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La EMB anunció en las últimas horas que nada de lo contenido en un estudio que la ANI le encargó a la SCI, tiene algún tipo de relación con los trabajos del metro que actualmente se están llevando a cabo en la ciudad.
Más información: El debate en la Sociedad de ingenieros: “metro subterráneo a como dé lugar”.
Dicho contrato, cabe resaltar, es objeto de una investigación por parte de la Procuraduría debido a su posible injerencia en la autonomía de los entes territoriales. En este sentido, el Ministerio Público le abrió un expediente el lunes pasado, al vicepresidente Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, Humberto Baquero Susa, por el giro de $8.375 millones que le hizo a la prestigiosa sociedad de ingenieros para realizar un trabajo de consultoría en proyectos relacionados con la red ferroviaria del país.
Para la Procuraduría no está claro hasta qué punto, la celebración de este contrato puede interferir en la autonomía de las unidades territoriales, entre ellas Bogotá, que actualmente adelantan proyectos ferroviarios.
Por ende, el inicio de las pesquisas por parte del ente del control, tienen por objetivo establecer la influencia de esta asesoría paga, en proyectos como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
En suma, son tres los reparos que tiene la Procuraduría con este contrato: en primer lugar, el modo de contratación directa a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues se supone que antes de contratar debía convocar un concurso de méritos, teniendo en cuenta cuál era el fin del contrato; la segunda inconformidad es sobre el alcance del estudio, pues la ANI habría sobrepasado sus funciones al contratar un estudio que, al fin de cuentas, buscaba darle viabilidad a la posibilidad de cambiar alguno de los proyectos ferroviarios, acción que entra en disputa con la competencia de cada ente territorial.
Sobre el segundo reparo, la Procuraduría se pronunció: “Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.
El tercer reclamo que tiene el ente de control es sobre el costo grueso del contrato. Al parecer, la entidad no encontró las justificaciones del valor del contrato y halló valores “extraños”: “tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista”, añadió el ente en un comunicado.
Sin embargo, la posible influencia que este contrato —que entre otras cosas buscaría soterrar la primera línea del metro— ha sido desmentida por la EMB. De acuerdo con la compañía que tiene a su cargo la ejecución de las obras de la primera línea, y el actual proceso de licitación internacional de la segunda, no hay elementos suficientes que puedan definir una posible injerencia del contrato investigado, y la realización de las dos líneas del metro para Bogotá.
“El contrato entre la SCI y la ANI, no tiene injerencia alguna sobre la ejecución de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), ni sobre la Línea 2 del Metro de Bogotá (L2MB) que avanza en su proceso de Licitación Pública Internacional”, rezó el comunicado emitido por la EMB.
Asimismo, la EMB sostuvo que nada del contenido técnico plasmado en dicho estudio era de su conocimiento y que, de todos modos, no hay ningún tipo de indicio, que pueda señalar que lo plasmado por el estudio de la SCI pueda impactar el avance de la primera línea, o el trazado de la segunda.
Por el momento, la información suministrada por la EMB, así como de los dos implicados en el contrato, deberá ser estudiada por la Procuraduría para verificar si, al proyecto de infraestructura más importante del país, le podría aparecer otra piedra en su ya complicado camino para ser una realidad.
En contexto: El debate en la Sociedad de ingenieros: “metro subterráneo a como dé lugar”.
El contrato para soterrar el metro
Desde el mes de agosto, la Procuraduría viene insistiendo en la necesidad de investigar el contrato por prestación de servicios firmado por $8.375 millones, el pasado 17 de julio de este año entre la ANI y la SCI. Dicho contrato tuvo como fin: “el análisis de los proyectos ferroviarios de pasajeros, carga y/o mixto, emitiendo conceptos, pronunciamientos y documentos de lineamientos técnicos que permitan la evaluación multicriterio de los mismos”.
Pero detrás del contrato, había una finalidad muy clara: buscar qué alternativas hay para soterrar un tramo de la línea en construcción (avanza en 27% de ejecución), del metro de Bogotá. Insistencia que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro.
Esta investigación se suma a la carta conocida por El Espectador, escrita por un exfuncionario de la SCI, quien mostró sus inconformidades con el ente y varios de sus colegas, en la que expone varias situaciones que demostrarían que el estudio estaría viciado dentro de la sociedad de ingenieros, ya que estaría privilegiando los conceptos subterráneos del metro “a toda costa”.
Mientras las investigaciones avanzan, también avanza dicho estudio que espera con ansias Gustavo Petro, pero que, de entrada, parece no tener el alcance que esperaba el mandatario y que, desde octubre de este año, ha anunciado como una alternativa para enterrar la línea del metro de la capital, un sueño del presidente que parece cada vez más lejano.
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