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Las evidencias sobre las irregularidades en la elección de Alejandro Motta, quien duró casi dos décadas como directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), eran claras. La denuncia alrededor del esquema de empresas de papel, que se creó para votar por él como representante de las entidades sin ánimo de lucro, la terminó por ratificar el Consejo de Estado, que decidió anular su elección de 2019.
El caso llegó al alto tribunal administrativo a comienzos de 2020, tras una denuncia respaldada por entes de control y grupos ambientalistas, en la que pedían dejar sin efecto la designación a finales de 2019 de Motta, así como la de Andrés Iván Garzón, al descubrir una serie de falencias e irregularidades en el mecanismo de elección. Finalmente, tras analizar las evidencias, los magistrados les dieron la razón a los denunciantes.
El asunto no es menor, ya que tener un cargo en el Consejo directivo de la CAR, representa tener voz y voto en decisiones clave como la elección del director de la corporación, en las concernientes a la apertura de investigaciones, otorgar licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales. En el caso de Cundinamarca, entre las acciones más destacadas está la concertación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios.
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El organismo lo integran 14 miembros, nueve de ellos delegados de entidades públicas como el delegado del presidente de la República; el ministro de Ambiente; los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá; el alcalde de Bogotá, y cuatro alcaldes de municipios de la jurisdicción (que cambian cada año). No obstante, hay cinco puestos para representantes de la sociedad civil como entidades sin ánimo de lucro, sector privado y las comunidades indígenas.
El cuestionado esquema
Desde que empezó el proceso para elegir a los dos representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro ante la CAR, en el segundo semestre de 2019, surgieron quejas. Estas plazas se eligen por votación las organizaciones que se postulan, tras demostrar que llevan mínimo cuatro años constituidas y que tienen como principal objeto la protección del medio ambiente. No obstante, había dudas de varias de las sociedades o fundaciones que se inscribieron para votar.
Las dudas crecieron después de una revisión que hizo la propia CAR a las entidades sin ánimo de lucro inscritas. Encontraron, por ejemplo, personas que hacían parte de la junta directiva de muchas organizaciones a la vez. Entre los casos más llamativos estaban el de María Fernanda Reyes Barahona, en 171 organizaciones, y su hermano David Stivel Reyes Barahona, en 68. Además, Flor Alba Roa de Herrera (en 32), Yherson Daniel Herrera (en 46) y Fernando Herrera Saldaña (en 13).
También identificaron que 176 tenían el mismo correo (amigosambientalistas01@gmail.com) y que 252 certificaban como actividades en pro de la protección del medio ambiente el pago de propaganda en las emisoras Guasca Stereo y Radio Panamericana. Esto alertó sobre un posible esquema para influir en la elección en el Consejo Directivo de la CAR, razón por la que la autoridad ambiental inhabilitó a 200 organizaciones para participar en la elección.
No obstante, varias de ellas radicaron tutelas, bajo el argumento de la violación al debido proceso y la igualdad, con lo que lograron que un juez suspendiera provisionalmente la elección y luego les permitiera participar. El conflicto se avivó tras un episodio particular en la audiencia de votación, a finales de 2019. De la diligencia no solo se salieron la Procuraduría y la Defensoría, sino 35 organizaciones ambientalistas, al advertir que no había garantías en el mecanismo de elección.
Ellos ventilaron la molestia relacionada con el mecanismo de elección. Aunque la lógica indicaba que las sociedades inscritas debían votar por un candidato y los dos delegados fueran las de mayores votaciones, en este caso cada empresa podía votar dos veces. El reproche era que, con muchas fundaciones cuestionadas, el método ponía en desventaja a los grupos minoritarios, pues había candidatos que representaban varias organizaciones.
Todo esto se sumó a los reclamos de algunos reconocidos ambientalistas, que días antes habían criticado las intenciones de Motta de hacerse reelegir en el cargo, en el que cumple más de 20 años. Según señala la ambientalista Alegría Fonseca, su constante reelección ha impedido la participación de otros líderes que sí han trabajado de forma visible por el medioambiente. A pesar de las quejas, al final reeligieron a Alejandro Motta e Iván Garzón como representantes de las empresas sin ánimo de lucro en la junta directiva de la Corporación. Según el acta, Motta ganó con 103 votos y Garzón, con 102.
Esta reelección cayó como un baldado de agua en un sector de los ambientalistas, que teniendo en cuenta los hallazgos previos de la CAR con las fundaciones de papel; ratificar hacia donde estaban dirigidos los votos y descubrir que en su momento a Motta lo habilitaron sin haber presentado la hoja de vida con soportes de formación profesional y experiencia, tomaron la decisión de solicitar ante el Consejo de Estado la nulidad de dicha elección. Hoy dos años después, los magistrados les dieron la razón. El periodo de Motta estaba previsto hasta 2023. Ahora tendrán que buscar su reemplazo.
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