Contratación de personas con discapacidad: la deuda pendiente del Distrito

Desde 2017, en Colombia se radicó la Ley 2011, que establece una serie de cuotas para contratar a personas con discapacidad en las entidades del Estado, así como los beneficios fiscales para privados que integren en sus empresas a esta población, esto con el fin de incentivar su integración al mercado laboral. Sin embargo, a pesar de todo este andamiaje legislativo que es vigilado por los entes de control, las cifras sobre la empleabilidad y contratación de personas con discapacidad en la capital continúan siendo preocupantes.

De acuerdo con la normativa, en cada entidad del Distrito las personas con discapacidad deberán representar cerca del 1 % del personal contratado, lo que corresponde a alrededor de 400 puestos de trabajos reservados para esta población. Aun así, en Bogotá, varias entidades reportaron que en 2021 no contrataron personal con discapacidad y, según denuncias, presentan cifras con algunas irregularidades para cumplir con la exigencia de dichas cuotas.

“¿Qué están haciendo ahora las entidades? Están contando el cumplimiento de esta medida con la integración de personas con contrato de prestación de servicios, solo para la estadística, para tenerlo como trofeo”, aseguró Alcibíades Serrato, presidente de la Asociación Colombiana de Personas con Discapacidad Física (Acopedifi).

De esta manera, ante el llamado de atención de las entidades de control sobre la aplicación de la medida, más allá de discutir el cumplimiento y/o veracidad detrás de estas cifras, estos números reflejan una realidad de carne y hueso, donde vale la pena preguntarse sobre las condiciones de empleabilidad de esta población, sus barreras de acceso y la inclusión o no en el mercado laboral de la capital.

Las barreras de acceso

En Bogotá, como en el resto del país, la contratación de personas con discapacidad es un asunto vital para una población históricamente marginada. De acuerdo con cifras del DANE, por lo menos ocho de cada diez personas con discapacidad se encuentran desempleadas en el país. Además, según una investigación realizada en 2016 por la Universidad La Gran Colombia, la tasa de desempleo de la población con discapacidad visual es siete veces mayor que la de quienes tienen otras limitaciones en el país (62 %), donde las mujeres son las más afectadas con una tasa de desempleo del 69 %.

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En ese sentido, la contratación distrital se vuelve aún más importante para reforzar la inclusión de esta población al mercado laboral de la capital. Aun así, asociaciones y activistas de las personas con discapacidad señalan que quienes integran esta población son contratados, muchas veces a pesar de su alta preparación, para desempeñar cargos auxiliares y pocos contratos administrativos.

Asimismo, frente a las convocatorias de empleo que ofrece la ciudad se han presentado denuncias sobre cómo estas benefician realmente a la población con discapacidad.

“En los concursos que se están habilitando no se está cumpliendo con dejar la reserva legal para personas con discapacidad. Por lo tanto, se ha pedido en las convocatorias que se destine un porcentaje para que las que compitan sean las personas con discapacidad”, aseguró Serrato, presidente de Acopedifi.

Por su parte, en el programa “Talento No Palanca”, un banco de hojas de vida del Distrito, de las 2.496 personas con discapacidad que se inscribieron en 2021, solo fueron contratadas cerca del 0,022 %, lo que llama la atención sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad a una oportunidad de empleo.

Acosos laboral y social

“Tener un puesto es un privilegio para nosotros”, así lo asegura Tatiana Rodríguez, fundadora de Sirius, una fundación que trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad en Bogotá y en el país. Según lo declara Rodríguez, muchas veces las personas con discapacidad no denuncian estas situaciones debido al temor a ser despedidos.

Esto se debe a la presión que sienten los empleados con discapacidad, que tienen que demostrar que son muy hábiles en su área para ser contratados, además de los estigmas sociales, y aun así sienten que pueden ser fácilmente reemplazados.

Investigaciones y acompañamientos que realiza la fundación a varias personas con discapacidad, que están vinculadas en entidades del Distrito, revelan que han sido acosadas por sus empleadores debido a errores cometidos en el trabajo. En un caso, en el cual se pidió reserva del nombre y de la entidad, una persona con discapacidad fue investigada administrativamente por derramar una pintura en un pasillo de su oficina.

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Pero existe otra dificultad: los certificados de incapacidad. “Nosotros tenemos casos de personas que no tienen trabajo por el certificado de discapacidad, porque no quieren que eso se convierta en un problema para reclamar la pensión”, aseguró Rodríguez.

Cultura de la inclusión

Las organizaciones y activistas de estas causas aseguran que en la ciudad se necesita trabajar en la integración social de las personas con discapacidad para eliminar estas barreras del empleo, lo cual es un elemento que se puede enmendar con la educación de los ciudadanos.

En ese sentido, las asociaciones aseveran que más allá de los beneficios administrativos o fiscales que puedan beneficiar a las empresas, la integración de esta población puede ayudar a aumentar la diversidad en las oficinas de trabajo.

“Las empresas deben abrir puertas para conocer y aprender formas de ser distintas, porque es una riqueza enorme que tenemos las personas con discapacidad”, concluyó Tatiana Rodríguez

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