consejo de Estado admite demanda contra la ampliación de la Av. Boyacá
Con la aceptación de la demanda, la CAR pierde competencia sobre la licencia ambiental. Por consiguiente, ahora será el tribunal supremo el que decida si la obra finalmente se realiza o queda suspendida.
Una demanda interpuesta por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, acaba de dejar en vilo una de las obras más importantes del plan zonal del norte, más conocido como Lagos de Torca. Esto es, la ampliación de la avenida Boyacá, clave para conectar el proyecto urbanístico con el resto de la ciudad.
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La demanda, que ya fue aceptada por el Consejo de Estado, se radicó como respuesta al silencio de la Corporación Autónoma de Cundinamarca respecto a licencia ambiental con la cual se permitía la ampliación de la Av. Boyacá, entre calles 183 y 235. El trazado de esta obra, tal y como está proyectado, contempla la extracción de 20 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen.
Dicha maniobra requiere de una licencia ambiental que la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, emitió en diciembre de 2023, con lo cual el proyecto de ampliación recibió luz verde para su avance.
Sin embargo, los defensores de la reserva, entre ellos la ministra Muhamad, radicaron un recurso de apelación a la CAR para que revisara, en segunda instancia, si realmente era conveniente emitir la licencia con la cual se permitía la sustracción de una parte de la reserva.
Pese a que el recurso de apelación llegó a la CAR a principios de este año, la autoridad ambiental nunca lo respondió, por lo cual la ministra de Ambiente optó por radicar una demanda ante el Consejo de Estado. En ese orden de ideas, una vez revisó el sustento jurídico del recurso presentado por Muhamad, el alto tribunal aceptó la demanda y, consigo, le quitó la competencia a la CAR sobre este espinoso asunto.
Si bien, el Consejo de Estado decidió no interponer medidas cautelares a la obra, y suspenderla de manera temporal, como solicitaba la ministra, lo cierto es que el futuro de la ampliación de la Boyacá entró en el espectro de lo incierto. De momento, los interesados en la obra tendrán 30 días para aportar todos los soportes técnicos de la ampliación de la avenida, en cuanto a su respeto por los parámetros ambientales y, sobre todo, la justificación de que el trazado pase por las 20 hectáreas en mención de la reserva Van der Hammen.
De manera tal que los promotores de Lagos de Torca, los más interesados en el proyecto, deberán esperar a que el Consejo de Estado emita un fallo resolutorio para continuar con la obra que ya está financiada y contratada, y presenta un avance actual del 53 %. En especial con las del tramo que toca la Van der Hammen. Dicha resolución, por cierto, tardaría meses, e incluso años, en ser conocida. Por el momento, la fiduciaria no se ha pronunciado sobre la demanda del Consejo de Estado.
Carlos Fernando Galán se pronuncia
La demanda del ministerio de Ambiente solo es uno de los nodos de disputa entre la alcaldía de Galán y el Gobierno Nacional. Además del metro y las licencias para los proyectos de conexión energética que requiere la ciudad, la ampliación de la ampliación de la Av. Boyacá ha sido parte de las constantes fricciones.
Una vez se conoció la aceptación de la demanda, por parte del Consejo de Estado, el alcalde Carlos Fernando Galán publicó un trino en X mediante el cual se quejó de la incidencia del gobierno Petro en los asuntos de Bogotá.
“Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió. Con esta demanda, el Gobierno Nacional está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá. Lo he dicho en varios escenarios: el Gobierno Nacional quiere impedir por cualquier medio la ampliación de la Avenida Boyacá. Esto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad”, sentenció Galán.
7 años de Lagos de Torca
Ya son siete años desde que comenzó la cruzada urbanística para ampliar la ciudad hacia al norte, conocida como Lagos de Torca. El proyecto, una representación fidedigna de lo que es una alianza público - privada, tiene el objetivo de desarrollar una ciudadela en lindes de la ciudad en una extensión de 1.803 hectáreas que componen el plan de ordenamiento zonal del norte.
Desde su formulación, hasta su posterior adopción vía decreto en 2017, Lagos de Torca ha tenido algunos tropiezos de índole judicial, en gran parte motivados por la oposición ambientalista al proyecto. El hecho de que se ubique en una posición ecológica clave, cerca a la reserva Thomas Van der Hammen, y a los humedales Torca y Guaymaral ha suscitado los recelos de activistas, concejales, y funcionarios del gobierno nacional por igual.
Pero al proyecto, que parece ir sobre ruedas, aún le falta un amplio trecho para ser realidad. Si bien, este viernes será la audiencia pública, los defensores de la Van der Hammen aclaran que ni la sustracción, ni una eventual licencia ambiental están en firme. Ellos están a la espera de que se resuelva una tutela en segunda instancia, en la que denuncian que se vulneraron los derechos de participación a la ciudadanía.
Así lo señala Sabina Rodríguez Van der Hammen, tal vez el rostro más visible de la defensa de la reserva. Ella es la nieta de quien impulsó la creación de la zona ambiental y, ante una nueva amenaza contra el legado de su abuelo, lidera desde su veeduría una lucha contra, lo que considera, un proceso irregular. Lo fundamental: faltan estudios para definir realmente si la obra como está planteada es la mejor opción. En caso de que la tutela salga a su favor, obligaría a la CAR a recomenzar la evaluación de los trámites ambientales y daría pie a una mejor discusión.
“La extensión de la avenida Boyacá es una vía nueva y preocupa, porque introduciría una nueva fragmentación en la reserva. Dicen que ya existen vías… ¡claro!, pero eso es justo lo que nos exige el ser más riguroso con la discusión sobre un nuevo corredor en la zona. Inicialmente, el Distrito pretendía adelantar la extensión sin licencia ambiental y logramos que se la exigieran. Pero ahora hay otro inconveniente: algunas licencias requieren un diagnóstico ambiental de alternativas, para analizar las opciones, pero en este caso se negaron hacerlo y sin ese documento se pierde el objeto de la discusión de fondo”.
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Una demanda interpuesta por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, acaba de dejar en vilo una de las obras más importantes del plan zonal del norte, más conocido como Lagos de Torca. Esto es, la ampliación de la avenida Boyacá, clave para conectar el proyecto urbanístico con el resto de la ciudad.
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La demanda, que ya fue aceptada por el Consejo de Estado, se radicó como respuesta al silencio de la Corporación Autónoma de Cundinamarca respecto a licencia ambiental con la cual se permitía la ampliación de la Av. Boyacá, entre calles 183 y 235. El trazado de esta obra, tal y como está proyectado, contempla la extracción de 20 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen.
Dicha maniobra requiere de una licencia ambiental que la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, emitió en diciembre de 2023, con lo cual el proyecto de ampliación recibió luz verde para su avance.
Sin embargo, los defensores de la reserva, entre ellos la ministra Muhamad, radicaron un recurso de apelación a la CAR para que revisara, en segunda instancia, si realmente era conveniente emitir la licencia con la cual se permitía la sustracción de una parte de la reserva.
Pese a que el recurso de apelación llegó a la CAR a principios de este año, la autoridad ambiental nunca lo respondió, por lo cual la ministra de Ambiente optó por radicar una demanda ante el Consejo de Estado. En ese orden de ideas, una vez revisó el sustento jurídico del recurso presentado por Muhamad, el alto tribunal aceptó la demanda y, consigo, le quitó la competencia a la CAR sobre este espinoso asunto.
Si bien, el Consejo de Estado decidió no interponer medidas cautelares a la obra, y suspenderla de manera temporal, como solicitaba la ministra, lo cierto es que el futuro de la ampliación de la Boyacá entró en el espectro de lo incierto. De momento, los interesados en la obra tendrán 30 días para aportar todos los soportes técnicos de la ampliación de la avenida, en cuanto a su respeto por los parámetros ambientales y, sobre todo, la justificación de que el trazado pase por las 20 hectáreas en mención de la reserva Van der Hammen.
De manera tal que los promotores de Lagos de Torca, los más interesados en el proyecto, deberán esperar a que el Consejo de Estado emita un fallo resolutorio para continuar con la obra que ya está financiada y contratada, y presenta un avance actual del 53 %. En especial con las del tramo que toca la Van der Hammen. Dicha resolución, por cierto, tardaría meses, e incluso años, en ser conocida. Por el momento, la fiduciaria no se ha pronunciado sobre la demanda del Consejo de Estado.
Carlos Fernando Galán se pronuncia
La demanda del ministerio de Ambiente solo es uno de los nodos de disputa entre la alcaldía de Galán y el Gobierno Nacional. Además del metro y las licencias para los proyectos de conexión energética que requiere la ciudad, la ampliación de la ampliación de la Av. Boyacá ha sido parte de las constantes fricciones.
Una vez se conoció la aceptación de la demanda, por parte del Consejo de Estado, el alcalde Carlos Fernando Galán publicó un trino en X mediante el cual se quejó de la incidencia del gobierno Petro en los asuntos de Bogotá.
“Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió. Con esta demanda, el Gobierno Nacional está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá. Lo he dicho en varios escenarios: el Gobierno Nacional quiere impedir por cualquier medio la ampliación de la Avenida Boyacá. Esto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad”, sentenció Galán.
7 años de Lagos de Torca
Ya son siete años desde que comenzó la cruzada urbanística para ampliar la ciudad hacia al norte, conocida como Lagos de Torca. El proyecto, una representación fidedigna de lo que es una alianza público - privada, tiene el objetivo de desarrollar una ciudadela en lindes de la ciudad en una extensión de 1.803 hectáreas que componen el plan de ordenamiento zonal del norte.
Desde su formulación, hasta su posterior adopción vía decreto en 2017, Lagos de Torca ha tenido algunos tropiezos de índole judicial, en gran parte motivados por la oposición ambientalista al proyecto. El hecho de que se ubique en una posición ecológica clave, cerca a la reserva Thomas Van der Hammen, y a los humedales Torca y Guaymaral ha suscitado los recelos de activistas, concejales, y funcionarios del gobierno nacional por igual.
Pero al proyecto, que parece ir sobre ruedas, aún le falta un amplio trecho para ser realidad. Si bien, este viernes será la audiencia pública, los defensores de la Van der Hammen aclaran que ni la sustracción, ni una eventual licencia ambiental están en firme. Ellos están a la espera de que se resuelva una tutela en segunda instancia, en la que denuncian que se vulneraron los derechos de participación a la ciudadanía.
Así lo señala Sabina Rodríguez Van der Hammen, tal vez el rostro más visible de la defensa de la reserva. Ella es la nieta de quien impulsó la creación de la zona ambiental y, ante una nueva amenaza contra el legado de su abuelo, lidera desde su veeduría una lucha contra, lo que considera, un proceso irregular. Lo fundamental: faltan estudios para definir realmente si la obra como está planteada es la mejor opción. En caso de que la tutela salga a su favor, obligaría a la CAR a recomenzar la evaluación de los trámites ambientales y daría pie a una mejor discusión.
“La extensión de la avenida Boyacá es una vía nueva y preocupa, porque introduciría una nueva fragmentación en la reserva. Dicen que ya existen vías… ¡claro!, pero eso es justo lo que nos exige el ser más riguroso con la discusión sobre un nuevo corredor en la zona. Inicialmente, el Distrito pretendía adelantar la extensión sin licencia ambiental y logramos que se la exigieran. Pero ahora hay otro inconveniente: algunas licencias requieren un diagnóstico ambiental de alternativas, para analizar las opciones, pero en este caso se negaron hacerlo y sin ese documento se pierde el objeto de la discusión de fondo”.
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