Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen
Los constructores, agentes inmobiliarios, bancos y agentes de inversión son los que más hectáreas tienen en la reserva. Varios de ellos financiaron la campaña del alcalde Enrique Peñalosa. De materializarse el plan del Distrito, sus propiedades multiplicarían su valor.
Alexánder Marín Correa / Jaime Flórez Suárez
Detrás de las 1.340 hectáreas que conforman la Reserva Thomas van der Hammen hay una gran lucha de intereses que se reavivó desde que el alcalde Enrique Peñalosa puso de nuevo sus ojos sobre la zona de protección, para cumplir con su plan de expansión urbana. Y no es para menos. De levantarse la protección ambiental que pesa sobre la zona y que detiene la urbanización, los grandes beneficiados serían los constructores que tienen propiedades y los dueños de las urbanizaciones. ¿Cómo? Simple: el valor de cada metro cuadrado se multiplicaría al menos por 10.
Cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reglamentó la Reserva en 2011, y se planteó la posibilidad de que el Distrito adquiriera los 13,4 millones de metros cuadrados de la zona para dedicarlos a la conservación, los estudios y los avalúos catastrales indicaban que comprar todos los terrenos costaría al menos $300.000 millones, un precio promedio de $21.400 por metro cuadrado. En la actualidad el discurso del alcalde es que comprarlos es casi imposible porque todos los predios costarían alrededor de $2,2 billones.
Al conocer los detalles de cada uno de los 361 predios que conforman la Reserva y de revisar casi 1.000 fichas catastrales de los inmuebles construidos dentro de la zona de protección, hay un dato diciente: al menos 30 de cada 100 hectáreas de la reserva forestal están en manos de constructores, agentes inmobiliarios, bancos y fondos de inversión que adquirieron terrenos con la intención de poder urbanizar.
De campesinos a constructores
De acuerdo con un estudio que realizó el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en el que se encuentra un recuento histórico del cambio del uso de suelos de la Reserva, desde los años 40 a la fecha ha habido una transformación que la llevó de ser una zona que sólo les importaba a los campesinos y a un puñado de familias a estar hoy en la mira de los más altos intereses privados.
Durante las décadas del 40 y 50 se fragmentaron las haciendas La Conejera y Las Mercedes, las más importantes en la zona. Después de su parcelación comenzó la venta de tierra en pequeñas proporciones. Allí llegaron algunas familias y campesinos a construir sus viviendas y a explotar agrícolamente los terrenos. En los 70 se dio un proceso de cambio de propietarios, que dio paso a quienes se dedicaban a actividades agroindustriales, como la floricultura. Desde entonces, empezaron a aparecer las primeras empresas inmobiliarias que compraron con la expectativa de la evidente expansión de la ciudad hacia el norte. A finales de siglo llegaron bancos y empresas de inversión en la zona, lo que indicaba que esas tierras se hicieron interesantes frente a los potenciales incrementos del precio de su suelo.
En 2000, el Ministerio de Ambiente declaró la zona de reserva, aunque no la reglamentó. En la década siguiente, cuando el norte de la ciudad fue señalado como zona de expansión, la Van der Hammen ganó protagonismo. Los constructores se asentaron allí con fuerza ante las expectativas de urbanizar. Las familias, que fueron las primeras propietarias, empezaron a vender. Con la declaración de la reserva ambiental y las pretensiones económicas de por medio, el destino de esas tierras quedó en el limbo. Y así, entre dudas e intereses, se configuró el nuevo mapa de dueños de la Van der Hammen.
Los 30 más grandes
Luego de analizar las actividades de los que actualmente son propietarios de los casi 400 predios que hay en la Reserva se encuentra un dato contundente: Tan sólo 30 empresas y sociedades poseen 1.020 hectáreas de las 1.340 que declararon como zona protegida. Es decir, entre este pequeño grupo está la posesión del 76 % del total de la Van der Hammen.
Pero al revisar en detalle entre este grupo de grandes propietarios se encuentran datos llamativos. Por ejemplo, mientras las sociedades que se dedican a la agroindustria (flores y cultivos) son dueños del 25,5 % de las hectáreas de la Reserva, hoy los mayores poseedores de tierra son las sociedades que, por su actividad, tendrían gran interés en que cambie el uso de suelo de la zona. Al pasar de zona protegida a urbanizable, el valor de sus propiedades aumentaría exponencialmente.
Entre esos 30 propietarios, las sociedades que reportan la construcción como actividad principal tienen 19 de cada 100 hectáreas de la reserva (19,1 %); seguidas por empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias (5,7 %); bancos (2,3 %), y mercado de valores (1,8 %). Si a esto se suma el sector de La Lomita (9,6 %), que ya está urbanizado y es donde tienen casa dos funcionarios del actual gabinete distrital, en total suman el 29,6 % de las áreas de la Reserva, superando las empresas dedicadas a la agroindustria.
Es decir, sólo entre agroindustriales y empresas interesadas en la construcción suman el 55 % de la Reserva. Luego se encuentran predios sin información del propietario (5,5 %); entidades del Distrito (3,7 %); un ciudadano que estuvo investigado por lavado de activos (2,3 %), y hasta un caso particular: una empresa explotadora de petróleo es dueña del 2,5 % de la Van der Hammen.
Los financiadores
Al rastrear casi mil registros catastrales de propiedades dentro de la Reserva se encuentra otra serie de entidades y empresas que también podrían verse beneficiadas en caso de que el Distrito logre el cambio de uso de suelos. Éstas tienen una característica particular: hicieron aportes para financiar la campaña del alcalde Enrique Peñalosa.
El caso más sonado por estos días fue el del secretario de Planeación, Andrés Ortiz Gómez. Se conoció que él, su esposa y su cuñada son dueños de tres predios en la Reserva. Este caso es relevante porque él es el encargado de definir la política del uso de suelo en la ciudad y, especialmente, justificar ante las autoridades ambientales la necesidad de levantar la restricción que pesa sobre la zona de reserva y de esta manera poder construir. Esta situación le generó cuestionamientos que, incluso, llevaron a que lo recusaran ante la Procuraduría para que lo declararan impedido para tomar cualquier decisión alrededor de la Reserva.
Los reparos que recaen sobre él van más allá de las simples propiedades. El caso de Ortiz se debe ligar al de su empresa Contexto Urbano. Esta firma, que es una de las grandes constructoras del país, le aportó a la campaña del alcalde $1,5 millones, y aunque no tiene predios directamente en la zona de protección, varios de sus clientes sí, como es el caso de Colpatria y la firma Arquitectura y Concreto, que como dato particular cuenta con una propiedad de 60 hectáreas, una de las más grandes que hay en la Van der Hammen.
Pero el de Ortiz no es el único caso de un funcionario con intereses en la Reserva. A él se suma la actual gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez Hernández (aportó $1 millón a la campaña), quien tiene un predio a su nombre junto a su esposo Óscar Moreno Tibavisco.
Ambos viven en el sector de La Lomita, la zona más urbanizada de la Reserva, con 503 inmuebles y donde aún se adelantan proyectos a pesar de ser zona protegida. Allí también hay datos dicientes. Los que más propiedades tienen allí también financiaron la campaña del alcalde Peñalosa. De las casas construidas, 117 (el 23 %) aparecen a nombre del Fideicomiso Camino de Arrayanes, que figura en la página web como un proyecto de la constructora Pedro Gómez y Cía. (donó $1 millón a la campaña). Pedro Gómez, fundador de la sociedad, ha sido cercano al alcalde Peñalosa. Otro punto de conexión entre el alcalde y esta organización es Andrés Escobar Uribe, gerente de la recién creada Empresa Metro, quien viene de ser el presidente de ese gigante de la construcción.
El segundo mayor propietario es Davivienda. En el reporte de financiadores dice que este banco le donó $26 millones a la campaña. Al revisar en registros de los predios de La Lomita aparece la entidad financiera con 28 propiedades. Finalmente está la firma Arpo Arquitectos (donó $20 millones), con un predio de casi dos hectáreas en la Reserva.
Aunque la situación de los funcionarios y sus parientes resulta irrelevante para Peñalosa , como lo manifestó en redes sociales, por lo menos genera suspicacias, pues es claro que a largo plazo, de materializarse el plan que tiene el Distrito con la Van der Hammen, tanto los funcionarios como muchos de los financiadores del mandatario se beneficiarían al multiplicar por 10 la inversión que hicieron en la Reserva.
“En la Reserva solo tenemos una casa”: Astrid Álvarez
Luego de publicado el informe “Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen” y en el que se indicó en la versión impresa que el esposo de la gerenta de la Empresa de Energía, Óscar Moreno Tibavisco era propietario de 13 hectáreas, la funcionaria señaló que ella y su esposo sí tienen una casa en una de las urbanizaciones que hay en la Reserva, pero que ni ella ni su esposo, ni directamente ni por persona o empresa interpuesta, tienen otra propiedad en esta reserva.
Luego de revisar la base de datos se encontró de los propietarios que la información publicada por El Espectador es equivocada y se trató de un error que se cometió a la hora de hacer en el cruce de la información con los registros de las propiedades, financiadores, funcionarios públicos y sus familiares. Lamentamos las molestias ocasionadas con la información errada.
De igual forma, en la versión impresa se señala que el Secretario de Planeación era propietario de 2,3 hectáreas y, aclaramos, que son 0,23 hectáreas
Detrás de las 1.340 hectáreas que conforman la Reserva Thomas van der Hammen hay una gran lucha de intereses que se reavivó desde que el alcalde Enrique Peñalosa puso de nuevo sus ojos sobre la zona de protección, para cumplir con su plan de expansión urbana. Y no es para menos. De levantarse la protección ambiental que pesa sobre la zona y que detiene la urbanización, los grandes beneficiados serían los constructores que tienen propiedades y los dueños de las urbanizaciones. ¿Cómo? Simple: el valor de cada metro cuadrado se multiplicaría al menos por 10.
Cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reglamentó la Reserva en 2011, y se planteó la posibilidad de que el Distrito adquiriera los 13,4 millones de metros cuadrados de la zona para dedicarlos a la conservación, los estudios y los avalúos catastrales indicaban que comprar todos los terrenos costaría al menos $300.000 millones, un precio promedio de $21.400 por metro cuadrado. En la actualidad el discurso del alcalde es que comprarlos es casi imposible porque todos los predios costarían alrededor de $2,2 billones.
Al conocer los detalles de cada uno de los 361 predios que conforman la Reserva y de revisar casi 1.000 fichas catastrales de los inmuebles construidos dentro de la zona de protección, hay un dato diciente: al menos 30 de cada 100 hectáreas de la reserva forestal están en manos de constructores, agentes inmobiliarios, bancos y fondos de inversión que adquirieron terrenos con la intención de poder urbanizar.
De campesinos a constructores
De acuerdo con un estudio que realizó el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en el que se encuentra un recuento histórico del cambio del uso de suelos de la Reserva, desde los años 40 a la fecha ha habido una transformación que la llevó de ser una zona que sólo les importaba a los campesinos y a un puñado de familias a estar hoy en la mira de los más altos intereses privados.
Durante las décadas del 40 y 50 se fragmentaron las haciendas La Conejera y Las Mercedes, las más importantes en la zona. Después de su parcelación comenzó la venta de tierra en pequeñas proporciones. Allí llegaron algunas familias y campesinos a construir sus viviendas y a explotar agrícolamente los terrenos. En los 70 se dio un proceso de cambio de propietarios, que dio paso a quienes se dedicaban a actividades agroindustriales, como la floricultura. Desde entonces, empezaron a aparecer las primeras empresas inmobiliarias que compraron con la expectativa de la evidente expansión de la ciudad hacia el norte. A finales de siglo llegaron bancos y empresas de inversión en la zona, lo que indicaba que esas tierras se hicieron interesantes frente a los potenciales incrementos del precio de su suelo.
En 2000, el Ministerio de Ambiente declaró la zona de reserva, aunque no la reglamentó. En la década siguiente, cuando el norte de la ciudad fue señalado como zona de expansión, la Van der Hammen ganó protagonismo. Los constructores se asentaron allí con fuerza ante las expectativas de urbanizar. Las familias, que fueron las primeras propietarias, empezaron a vender. Con la declaración de la reserva ambiental y las pretensiones económicas de por medio, el destino de esas tierras quedó en el limbo. Y así, entre dudas e intereses, se configuró el nuevo mapa de dueños de la Van der Hammen.
Los 30 más grandes
Luego de analizar las actividades de los que actualmente son propietarios de los casi 400 predios que hay en la Reserva se encuentra un dato contundente: Tan sólo 30 empresas y sociedades poseen 1.020 hectáreas de las 1.340 que declararon como zona protegida. Es decir, entre este pequeño grupo está la posesión del 76 % del total de la Van der Hammen.
Pero al revisar en detalle entre este grupo de grandes propietarios se encuentran datos llamativos. Por ejemplo, mientras las sociedades que se dedican a la agroindustria (flores y cultivos) son dueños del 25,5 % de las hectáreas de la Reserva, hoy los mayores poseedores de tierra son las sociedades que, por su actividad, tendrían gran interés en que cambie el uso de suelo de la zona. Al pasar de zona protegida a urbanizable, el valor de sus propiedades aumentaría exponencialmente.
Entre esos 30 propietarios, las sociedades que reportan la construcción como actividad principal tienen 19 de cada 100 hectáreas de la reserva (19,1 %); seguidas por empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias (5,7 %); bancos (2,3 %), y mercado de valores (1,8 %). Si a esto se suma el sector de La Lomita (9,6 %), que ya está urbanizado y es donde tienen casa dos funcionarios del actual gabinete distrital, en total suman el 29,6 % de las áreas de la Reserva, superando las empresas dedicadas a la agroindustria.
Es decir, sólo entre agroindustriales y empresas interesadas en la construcción suman el 55 % de la Reserva. Luego se encuentran predios sin información del propietario (5,5 %); entidades del Distrito (3,7 %); un ciudadano que estuvo investigado por lavado de activos (2,3 %), y hasta un caso particular: una empresa explotadora de petróleo es dueña del 2,5 % de la Van der Hammen.
Los financiadores
Al rastrear casi mil registros catastrales de propiedades dentro de la Reserva se encuentra otra serie de entidades y empresas que también podrían verse beneficiadas en caso de que el Distrito logre el cambio de uso de suelos. Éstas tienen una característica particular: hicieron aportes para financiar la campaña del alcalde Enrique Peñalosa.
El caso más sonado por estos días fue el del secretario de Planeación, Andrés Ortiz Gómez. Se conoció que él, su esposa y su cuñada son dueños de tres predios en la Reserva. Este caso es relevante porque él es el encargado de definir la política del uso de suelo en la ciudad y, especialmente, justificar ante las autoridades ambientales la necesidad de levantar la restricción que pesa sobre la zona de reserva y de esta manera poder construir. Esta situación le generó cuestionamientos que, incluso, llevaron a que lo recusaran ante la Procuraduría para que lo declararan impedido para tomar cualquier decisión alrededor de la Reserva.
Los reparos que recaen sobre él van más allá de las simples propiedades. El caso de Ortiz se debe ligar al de su empresa Contexto Urbano. Esta firma, que es una de las grandes constructoras del país, le aportó a la campaña del alcalde $1,5 millones, y aunque no tiene predios directamente en la zona de protección, varios de sus clientes sí, como es el caso de Colpatria y la firma Arquitectura y Concreto, que como dato particular cuenta con una propiedad de 60 hectáreas, una de las más grandes que hay en la Van der Hammen.
Pero el de Ortiz no es el único caso de un funcionario con intereses en la Reserva. A él se suma la actual gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez Hernández (aportó $1 millón a la campaña), quien tiene un predio a su nombre junto a su esposo Óscar Moreno Tibavisco.
Ambos viven en el sector de La Lomita, la zona más urbanizada de la Reserva, con 503 inmuebles y donde aún se adelantan proyectos a pesar de ser zona protegida. Allí también hay datos dicientes. Los que más propiedades tienen allí también financiaron la campaña del alcalde Peñalosa. De las casas construidas, 117 (el 23 %) aparecen a nombre del Fideicomiso Camino de Arrayanes, que figura en la página web como un proyecto de la constructora Pedro Gómez y Cía. (donó $1 millón a la campaña). Pedro Gómez, fundador de la sociedad, ha sido cercano al alcalde Peñalosa. Otro punto de conexión entre el alcalde y esta organización es Andrés Escobar Uribe, gerente de la recién creada Empresa Metro, quien viene de ser el presidente de ese gigante de la construcción.
El segundo mayor propietario es Davivienda. En el reporte de financiadores dice que este banco le donó $26 millones a la campaña. Al revisar en registros de los predios de La Lomita aparece la entidad financiera con 28 propiedades. Finalmente está la firma Arpo Arquitectos (donó $20 millones), con un predio de casi dos hectáreas en la Reserva.
Aunque la situación de los funcionarios y sus parientes resulta irrelevante para Peñalosa , como lo manifestó en redes sociales, por lo menos genera suspicacias, pues es claro que a largo plazo, de materializarse el plan que tiene el Distrito con la Van der Hammen, tanto los funcionarios como muchos de los financiadores del mandatario se beneficiarían al multiplicar por 10 la inversión que hicieron en la Reserva.
“En la Reserva solo tenemos una casa”: Astrid Álvarez
Luego de publicado el informe “Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen” y en el que se indicó en la versión impresa que el esposo de la gerenta de la Empresa de Energía, Óscar Moreno Tibavisco era propietario de 13 hectáreas, la funcionaria señaló que ella y su esposo sí tienen una casa en una de las urbanizaciones que hay en la Reserva, pero que ni ella ni su esposo, ni directamente ni por persona o empresa interpuesta, tienen otra propiedad en esta reserva.
Luego de revisar la base de datos se encontró de los propietarios que la información publicada por El Espectador es equivocada y se trató de un error que se cometió a la hora de hacer en el cruce de la información con los registros de las propiedades, financiadores, funcionarios públicos y sus familiares. Lamentamos las molestias ocasionadas con la información errada.
De igual forma, en la versión impresa se señala que el Secretario de Planeación era propietario de 2,3 hectáreas y, aclaramos, que son 0,23 hectáreas