Contrato de transporte escolar en Bogotá debe esperar

La Secretaría de Educación trata de asegurar la continuidad del transporte escolar para 32.000 estudiantes de colegios distritales durante el segundo semestre del año, que según el calendario escolar inicia el 6 de julio. Sin embargo, la licitación con la que pretendía adjudicar el contrato por $43.644 millones la tuvo que declarar desierta ante la falta de oferentes.  Eso ocurrió el pasado 20 de abril y se espera que la próxima semana la Secretaría abra un nuevo proceso para seleccionar los contratistas. Esta vez no se valdrá de una licitación, que toma cerca de dos meses, sino de por selección abreviada, que demora la mitad. Mabel Milena Sandoval, directora de Bienestar estudiantil en ese despacho y encargada de esta contratación, explica que “la idea es adjudicar el contrato a mediados de junio”.

 

Dos factores influyeron para que los transportadores decidieran no presentarse. El primero, explicó la funcionaria, fue que la Secretaría, siguiendo nuevas directrices del Ministerio de Transporte, exigió que los vehículos tengan, como máximo, 15 años de antigüedad. Hasta ahora se permiten vehículos más viejos y de ahí la inconformidad.

 

El otro factor son los costos. El estudio más reciente a partir del que se determinaba la tarifa para las empresas que prestaban el servicio de transportar estudiantes databa de 2005. La Secretaría consideró necesario actualizarlo y contrató al Programa de Investigación en Tránsito y Transporte de la Universidad Nacional. En términos generales, se determinó que las empresas seleccionadas incurrirían en menores costos.

 

La inconformidad de los interesados se nota al consultar las observaciones que le hicieron al proceso. Allí la Secretaría sacó a relucir aspectos como los siguientes: el uso de nuevas tecnologías en los vehículos ha hecho que sea menos frecuente el cambio de repuestos; la existencia de más colegios entre 2005 y 2015 hace que los recorridos sean más cortos. Para estudiar parámetros como rendimiento y mantenimiento “se llevó a cabo la toma de información primaria directamente de las empresas transportadoras”, de acuerdo con la respuesta a una de las muchas inquietudes que estas presentaron por los costos. Y aunque la Secretaría le solicitó a la Universidad que revisara el estudio, esta se mantuvo en sus conclusiones.

 

Lo que inquieta es que para el proceso abreviado que comenzaría la próxima semana el Distrito deberá exigir, básicamente, los mismos requisitos. La directora de Bienestar estudiantil, no obstante, indicó que tras algunas reuniones con los transportadores los notó más receptivos.

 

Se trata de un asunto de cuidado. Los cerca de 32.000 estudiantes beneficiados están distribuidos en colegios públicos de las 20 localidades de Bogotá. Entre ellos, alumnos en condición de discapacidad y de habilidades especiales, así como aquellos que viven en zonas críticas de inseguridad o de difícil acceso, sobre todo en el sector rural. Una vez se suscriba, el contrato durará siete meses y medio.