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Vuelve y juega. Hace siete meses, la Defensoría del Pueblo advirtió que en muchos barrios periféricos de Bogotá hay fuerte presencia de grupos armados ilegales, cuyo combustible es el tráfico de drogas y que estarían detrás de actividades delincuenciales como amenazas, homicidios, reclutamiento, extorsiones, entre otras. En noviembre se lanzó otra alerta temprana sobre Soacha y el corredor sur de Bogotá, y esta semana la institución emitió una nueva alarma, esta vez por el riesgo que hay en diez localidades de la ciudad y doce municipios de Cundinamarca. La preocupación radica no solo en la posible expansión de estas acciones, sino en la disputa por el control de los corredores y las trece poblaciones que estarían en riesgo por los actores armados.
La Defensoría del Pueblo identificó dos corredores de movilidad que estarían disputándose las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo como las Águilas Negras, Los Paisas, Los Boyacos, e incluso estructuras relacionadas con el crimen transnacional. Los corredores en mención están entre las localidades de Usme y Usaquén y desde el municipio de Sibaté hasta Chía, lo que incide en las localidades de Usme, Ciudad, Bolívar, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.
La preocupación también radica en la presencia de estos grupos en municipios vecinos como Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque. Se trata de la quinta alerta temprana que emite la entidad en igual número de años y aunque la institución explica que la presencia de grupos ilegales tiene antecedentes desde la década del 70, también revela que el control que buscan ejercer estos grupos se explica en la cada vez más común instalación de laboratorios móviles de procesamiento de droga.
Líderes de algunas zonas descritas en la alerta temprana confirman que la situación de inseguridad en sus barrios ha sido incesante, pero que ha pasado “de agache” durante las últimas semanas por cuenta de las protestas. Así lo aseguraron una lideresa de Mochuelo (Ciudad Bolívar) y un líder de Verbenal (Usaquén), quienes manifiestan que han tenido conocimiento del regreso de la mal llamada “limpieza social”, así como el “incremento del microtráfico y enfrentamientos entre pandillas de jíbaros”.
No por nada las estadísticas de delitos de alto impacto, como homicidios, que durante el año pasado estuvieron a la baja en un momento en que hubo períodos de aislamiento, poco a poco vuelven a tomar su curso. Según el más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad, entre enero y abril de 2020 y el mismo período de este año los homicidios crecieron un 3,6 %, y solo en un mes como abril este delito creció un 102,3 %.
Por las alertas y otros hechos como las movilizaciones y la asistencia militar planteada por el Gobierno Nacional, el Distrito adelantó ayer un Consejo de Seguridad en el que, si bien se trató el tema, no hubo conclusiones, pues la administración pidió ampliar la información y los datos en lo que respecta a Bogotá.
Incluso, al consultar sobre el tema al secretario de Seguridad, Hugo Acero, afirmó que la alerta solo la conoce el Ministerio del Interior y no pueden emitir pronunciamientos hasta que la alerta sea remitida a las demás instituciones. “No conocemos la alerta temprana, hasta ahora no la han remitido a la Alcaldía”, indicó el funcionario.
Más allá de la respuesta desde Bogotá, pues la alerta temprana menciona al menos 20 entidades e instituciones comprometidas con este riesgo, para expertos en seguridad esto evidencia un retroceso en el control territorial y una reorganización de estos grupos. Según Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa de la Universidad Externado, se está perdiendo la conducción en términos de operaciones de Fuerza Pública. “La pandemia obligó a las fuerzas armadas a multiplicar sus funciones y se nota también que, aunque manejan estrategias de control territorial, los han superado en términos de copamiento del territorio”.
Para Libreros, en los últimos dos años se ha dado una incursión de organizaciones vinculadas a narcotráfico, algo en lo que coincide Johan Avendaño, experto en políticas públicas, quien tiene la teoría de que “estas alertas se han intensificado por el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la paralización de las negociaciones con el Eln. Por esto, entre otros temas, en los últimos 24 meses se organizaron estructuras criminales en torno al narcotráfico y resto de actividades ilegales”.
Los analistas concluyen que se evidencia una ruptura de los proyectos de seguridad entre los gobiernos nacional y distrital, además de una Fuerza Pública desbordada por la multiplicidad de tareas, por lo que la prioridad en este momento es retomar el trabajo interinstitucional, tal como lo sugiere la Defensoría, que recomienda construir de forma participativa las estrategias para evitar vulneraciones de derechos humanos.
