De los últimos tres años en Bogotá, Gabriel Sanabria recuerda especialmente dos días: el primero, cuando puso por primera vez sus pies en la capital del país, el 2 de septiembre de 2018, y el segundo cuando casi lo matan, el pasado 4 de marzo. La herida en su rostro lo obliga, todas las mañanas, a revivir el momento en el que un capitalino intentó quitarle la vida con tres puñaladas. Del momento del ataque hay mucho por decir, pero en su relato reitera los mensajes xenófobos previos a la agresión: “Esto es Colombia”, “no sé qué hacen aquí, venezolanos”.
Sanabria, oriundo del estado Anzoátegui (Venezuela), dice que fue suerte y que hoy está vivo de milagro, pero cualquier intervención terrenal o divina que lo hubiera salvado de la muerte permitió a su vez que su nombre no integrara las listas de los venezolanos que han sido asesinados en Bogotá en los últimos años. Solo entre enero y agosto de este año, las autoridades han contabilizado 70 homicidios de migrantes en varias zonas de Bogotá, en especial en la localidad de Kennedy.
Este hombre de 42 años es apenas una de las víctimas que han dejado no solo el crimen organizado, sino los casos de xenofobia que se han reportado en Bogotá, los cuales, dicen expertos, han sido promovidos tanto por los discursos políticos como por los panfletos que han circulado en la ciudad. Hay dos casos concretos, en marzo y septiembre pasado, denunciados por la concejal de la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica Heidy Sánchez.
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Estos ocurrieron en Kennedy, Engativá y el centro de Bogotá, en donde hallaron más de una docena de carteles pegados en las principales vías, con mensajes que incitaban a agredir migrantes. “Hemos advertido, en reiteradas ocasiones, la presencia de grupos paramilitares en Bogotá, además de la aparición de panfletos amenazantes. Urgen acciones contundentes de las autoridades”, señaló la política.
Hasta el primer trimestre de este año, según Migración Colombia, en la capital había cerca de 340.000 migrantes, que habían llegado del vecino país. Esto, de acuerdo con los registros de quienes han ingresado de manera legal, como es el caso de Gabriel, su esposa y su hija, pero esa no es la misma realidad de sus compatriotas, quienes a diferencia de él han llegado indocumentados e incluso, otros tantos, que han decidido incursionar en la delincuencia y tomar las armas.
Carlos Eduardo Vilma, veedor para la migración y colombianos retornados, asegura que la problemática de la xenofobia se ha incrementado a raíz de una serie de hechos delictivos que se vienen presentando, desde hace unos dos años, debido a la instrumentalización de migrantes para la comisión de delitos. “El fenómeno de la instrumentalización de la ciudadanía venezolana para la delincuencia no es nuevo. Desde 2019 denuncié que estaba ocurriendo, que el delincuente colombiano contrataba a jóvenes que no habían venido precisamente a delinquir, pero encontraron esa oferta”.
Y agrega: “Esto garantizaba que el delincuente nacional, que sí está documentado y que seguramente ya está registrado por las autoridades, no tuviera que pagar cárcel por los actos delictivos, ya que otros los estaban cometiendo por ellos. A su vez, encontramos que el venezolano sin cédula, sin pasaporte, sin control biométrico e irregular sencillamente pasaba de largo. La Policía lo soltaba, porque no había forma de judicializarlo”, explica.
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Sostiene que la violencia se disparó, porque a Colombia no solo han llegado migrantes en busca de mejores oportunidades de vida, sino también migraron esas estructuras delictivas que operaban en ese país. “Esa delincuencia, contra la que en Venezuela luchamos tantos años, también migró. Se trata de esa delincuencia violenta que antes de asaltarte te asesina. Esa también está aquí”.
Redes delincuenciales, una salida al abandono
La criminalidad no solo afectó a los nacionales, sino también a las familias extranjeras. Esto lo demuestran las cifras del Instituto de Medicina Legal, que estableció que en 2017 se registraron siete casos de homicidios a venezolanos en Bogotá; para 2018 la cifra creció a 17; en 2019, a 73, y en 2020 fueron 101 homicidios, entre ellos los asesinatos de 10 mujeres. Entre enero y agosto de este año ya se registraban 70 casos.
Aunque el promedio mensual de homicidios de venezolanos en 2021 es ligeramente inferior al registrado en 2020, hay otras alertas que se han encendido. Se trata de lo que viene ocurriendo en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, específicamente con la población migrante, pues de los 70 homicidios reportados hasta agosto de este año en la capital, 27 fueron en dicha localidad, lo que representa cuatro de cada diez casos. Para entender la problemática, que ha disparado la criminalidad en esta parte de la ciudad, El Espectador consultó a varios líderes, quienes además de estudiar la crisis que allí se presenta, la han vivido de primera mano.
El detonante de los asesinatos que se han perpetrado en Kennedy se remonta a mediados de 2020, cuando se desató una guerra entre la que sería una estructura dedicada al microtráfico, que impacta por lo menos 15 barrios, que en su mayoría rodean la reconocida calle 38 sur, y pequeñas células que pretendían tomar el control. Se trataría de una red conocida como la Olla del Tablazo, un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes, que pareciera ir escalando de manera considerable tanto en cantidad de sustancias que transportan como en hombres que se vinculan a sus filas.
Según fuentes extraoficiales, todo habría empezado por un crimen registrado a finales del año pasado, por el cual se tomó venganza, acto que involucró a nacionales y extranjeros, ya que estaban en juego las líneas de microtráfico, ubicadas en las UPZ 80, 81 y 82 de la localidad octava de Bogotá. Este aspecto podría explicar los 101 crímenes de ciudadanos venezolanos en 2020.
“A finales de 2020 y principios de 2021 esta organización, denominada El Tablazo, decidió formar algo así como una oficina de sicarios para defender su operatividad. Lamentablemente muchos de estos jóvenes resultaron ser venezolanos. Y se sumaron, porque encontraron en esto una forma de ganar dinero por ir a quitarle la vida a otra persona. Los armaban, les pagaban y los terminaban vinculando directa o indirectamente. Sin otra oportunidad, ellos terminaban accediendo”, señaló una fuente humana, quien por seguridad pidió no ser identificada.
Los enfrentamientos de la organización por defender el control de la distribución de drogas, solo entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre de este año, dejaron 12 homicidios, entre ellos los de varios ciudadanos venezolanos. Dando una mirada a cada uno de los expedientes de los migrantes que fueron ultimados en este sector, se halló que, de los 27 muertos registrados hasta agosto pasado por Medicina Legal, cuatro de ellos tenían algo en común, y era que se desempeñaban como bicitaxista, justamente en inmediaciones de estas UPZ, en donde tiene impacto la organización criminal, identificada por los residentes del sector.
Desde el 4 de agosto al 4 de octubre ocurrieron otros siete homicidios de ciudadanos venezolanos, quienes también operaban como conductores de este transporte informal, hecho que Francisco Castañeda, líder social de la localidad de Kennedy, asocia a que “varios fenómenos de transporte público informal, que se dieron en la localidad y en todas las localidad de occidente, las cuales son pequeños vehículos que traen y llevan a la gente, permiten que se oculten otras tendencias. Insisto en que no se trata que el bicitaxista o el señor del carro particular que transporta pasajeros sean parte de las estructuras criminales, sino que uno que otro se escabulle en esa informalidad en el territorio”, asegura.
La criminalidad, posiblemente, estaría aprovechando otros aspectos, como las condiciones económicas de las víctimas, para poder operar con mayor facilidad, siempre impulsados por el factor monetario. Datos recolectados por el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, que realizó una caracterización general de escenarios de riesgo en la localidad de Kennedy en 2018, señala que el número de personas pobres por ingresos llegó a 135.347 y las que estaban en indigencia, para ese entonces, eran cerca de 38.115. Además, este seguimiento permitió identificar que el 5,1 % de los habitantes de este sector de la capital no cuentan con sus necesidades básicas satisfechas.
“Hay que partir de que no toda la gente de estos territorios está ligada a los problemas de inseguridad y delincuencia. Allá hay artistas y personas muy trabajadoras, que quieren que su territorio supere esta situación. Pero hay que reconocer que allí hay una altísima concentración de pobreza, se podría decir que el 85 % es pobre y, de ese porcentaje, el 20 % está en la pobreza extrema, lo que hace que se convierta en caldo de cultivo para todas las violencias”, agrega Francisco Castañeda.
Ante el panorama de abandono institucional y el aumento en la inseguridad, hay quienes consideran que esta situación no tendría una única solución y mucho menos se podría lograr un cambio entre una y otra administración. Se habla de campañas de sensibilización, acompañamiento a las comunidades y aumento de pie de fuerza, que se ve reflejada en el incremento de operativos contra la criminalidad, pero en realidad hasta ahora las cifras no demuestran una reducción para resaltar, lo que dejaría ver que esta problemática no estaría siendo tratada de la forma adecuada o incluso que se estaría saliendo de las manos.