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Actualmente en Bogotá los comerciantes de las plazas de mercado se encuentran en una encrucijada por la resolución 267 del 2020, con la que el Instituto Para la Economía Social (IPES) pretende “formalizar” a través de contratos a este gremio que hace uso de estos espacios públicos.
Resolución 267 del 2020
Básicamente, lo que cambia esta resolución en las plazas son tres factores: la firma de contratos con el Distrito, el costo de las tarifas y la asignación de los puestos de las plazas.
Todo comienza por los contratos, los cuales contemplan una fecha de inicio y culminación del uso de un local de cualquiera de las plazas de mercado distritales de Bogotá. Estos contratos se llegan a firmar cuando el comerciante haya cumplido con una serie de requisitos que pide el IPES, como: una idea de negocio, llenar una hoja de vida, presentar videos y hacer trámites a través de plataformas digitales, entre otros.
En contexto: La resolución que enfrenta a comerciantes de las plazas de mercado y al Distrito
Con lo anterior, los comerciantes consideran excluyente el tipo de trámites a través de plataformas digitales, ya que en las plazas trabajan personas de la tercera edad que no tienen acceso o no saben cómo cumplir con esta etapa del proceso. “Hay personas que tienen más de 60 o 70 años. ¿Cómo van a poder cumplir con esto, si no manejan esos medios?”, cuestiona Luz Mery Chicuasuque, líder del gremio de comerciantes de las plazas.
Asimismo, les preocupa las fechas que cubren estos contratos, ya que el tiempo estimado es de dos a cuatro años, un plazo corto para estas personas que han trabajado de generación en generación en las plazas, y que hoy, debido a esos cambios, temen quedarse sin trabajo.
Por su parte, Alejandro Rivera, director del IPES, planteó la opción de revisar ese punto: “Vamos a discutir si podemos generar un plazo más largo, para que la gente tenga la tranquilidad y sigan desarrollando sus actividades”. Pero el plan parece no tener reversa, por una razón: según el IPES, el objetivo de la resolución es que, además de poder brindarles puestos a víctimas del conflicto y campesinos, es cambiar la manera de asignar los locales. “Necesitamos formalizar y reglamentar su uso, mediante un contrato de aprovechamiento de uso del espacio público, reconociendo a las personas que están ahí”, agregó Rivera.
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Ahí vamos al segundo punto, que es la asignación de locales. De acuerdo con Rivera, estos contratos permiten que, cuando un puesto queda vacío, el Distrito pueda hacer un sorteo y elegir a un nuevo ocupante, alternativa que aumenta la molestia de algunos vendedores, pues, dicen, rompe la tradición de las plazas. “Yo le cedía mis derechos a otra persona y esa persona se quedaba ahí. Muchos vendían el buen nombre, como dice el argot popular: la prima comercial”, dice la líder de los comerciantes.
Y es que precisamente ese malestar ha generado que hoy, las plazas del sur tengan el 80 % de desocupación, así lo denunció el concejal Martín Rivera Alzate, quien afirma que “en el 2020 había 602 módulos disponibles y en el 2021 había 777″. Y es que de acuerdo con cifras entregadas al concejal por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, a diciembre del 2021, el IPES gastó $ 2.835 millones, con un 100 % de ejecución, para reforzar la infraestructura de dos plazas, sin embargo, no ejecutó ni el 1 % de la meta física.
Y el tercer punto que ha puesto a pelear al Distrito y los comerciantes es el aumento de tarifas. Según el IPES, son 1.400 las personas que deberían suscribir el contrato, de las cuales 990 ya firmaron y 250 están en proceso. Para Luz Mery, muchos aceptaron prácticamente obligados, ya que era eso o perder el trabajo. Y así como muchos ya firmaron, otros abandonaron locales, porque, dicen, no pueden pagar las nuevas tarifas que vienen con la resolución.
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En la plaza del Restrepo hay arriendos que pasaron de $200.000 a $500.000, con lo que se empiezan a sentir las nuevas medidas. “En La Concordia, un local puede estar pagando $565.000 aproximadamente; en San Carlos, un puesto de ocho metros puede pagar $176.000, y en San Benito, en un puesto con la misma área, para frutas o verduras, $699.731″, informó el IPES.
Aunque las tarifas obedecen a un estudio y los nuevos lineamientos buscan imponer orden, para mejorar las condiciones de las plazas, para muchos comerciantes no deja de ser un golpe que cambia una vieja tradición, en la que, vale decirlo, imperaba la informalidad.
Estos tres puntos mencionados anteriormente fueron discutidos en la plenaria de hoy del Concejo de Bogotá, en el que el concejal Álvaro Acevedo, mencionó que, “el Distrito, así como apropia recursos para distintos programas, en el mismo sentido se deben dar recursos para estas plazas. ¿Como hacer que ellos tengan más beneficios? No pueden se pueden ver cómo simples arrendatarios”.
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Otros se cuestionaron cómo ha sido ese puente entre la administración y los ciudadanos, ya que una de las denuncias que más prevalece por parte de los comerciantes es que esta resolución no se socializó con ellos. “¿Cuáles y cuántos espacios se han creado para hablar con los comerciantes que no han firmado el contrato? ¿Cuántas personas han asistido a estas reuniones? ¿A qué acuerdos han llegado?”, le cuestionó al IPES el concejal Fabián Puentes.
Todo esto da paso al segundo tema importante en la situación de las plazas de mercado y es su infraestructura.
¿Y los recursos que recibe el Distrito para mejorar las plazas?
Hoy el concejal Martín Rivera Alzate denunció el estado en el que se encuentran algunos espacios en distintas plazas. Ya que uno de los objetivos de la resolución 267 es usar el dinero que van a recibir a través de las tarifas interpuestas a los comerciantes para mejorar la infraestructura de estos espacios públicos.
Así lo confirmó el director del IPES, quien en entrevista con El Espectador aseguró que gran parte del dinero que hoy tiene esa entidad está determinado para la vigilancia, el aseo general, la seguridad, mantenimiento y reforzamiento estructural.
En contexto: Denuncian que el Ipes no ha cumplido con el mejoramiento de las plazas de mercado
“Este año hay una inversión alrededor de $ 30.000 millones para reforzamiento estructural y generar mejores condiciones en las plazas, es decir, el dinero que se recauda se reinvierte en la misma misionalidad del Instituto, que tiene que ver también con la administración y el cuidado de las plazas de mercado”, agregó el director Rivera.
Sin embargo, el concejal Rivera Alzate, afirma que aunque se están gastando los recursos destinados a las obras de infraestructura y mantenimiento de las plazas, que había prometido el Distrito, hoy persiste el deterioro.
“Llevamos meses visitando las plazas de mercado de Bogotá junto al equipo del concejal Manuel Sarmiento. Por ejemplo, en la plaza de La Perseverancia, lo que hemos visto es que se requieren cambios en la cubierta y pisos, que el agua se filtra por los techos dañando la mercancía, que existen problemas de salubridad y afectaciones en el sistema eléctrico que hacen que se quemen equipos como las neveras. También las mangueras están en tal mal estado que se está desperdiciando agua”, señaló.
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Este tema de los recursos también se discutió en la plenaria de hoy. “Lo que hoy preocupa es que se está buscando en convertir las plazas de mercado en una especie de centro comercial. Esto va a desplazar a los vivanderos”, señaló la concejala Heidy Sánchez Barreto.
Rivera Alzate hace un llamado de atención al Distrito para “garantizar una mayor participación de las y los vivanderos en los procesos de planeación y ejecución, así como comprender el funcionamiento de las plazas como símbolo de patrimonio cultural e inmaterial y su rol como garantes de la soberanía alimentaria de las personas que residen en Bogotá”.
Por su parte, Alejandro Rivera, señaló que lo que se quiere hacer es concertar y “hacer de las plazas un lugar gastronómico de unos productos que tengan afinidad y que conserven la tradición”, asimismo, aclaró en la plenaria que el IPES no está desplazando a nadie, y que están “avanzando en una alternativa para los comerciantes de animales vivos”.
Sin embargo, los únicos que continúan en un dilema son los comerciantes, quienes temen perder su trabajo por todos estos cambios que solo han traído incertidumbre, aumento de tarifas y problemas con el Distrito.
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