Consulta popular: la nueva forma del debate sobre el futuro del Metro de Bogotá

El debate sobre el Metro de Bogotá ha tomado durante los últimos 60 años diferentes formas, entre diversos sectores de la capital. En esta ocasión, la idea es llevar la discusión a las urnas, a través de una consulta popular, para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro de la Línea 1, así como del funcionamiento de Transmilenio.

El debate sobre el Metro de Bogotá ha tomado durante los últimos 60 años diferentes formas, entre diversos sectores de la capital. En esta ocasión, la idea es llevar la discusión a las urnas, a través de una consulta popular, para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro de la Línea 1, así como del funcionamiento de Transmilenio.

Aunque la iniciativa ya la radicó ante la Registraduría el concejal Óscar Ramírez Vahos (Centro Democrático), para concretarse este mecanismo de participación, primero se deben reunir 600 mil firmas válidas, lo que obligaría a disponer de todo lo necesario para que ciudadanos puedan responder cinco preguntas relacionadas con la movilidad.

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“Esperamos que los bogotanos puedan decidir si quieren o no que se modifiquen las obras del metro, tras los reiterados anuncios del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de modificar este proyecto. Sin embargo, la consulta popular también preguntará a los ciudadanos sobre temas sensibles del futuro del sistema Transmilenio”, detalló Ramírez, cabildante del Centro Democrático.

La pregunta clave de la consulta es si ¿están dispuestos los bogotanos a esperar el Metro hasta el 2035?, esto dentro del contexto del debate sobre el posible cambio para que el metro de sea subterráneo o elevado, al menos en ciertos tramos.

El trámite ya fue aceptada por la Registraduría, según Ramírez, y en la ciudad ya hay vallas alusivas a la consulta que, de conseguir las firmas suficientes, se realizaría en las próximas elecciones locales,el 29 de octubre del 2023. Es decir, coincidiría con la elección del nuevo alcalde de Bogotá.

Una consulta en año electoral

De acuerdo con Ramírez, el objetivo es hacer obligatorio el pronunciamiento de la ciudadanía respecto al proyecto, con los resultados de la consulta popular. Sin embargo, como indica la ley y algunos expertos, este mecanismo no aplicaría en todos los casos.

“Dado el tiempo que hemos pasado en esos debates alrededor del metro, se entiende que se busque acudir a un mecanismo para solucionar de una vez por todas esta situación para vincular a los gobiernos que vienen, pero me parece que un mecanismo de participación ciudadana de este tipo no es el adecuado”, indicó el docente Yan Basset, del Grupo de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario.

En ese sentido, como ha indicado la Registraduría, no se pueden realizar consultas populares sobre temas relacionados con materias que sean competencia exclusiva del Gobierno, los gobernadores o alcaldes, de temas presupuestales, fiscales o tributarios, entre otros.

Un ejemplo de esto es la pregunta relacionada con la reducción de los paquetes de descuentos en el valor de los pasajes de Transmilenio, lo cual podría resultar en un impacto fiscal a largo término. Además, los expertos indican que las preguntas no atienden a un asunto específico de la ciudad.

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“Este tipo de mecanismo de consulta se utilizan cuando se quiere determinar, por ejemplo, en peajes o no en Bogotá, o temas específicos que impliquen a las entidades de la ciudad. En el caso del metro, esta tiene implicaciones fiscales y técnicas, que impiden que sea el mecanismo adecuado y puede ser tumbado por un alto tribunal”, indicó Ricardo Herrera, abogado y experto en contratación pública.

¿Y los tiempos?

Otra de las preocupaciones ante la consulta son los tiempos que tiene para materializarse. Según indicó la Registraduría Nacional, el movimiento detrás de la consulta contara hasta el próximo 16 de junio para recolectar más de medio millón de firmas.

Según ha indicado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, si se continúa con el proyecto, tal como está contratado en este momento, se espera iniciar con la instalación de la primera viga durante el inicio del segundo semestre de 2023.

“No es viable debido a que los tiempos de consulta y materialización en decretos o leyes, no coinciden con los tiempos de ejecución o construcción de la Primera Línea subterránea. Es decir, de aquí a que la consulta se transforme en mandato popular, la construcción del metro subterráneo ya va a estar tan avanzada que resultará muy onerosa para la ciudad tapar el hueco y hacerlo en superficie”, indicó Jose Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.

Participación ciudadana

Un elemento que señala la consulta popular es la falta de participación de los capitalinos en la decisión de cambiar o no el contrato de concesión, para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con expertos, estos elementos se pueden compensar, no a través de un voto, sino a través de foros ciudadanos, donde se escuchen las preocupaciones de la gente en torno al proyecto.

“Podría inventarse un mecanismo de deliberación, como un panel ciudadano, por ejemplo, eligiendo ciudadanos de distinto de distintos barrios de Bogotá, para representar un poco a la diversidad de usuarios que utilizarán el metro o del sistema de transporte en general”, indicó Yan Basset, el Grupo de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario.

Cabe recalcar que el futuro depende de las juntas directivas de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales están integradas por tres representantes del Distrito, tres de la nación y tres particulares, dentro de estos últimos hay uno de la Universidad Nacional, otro de Probogotá y un delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

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