Contrato con CGR Doña Juana ya tiene fecha de caducidad: máximo hasta 2025

La gran expectativa que había alrededor del laudo arbitral, en el pleito que libran el Distrito y CGR, por el relleno Doña Juana, en términos generales, se podría decir que terminó en tablas. Ambos incumplieron el contrato. No obstante, en medio de las 50 decisiones que tomaron los árbitros hay una que es clave para el futuro del relleno: el contrato con CGR ya tiene fecha de caducidad y será cuando expire la actual licencia ambiental, la cual, se estima, termina entre 2024 y 2025.

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El anuncio pone fin a la aspiración de CGR de tramitar una nueva licencia ambiental y convertirse en operador vitalicio del relleno. Ahora, con la claridad del tribunal, el Distrito podrá pensar en el futuro del sitio de disposición y su necesaria modernización. La noticia se conoció en la tarde de este lunes a través de una audiencia virtual, en la que leyeron el resuelve de una decisión, de casi 1.400 folios.

A favor del operador

Desde que inició el laudo arbitral el principal argumento de CGR, operador del relleno Doña Juana desde 2010, era que la tarifa que fijó el contrato era insuficiente. Tras analizar las evidencias, los árbitros le dieron la razón y señalaron que la Uaesp incumplió el contrato al establecer tarifas para el tratamiento de lixiviados y de disposición de residuos sólidos, los que resultaron insuficientes “para permitir la recuperación de los costos de la operación, expansión, y mantenimiento”.

Reconocieron que la situación afectó adversamente el contrato, lo que profundizó la crisis económica del operador, razón por la cual condenaron al Distrito a pagarle a CGR una indemnización por $53.889 millones. Adicionalmente, obligaron a la entidad a devolver el dinero que le había descontado por “factor de calidad” en la prestación del servicio, al considerarlo un descuento indebido. La decisión sumó $6.376 millones a favor de CGR.

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El panel arbitral declaró, además, que la Uaesp violó la ley al no estimar bien el valor del riesgo de optimización de la planta de lixiviados y declaró nulas las cláusulas que obligaban al contratista a construir dicha planta; que incumplió un acuerdo frente a la disposición de residuos mixtos (mezcla de basura y escombros), por lo que la obligó a pagar facturas pendientes por $5.626 millones, y a devolver $422 millones por obras de reparación que debía pagar el Distrito. En total, el saldo a favor de CGR es de casi $66.000 millones, que pagarán los bogotanos.

A favor del Distrito

Pero los árbitros también expusieron los incumplimientos de CGR y los enlistaron uno a uno. Por ejemplo, el no haber realizado el mantenimiento de los equipos del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, no cumplir la normatividad de vertimientos, por almacenar lixiviados en la celda VI, por no culminar obras de estabilización de taludes, no haber realizado la reparación de la capa asfáltica de la vía principal, no disponer de la totalidad de la maquinaria para la operación y no reemplazarla por nueva, y no haber atendido los requerimientos de información sobre los costos de la operación, entre otros.

Frente a esto, el laudo no solo obligó a CGR a entregar toda la información sobre los costos de la operación, con soportes contables, sino que la condenó a pagar a la Uaesp $4.132 millones, por concepto de cláusula penal pecuniaria, “como estimación anticipada de los perjuicios derivados de la falta de mantenimiento de los pondajes en 2019 y 2020″.

Esta declaratoria, seguro, servirá para adelantar nuevos procesos que apunten a una caducidad del contrato, en especial ahora que se levantaron las medidas cautelares que tenían maniatada a la Uaesp para adelantar investigaciones en contra del contratista.

Tras conocer la decisión, la alcaldesa Claudia López se pronunció a través de las redes sociales, señalando que “¡CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya! Ni los bogotanos tendremos que pagar $1,2 billones que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá de 2024″. Por ahora las partes tienen hasta el 21 de abril para solicitar aclaraciones del fallo.

¿Qué viene?

Tras hacerse pública la decisión del laudo arbitral, tanto el Distrito como CGR tienen la opción de presentar un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. Los expertos explican que no se trata de una segunda instancia, en la que se pueda volver a debatir cada una de las pruebas. Se trata de una revisión en la que se impugnan causales específicas, como la omisión de pruebas o la falta de competencia de los árbitros para pronunciarse frente a determinados temas.

En caso de tomar la decisión de acudir a este recurso, le corresponderá a la Sección Tercera del alto tribunal administrativo, que podría tardar hasta seis meses en tomar una decisión. No obstante, por la experiencia con otros laudos arbitrales, parece complejo que los argumentos prosperen.

Por ahora, aunque se tiene una certeza frente a que CGR tiene los días contados al frente del relleno Doña Juana, la administración tendrá que reservar recursos en el presupuesto del próximo año para pagar lo que ordenó el laudo arbitral. Será el próximo alcalde quien asuma el reto de pensar en el futuro de Doña Juana.

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