Cuando la decisión de bloquear vías en un paro pone en jaque a la ciudad
Un aumento gradual de $6.000 en el diesel para reducir hasta en $3 billones el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), fue la decisión del ministro de Hacienda que desencadenó en bloqueos del gremio de transportadores a nivel nacional. Pero, ¿cómo este paro afectó la vida cotidiana de los bogotanos?
María Angélica García Puerto
Bajo un apabullante sol, que pegaba más duro por el cansancio y el trasnocho, se desarrolló este martes, en varios puntos de la ciudad, una jornada más del paro de camioneros, que comenzó el viernes y, según dicen, se mantendrá hasta llegar a un acuerdo con el Gobierno. Y como es costumbre en cada manifestación, en la que los inconformes bloquean vías, desde la madrugada se vieron carros atascados y la procesión de bogotanos intentando llegar a sus destinos, escenas que muestran una ciudad en jaque, por la afectación de su movilidad.
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Bajo un apabullante sol, que pegaba más duro por el cansancio y el trasnocho, se desarrolló este martes, en varios puntos de la ciudad, una jornada más del paro de camioneros, que comenzó el viernes y, según dicen, se mantendrá hasta llegar a un acuerdo con el Gobierno. Y como es costumbre en cada manifestación, en la que los inconformes bloquean vías, desde la madrugada se vieron carros atascados y la procesión de bogotanos intentando llegar a sus destinos, escenas que muestran una ciudad en jaque, por la afectación de su movilidad.
Ingrid Monterrosa, una aseadora, residente en Lucero Bajo, afectada por los bloqueos, buscaba llegar hasta la Avenida El Dorado. “Estoy discapacitada y mi jefe, aun así, me dijo que mirara como me iba. Estoy angustiada. Espero que arreglen esto”. En otros casos, unos adultos mayores, que tenían planeado ir a reclamar medicamentos, no les quedó más que devolverse. “Ha sido complicado, pero la gente protesta con razón. A los muleros les toca duro”, dijo don José, de 76 años.
Y es que en este barrio de Ciudad Bolívar, los volqueteros armaron con llantas, cartones y basuras unas barricadas. Con ella se topó una enfermera, que iba en moto y les imploraba a los manifestantes que la dejaran pasar: “Hay vidas que dependen de mí, necesito pasar por favor. Puede ser su mamá”, les decía. La respuesta inicial, no era la que esperaba: “Estamos peleando por todos. No estamos haciendo nada ilícito”. Solo hasta que ella cumplió la exigencia de mostrarles el carné, la dejaron seguir.
Este panorama se repitió en diferentes puntos. En el barrio Acapulco, por ejemplo, se apreciaba una fila de carros, buses de turismo y tractomulas. En uno de esos vehículos estaba Luis Hernando Torres, un constructor que lo agarró el bloqueo a las 7:00 p.m. del lunes y le tocó pasar la noche allí. “Intenté hablar con ellos, pero no dejaron pasar”, reclamó.
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Por si fuera poco, volquetas de la empresa de aseo también estaban represadas, sin poder disponer los desechos en el relleno Doña Juana. “Mi compañero recogió 14 toneladas de basura anoche y ahí están. En Engativá y Barrios Unidos la basura está en las calles, porque no se ha podido recoger. Esto puede ser un problema sanitario si sigue así”, advirtió un recolector.
Su preocupación es similar a la de Johanna Silva, quien viaja con nueve integrantes de su familia desde Villavicencio y completó un día estancada en la vía o la de la profesora Paola Vargas, quien a pesar del anuncio del Distrito de suspender clases, la rectora le pidió que fuera al colegio. Se llevó a su hijo en moto, para no dejarlo solo. Por todo esto, la Personería alertó que a causa de la protesta se pusieron en riesgo servicios esenciales como el abastecimiento de alimentos, el acceso a urgencias y la asistencia a niños a sus colegios. El gerente (e) de Corabastos, Juan José Ramírez, por ejemplo, reportó una reducción del 30 % en la llegada de productos de Santander y Villavicencio. Sin embargo, su plan de contingencia es ampliar los horarios de descarga para los vehículos que siguen trabajando.
Por su parte, la Alcaldía reportó 80 camiones recolectores de basura atascados, donde solo el 10 % ha podido llegar a Doña Juana. “Podríamos implementar medidas excepcionales como priorizar la recolección de residuos domésticos sobre los de barrido; la sobrecarga de algunos camiones y, de ser necesario, la suspensión temporal de la recolección de puntos de arrojo clandestino”, señaló la UAESP.
De esta manera, no solo el organismo de control, sino la Defensoría del Pueblo, hicieron un llamado urgente a garantizar los derechos de los ciudadanos a la libre movilidad, la educación, la salud, la seguridad alimentaria y a un entorno salubre. De paso, recordaron que, según la Ley 1453, quienes obstruyan vías públicas y afecten el orden público podrían incurrir de 24 a 48 meses de prisión.
Una ciudad frágil
Todo evidencia la fragilidad de la ciudad ante una manifestación. “Aunque la protesta es bienvenida, no hemos hallado esa protesta bien canalizada, que no afecte la movilidad de la mayoría. Y es injusto que los ciudadanos sufran esto. Deberíamos encontrar un balance para canalizar la protesta social sin afectar el interés de la mayoría, porque hoy es fácil poner en jaque a la ciudad, porque nuestra malla vial es limitada y accesos de poca capacidad”, explicó Darío Hidalgo, experto en movilidad sostenible.
En esto coincidió el también experto Fernando Rojas, quien resalta que “Si bloquean las entradas nos genera un gran problema. Pero también el transporte público es super frágil, pues si bien el carril exclusivo funciona bien en velocidad, cualquier cosa que pase en una troncal no solo afecta ese corredor, sino a toda la ciudad”.
De ahí, que la esperanza para cambiar el panorama, cada vez que algún grupo decida protestar y bloquear la ciudad, dice Hidalgo, está en la diversificación de los modos de transporte, la construcción de transporte masivo a desnivel, como el metro, el tren de cercanías, los cables y la expansión del sistema de transporte público de la ciudad. “De esta manera, el impacto de estos bloqueos se irá limitando, pero va a ser difícil para la mayoría de los bogotanos y nos vamos a ver sometidos por este abuso por quienes protestan sin tener en cuenta ese interés de la mayoría”
Al cierre de esta edición, Bogotá registraba 21 puntos con afectación vial y desde el PMU, el alcalde Carlos Fernando Galán monitorea la situación. Si bien, hasta el momento no se anunció intervención de la fuerza pública, la Policía pidió a 400 uniformados antidisturbios que estaban de vacaciones, retomar sus actividades. Se espera que tras la reunión entre el gremio y el Gobierno, se planteen respuestas no solo para los transportadores, sino que brinde tranquilidad a las personas que desean retomar sus actividades cotidianas con normalidad.
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