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Está claro que el Comité Nacional del Paro, que negocia con el Gobierno Nacional, no habla en nombre de todos los que están hace más de un mes en las calles. Los miles de manifestantes que se ven en jornadas como la de ayer son en su mayoría jóvenes que, dicen, estallaron de rabia tras años de abandono estatal. Más que contra el presidente Iván Duque, rechazan décadas de actuaciones cuestionables de quienes han ostentado el poder. Al menos eso se percibe en las manifestaciones diarias, que han tenido como escenario puntos específicos de Bogotá.
Uno de esos “fortines” de la protesta es Portal Américas, que desde el primer día fue escogido por los jóvenes de Kennedy como una zona de congregación y, como rebautizaron la estación de transporte, de “resistencia”. Hace unos días, con el fin de escuchar sus demandas, el Concejo de Bogotá sesionó desde allá. Como hicieron también en la Plaza de Bolívar, los cabildantes cedieron el micrófono a la ciudadanía para tomar nota de sus reclamos que, en definitiva, van mucho más allá de las peticiones que tiene el Comité del Paro.
Lo primero que se logró evidenciar, porque fue muy reiterado por los jóvenes, es que detrás de la protesta no hay banderas políticas, sino que es un movimiento orgánico que lo mínimo que espera es que, mientras los escuchan, no haya confrontación con la Fuerza Pública. “Este movimiento apuesta a que la Fuerza Pública esté fuera del espacio humanitario, por eso exigimos no violentar a las personas, no permitir violencias de género”, aseguró una joven que intervino.
Eso, en otras palabras, es una solicitud de retiro del Esmad. Otras peticiones son que cesen las intervenciones policiales en los barrios y, en general, que haya garantías para la movilización. Y aunque muchas de las exigencias tienen que ver con un desescalamiento de la fuerza, lo que en realidad los sacó a las calles fue la falta de oportunidades y no tener soluciones concretas a necesidades básicas en territorios, sobre todo, populares y periféricos de la ciudad.
Las demandas fueron recopiladas por la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, quien explicó que para poner fin a las movilizaciones deben primero reconocer que las solicitudes son “justas, necesarias y responden a deudas históricas”. Esto, teniendo en cuenta cifras preocupantes que arrojó el DANE, como que en el país hay más de 3 millones de “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan), o que el año pasado se registró la menor tasa histórica de ocupación (34,9 %) desde 2001.
“No se puede tener una protesta eterna, pero se requiere voluntad política y entender que buena parte de estas personas no han tenido un proyecto de vida, posibilidades de estudio o trabajo, sufren estigmatización, problemas en sus hogares, entre otros. Necesitan arreglos estructurales”, manifestó la concejal Rojas, quien destacó el proyecto de rescate social del Distrito, que se discutirá desde la próxima semana en el Cabildo.
Pero no será tarea fácil. Políticos bogotanos, que por su edad pueden considerarse representantes de la juventud, coinciden en que muchos reclamos son de fondo y no será sencillo ver cambios en el corto plazo. El concejal Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) aseguró que “cada joven es un pliego de peticiones”, pero los temas que más ha percibido son educación y empleo. “El sentimiento generalizado es que sienten que no hay futuro. No todos pueden entrar a la universidad, muchos tienen que desertar y el resto no tienen trabajo. Es un sentimiento de desesperanza que se espera revertir con el plan de rescate social”.
Por su parte, Diana Diago (Centro Democrático) señaló que no se pueden quedar en escuchar a la gente, sino que es momento de llevarles soluciones. “Es momento de que el Distrito se siente con el Gobierno a pensar qué les van a dar a las poblaciones vulnerables. El panorama es complejo, porque se ha destinado mucho dinero para atender la pandemia, pero esa es la responsabilidad del Estado. En definitiva hay que pasar del diálogo a la solución. Un mes ha sido suficiente”, manifestó la cabildante.
Otro aspecto a tener en cuenta es que las soluciones que se planteen no pueden ser “globos al aire”, sino aterrizadas y transparentes. Así lo expresó Gabriel Santos (Centro Democrático), representante a la Cámara por Bogotá, quien dijo que hay que dejar claro qué se puede y qué no, para no generar falsas expectativas.
“Es una generación a la que el Estado crió con falsas expectativas y eso generó este estallido. Hay un claro llamado a reformar el Congreso, porque la gente esta aburrida con el gasto exacerbado, los privilegios, las actuaciones inescrupulosas, y lo mejor es ajustar temas como salarios y el tamaño del Congreso. También piden reformas estructurales que toman mucho más tiempo, pero el Congreso tiene que empezar a actuar con dinamismo”, indicó.
Por lo pronto, de acuerdo con el también representante Inti Asprilla (Alianza Verde), lo primero es “mostrar una voluntad real de parar los abusos policiales”, pero aseguró que si bien desde el Congreso se podría empezar a tramitar el tema, con apoyo del Gobierno, no va a ocurrir y más teniendo en cuenta el resultado de la fallida moción de censura contra el ministro de Defensa. “Hay que crear un verdadero proceso de inclusión, que reconozca que los jóvenes tienen capacidad de incidir en cambios territoriales”, concluyó Asprilla.
No se sabe a ciencia cierta cuánto más pueden durar las movilizaciones. No hay líderes visibles y los pocos diálogos se han quedado en eso. Y aunque por lo menos Bogotá empezará un proceso de reapertura total para impulsar la economía y el trabajo, su éxito pasa también por aplacar la fuerza de las protestas y dar a entender que sí hay oportunidades en la ciudad.
