Líos en Integración Social, golpe al estómago de los más vulnerables

A gritos y aquejada por el hambre. Así intervino María Teresa, una madre cabeza de familia que no recibe los bonos de alimentación desde abril, en medio del debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá a la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, para analizar su desempeño y las posibles fallas en la operación de la entidad a su cargo.

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“Señores concejales, me disculpan, pero estamos cansados. Ustedes, gracias a Dios, tienen que comer, pero nuestros hijos no”, gritó la mujer. Su clamor concentró el de centenares de familias de sectores vulnerables que vienen protestando y que hoy tienen a la Secretaría de Integración en el ojo del huracán, por el cierre de comedores comunitarios, de jardines infantiles, centros de cuidado para adultos mayores y la no entrega de los bonos de ayuda alimentaria en diferentes localidades. Protestan porque hay necesidades que no dan espera.

La situación no toma por sorpresa al Distrito, ya que las quejas públicas no solo las han hecho los afectados, sino también entes como la Personería y la Defensoría del Pueblo, e incluso el mismo Concejo de Bogotá. Vale recordar que el 13 de julio la Defensoría le solicitó al Distrito no dejar en el olvido la operación de los 108 comedores comunitarios en Bogotá (hoy funcionan 19), los cuales, se estima, benefician a 20 mil personas.

“Los comedores son entornos incluyentes, en donde se presta un servicio que va más allá de la alimentación, porque fortalecen la sana convivencia, los buenos hábitos de vida y nutrición, además del desarrollo de capacidades para una vinculación educativa, laboral y cultural. Sirven como espacios para la socialización de rutas de atención”, indicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Frente a esta solicitud, la respuesta de Integración fue que en agosto se adjudicarían los convenios de asociación para atender los 89 puntos cerrados.

Sin embargo, la crítica va más allá: se concentra en la demora para contratar un servicio previsible y necesario, que es un golpe en el estómago de las personas de escasos recursos. Consciente de la situación, la secretaria Margarita Barraquer ha tratado de dar explicaciones y mostrar soluciones. Afirmó, por ejemplo, que si bien no están operando todos los restaurantes, a quienes recibían el servicio se les están entregando auxilios alimenticios. “En este momento reciben un paquete alimentario para 26 días y en el último mes se han entregado 35.000 ayudas”.

No obstante, la respuesta para algunos concejales, como Lucía Bastidas (Alianza Verde), pone en entredicho el desempeño de las áreas técnica y de recursos de la Secretaría, las cuales se encargan de las gestiones de contratación. “Dejaron vencer los contratos de los servicios sociales. Por 60 días no les entregaron bonos canjeables a las 26.000 personas con discapacidad y adultos mayores. No se entiende cómo dejaron que ocurriera”, cuestionó.

Cierre de jardines

Al panorama se suma otro problema: el cierre temporal de jardines infantiles, coordinados por la Secretaría y administrados por terceros en diferentes localidades. Según la concejal Bastidas, hay ocho con fechas de terminación de convenio para finales de mes en Suba (1), Antonio Nariño (1), Ciudad Bolívar (2), Bosa (2), Kennedy (1) y San Cristóbal (1), y su continuidad está en veremos.

La explicación de la secretaria Barraquer fue que siete de los jardines operados por convenios no lograron acreditar los requisitos, como tener papeles al día y contar con estabilidad financiera. “Por ello los contratos no continuaron, pero a todos los niños y las niñas se les garantizan los servicios y a las familias les ofrecimos diferentes opciones”, entre las que menciona continuar en jardines cercanos y cubrir el costo del transporte.

Patricia Bojacá, directora poblacional de la Secretaría, expresó, por su parte, que “para garantizar la atención, por ahora, la entidad hará una operación directa por dos meses en tres jardines. El nuevo proceso para elegir a un nuevo contratista lo publicaremos el 10 de agosto y se adjudicará en septiembre”.

No obstante, en este punto es clave preguntarse: ¿por qué no se avanzó con anticipación? La secretaria Barraquer respondió que sí se hizo. “En marzo de 2021 se inició un proceso competitivo para adjudicar los convenios de asociación para operar los 43 jardines, de los cuales siete no se pudieron renovar, porque las organizaciones sin ánimo de lucro (que los operan) no cumplían los requisitos”, situación que espera resolver con el nuevo proceso que se adjudicará en septiembre.

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Adultos mayores

El mismo interrogante con los jardines lo hizo la Personería, pero con los servicios para adultos mayores. Con la diferencia de que en este caso fue suspendida por tres meses la subdirectora para la Vejez, Sonia Gisselle Tovar Jiménez, y se le abrió una investigación disciplinaria por presuntamente haber omitido sus responsabilidades.

Según la entidad, se determinó que “se habría ejercido una inadecuada planeación de los procesos contractuales dirigidos a la atención de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad”.

Omisión que habría generado el cierre de seis de las siete Unidades de Cuidado Transitorio Día-Noche y la reubicación forzosa de adultos mayores en centros destinados para la atención de personas mayores de 29 años habitantes de calle o en riesgo de serlo. “Esto disminuye los cupos, en tanto se entiende que se ha priorizado la recepción de personas mayores de 60 años, quienes deberían ser destinatarias de los programas de vejez”, anota la apertura a la investigación.

En este caso, la secretaria de Integración reconoció el error al no abrir el proceso competitivo con los convenios de asociación. “Los que teníamos se terminaron sin tener los otros listos. Aun así, los adultos mayores estuvieron con asistencia permanente. Ninguno se quedó sin atención. Además, la población de la tercera edad atendida estaba en condición de habitabilidad en calle o en alto riesgo de estarlo, por lo que también acudían a ese servicio”, precisó.

El panorama evidencia un problema de planeación en la Secretaría que afecta los programas sociales. Si bien han encontrado soluciones para “apagar los incendios”, y desde la Secretaría afirman trabajar en soluciones definitivas, de no corregir el problema de fondo, cada demora seguirá afectando el estómago y el bienestar de los más vulnerables en la capital.

Nota relacionada: Sexo en colegios de Bogotá: el tabú que plantea un reto más allá de la educación.

A gritos y aquejada por el hambre. Así intervino María Teresa, una madre cabeza de familia que no recibe los bonos de alimentación desde abril, en medio del debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá a la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, para analizar su desempeño y las posibles fallas en la operación de la entidad a su cargo.

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“Señores concejales, me disculpan, pero estamos cansados. Ustedes, gracias a Dios, tienen que comer, pero nuestros hijos no”, gritó la mujer. Su clamor concentró el de centenares de familias de sectores vulnerables que vienen protestando y que hoy tienen a la Secretaría de Integración en el ojo del huracán, por el cierre de comedores comunitarios, de jardines infantiles, centros de cuidado para adultos mayores y la no entrega de los bonos de ayuda alimentaria en diferentes localidades. Protestan porque hay necesidades que no dan espera.

La situación no toma por sorpresa al Distrito, ya que las quejas públicas no solo las han hecho los afectados, sino también entes como la Personería y la Defensoría del Pueblo, e incluso el mismo Concejo de Bogotá. Vale recordar que el 13 de julio la Defensoría le solicitó al Distrito no dejar en el olvido la operación de los 108 comedores comunitarios en Bogotá (hoy funcionan 19), los cuales, se estima, benefician a 20 mil personas.

“Los comedores son entornos incluyentes, en donde se presta un servicio que va más allá de la alimentación, porque fortalecen la sana convivencia, los buenos hábitos de vida y nutrición, además del desarrollo de capacidades para una vinculación educativa, laboral y cultural. Sirven como espacios para la socialización de rutas de atención”, indicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Frente a esta solicitud, la respuesta de Integración fue que en agosto se adjudicarían los convenios de asociación para atender los 89 puntos cerrados.

Sin embargo, la crítica va más allá: se concentra en la demora para contratar un servicio previsible y necesario, que es un golpe en el estómago de las personas de escasos recursos. Consciente de la situación, la secretaria Margarita Barraquer ha tratado de dar explicaciones y mostrar soluciones. Afirmó, por ejemplo, que si bien no están operando todos los restaurantes, a quienes recibían el servicio se les están entregando auxilios alimenticios. “En este momento reciben un paquete alimentario para 26 días y en el último mes se han entregado 35.000 ayudas”.

No obstante, la respuesta para algunos concejales, como Lucía Bastidas (Alianza Verde), pone en entredicho el desempeño de las áreas técnica y de recursos de la Secretaría, las cuales se encargan de las gestiones de contratación. “Dejaron vencer los contratos de los servicios sociales. Por 60 días no les entregaron bonos canjeables a las 26.000 personas con discapacidad y adultos mayores. No se entiende cómo dejaron que ocurriera”, cuestionó.

Cierre de jardines

Al panorama se suma otro problema: el cierre temporal de jardines infantiles, coordinados por la Secretaría y administrados por terceros en diferentes localidades. Según la concejal Bastidas, hay ocho con fechas de terminación de convenio para finales de mes en Suba (1), Antonio Nariño (1), Ciudad Bolívar (2), Bosa (2), Kennedy (1) y San Cristóbal (1), y su continuidad está en veremos.

La explicación de la secretaria Barraquer fue que siete de los jardines operados por convenios no lograron acreditar los requisitos, como tener papeles al día y contar con estabilidad financiera. “Por ello los contratos no continuaron, pero a todos los niños y las niñas se les garantizan los servicios y a las familias les ofrecimos diferentes opciones”, entre las que menciona continuar en jardines cercanos y cubrir el costo del transporte.

Patricia Bojacá, directora poblacional de la Secretaría, expresó, por su parte, que “para garantizar la atención, por ahora, la entidad hará una operación directa por dos meses en tres jardines. El nuevo proceso para elegir a un nuevo contratista lo publicaremos el 10 de agosto y se adjudicará en septiembre”.

No obstante, en este punto es clave preguntarse: ¿por qué no se avanzó con anticipación? La secretaria Barraquer respondió que sí se hizo. “En marzo de 2021 se inició un proceso competitivo para adjudicar los convenios de asociación para operar los 43 jardines, de los cuales siete no se pudieron renovar, porque las organizaciones sin ánimo de lucro (que los operan) no cumplían los requisitos”, situación que espera resolver con el nuevo proceso que se adjudicará en septiembre.

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Adultos mayores

El mismo interrogante con los jardines lo hizo la Personería, pero con los servicios para adultos mayores. Con la diferencia de que en este caso fue suspendida por tres meses la subdirectora para la Vejez, Sonia Gisselle Tovar Jiménez, y se le abrió una investigación disciplinaria por presuntamente haber omitido sus responsabilidades.

Según la entidad, se determinó que “se habría ejercido una inadecuada planeación de los procesos contractuales dirigidos a la atención de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad”.

Omisión que habría generado el cierre de seis de las siete Unidades de Cuidado Transitorio Día-Noche y la reubicación forzosa de adultos mayores en centros destinados para la atención de personas mayores de 29 años habitantes de calle o en riesgo de serlo. “Esto disminuye los cupos, en tanto se entiende que se ha priorizado la recepción de personas mayores de 60 años, quienes deberían ser destinatarias de los programas de vejez”, anota la apertura a la investigación.

En este caso, la secretaria de Integración reconoció el error al no abrir el proceso competitivo con los convenios de asociación. “Los que teníamos se terminaron sin tener los otros listos. Aun así, los adultos mayores estuvieron con asistencia permanente. Ninguno se quedó sin atención. Además, la población de la tercera edad atendida estaba en condición de habitabilidad en calle o en alto riesgo de estarlo, por lo que también acudían a ese servicio”, precisó.

El panorama evidencia un problema de planeación en la Secretaría que afecta los programas sociales. Si bien han encontrado soluciones para “apagar los incendios”, y desde la Secretaría afirman trabajar en soluciones definitivas, de no corregir el problema de fondo, cada demora seguirá afectando el estómago y el bienestar de los más vulnerables en la capital.

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