Constructores pierden la pelea por urbanizar en La Conejera, al noroccidente de Bogotá

El Consejo de Estado puso fin al pleito judicial alrededor del proyecto urbanístico Reserva del Fontanar, ubicado en inmediaciones del humedal La Conejera, y ratificó que en la zona no se pueden adelantar obras de infraestructura urbana, dado su impacto en la estructura ambiental. Por este caso, el entonces alcalde Gustavo Petro se tuvo que declarar impedido en 2014, teniendo en cuenta que su concuñado, Carlos Gutiérrez, figuraba como presidente de la junta de la constructora a cargo del proyecto.

En un fallo de segunda instancia, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno, el alto tribunal reivindicó el interés ecológico que reviste el sector y pese a los derechos adquiridos que alegaba el constructor, negó sus pretensiones y, de paso, respaldó decisiones previas adoptadas por otros organismos que se negaron a conceder la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición total para los predios Subatá, Subatá 2 y Suatiguá.

El pleito se remonta a 2005, cuando la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá, y posteriormente el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, negaron la licencia de construcción respaldando la decisión en un acuerdo del Concejo de Bogotá que data de 1995, en el que se declaró al cerro La Conejera como Reserva Natural, Ambiental y Paisajística.

Ante ello, la constructora demandó y reclamó derechos adquiridos sobre los predios, que fueron consagrados en una resolución de 1992 que, entre otras, permitía el uso complementario de vivienda. El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en 2012 resolvió a favor de Planeación y de la Curaduría. Ante este revés judicial, la constructora apeló la decisión y, de manera adicional, pidió una indemnización tasada en $2.000 millones por daños y perjuicios. 

El pleito escaló hasta el Consejo de Estado, que finalmente confirmó lo dicho por el tribunal, al precisar que una ley de 1993 había declarado La Conejera como Zona de Interés Ecológico Nacional. Tal declaratoria, dice el alto tribunal, se hizo mucho antes de que se solicitara la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, “de manera que prima el interés general sobre el particular".

En el fallo, se destaca que en la reserva se encuentran ejemplares de fauna y flora nativas de la sabana como la tingua bogotana y el cucarachero de pantano, ranas, curíes y varias especies de comadrejas, así como miles de aves migratorias.

“Sobre la sabana de Bogotá recae un interés ecológico Nacional y en virtud de éste, el Distrito tiene el deber de preservar su conservación y propender por el desarrollo sostenible de la misma a través de la reglamentación del uso del suelo, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal (…) En el caso que nos ocupa, resulta claro el interés público que reviste el cerro de La Conejera y su área de influencia por las particularidades ambientales y ecológicas que caracterizan esta zona”, señala el fallo.

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El Consejo de Estado puso fin al pleito judicial alrededor del proyecto urbanístico Reserva del Fontanar, ubicado en inmediaciones del humedal La Conejera, y ratificó que en la zona no se pueden adelantar obras de infraestructura urbana, dado su impacto en la estructura ambiental. Por este caso, el entonces alcalde Gustavo Petro se tuvo que declarar impedido en 2014, teniendo en cuenta que su concuñado, Carlos Gutiérrez, figuraba como presidente de la junta de la constructora a cargo del proyecto.

En un fallo de segunda instancia, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno, el alto tribunal reivindicó el interés ecológico que reviste el sector y pese a los derechos adquiridos que alegaba el constructor, negó sus pretensiones y, de paso, respaldó decisiones previas adoptadas por otros organismos que se negaron a conceder la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición total para los predios Subatá, Subatá 2 y Suatiguá.

El pleito se remonta a 2005, cuando la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá, y posteriormente el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, negaron la licencia de construcción respaldando la decisión en un acuerdo del Concejo de Bogotá que data de 1995, en el que se declaró al cerro La Conejera como Reserva Natural, Ambiental y Paisajística.

Ante ello, la constructora demandó y reclamó derechos adquiridos sobre los predios, que fueron consagrados en una resolución de 1992 que, entre otras, permitía el uso complementario de vivienda. El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en 2012 resolvió a favor de Planeación y de la Curaduría. Ante este revés judicial, la constructora apeló la decisión y, de manera adicional, pidió una indemnización tasada en $2.000 millones por daños y perjuicios. 

El pleito escaló hasta el Consejo de Estado, que finalmente confirmó lo dicho por el tribunal, al precisar que una ley de 1993 había declarado La Conejera como Zona de Interés Ecológico Nacional. Tal declaratoria, dice el alto tribunal, se hizo mucho antes de que se solicitara la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, “de manera que prima el interés general sobre el particular".

En el fallo, se destaca que en la reserva se encuentran ejemplares de fauna y flora nativas de la sabana como la tingua bogotana y el cucarachero de pantano, ranas, curíes y varias especies de comadrejas, así como miles de aves migratorias.

“Sobre la sabana de Bogotá recae un interés ecológico Nacional y en virtud de éste, el Distrito tiene el deber de preservar su conservación y propender por el desarrollo sostenible de la misma a través de la reglamentación del uso del suelo, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal (…) En el caso que nos ocupa, resulta claro el interés público que reviste el cerro de La Conejera y su área de influencia por las particularidades ambientales y ecológicas que caracterizan esta zona”, señala el fallo.

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