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Kennedy ha sido un polvorín desde que se reinició el paro nacional. En esa localidad, en el suroccidente de Bogotá, se han registrado los mayores choques entre policías y manifestantes, acompañados con múltiples denuncias de violencia. Y todo esto, al parecer, pasó factura. Ayer se confirmó la muerte de Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años, que estuvo desde el pasado 1° de mayo en coma inducido por un golpe en la cabeza, que se supone sufrió en un disturbios en el marco del paro nacional.
De confirmarse, él sería el cuarto muerto en la región por las jornadas de movilizaciones, que comenzaron el 28 de abril. Las otras víctimas fueron Elvis Vivas y Brayan Fernando Niño, ambos de 24 años, quienes fallecieron en distintas situaciones en Madrid, Cundinamarca, y el capitán Jesús Alberto Solano, comandante de la Sijín de Soacha, a quien mataron cuando intentó evitar el saqueo de un establecimiento comercial.
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Pero el joven de 20 años sería la primera víctima en Bogotá, al parecer en el marco de las movilizaciones. Era algo que estaba intentando evitar la Alcaldía a toda costa, que en los balances que entregó la semana pasada destacó que en la capital, si bien había una alarmante cifra de casi 600 heridos, no había muertos por enfrentamientos. Quizás lo que más preocupa es que, de acuerdo con defensores de derechos humanos (DD. HH.) que han hecho permanente acompañamiento de las protestas, en determinadas zonas de la ciudad, como Kennedy, la noche ha sido cómplice de excesos e irregularidades.
Algunos ejemplos son el traslado de manifestantes por parte de la Policía al Portal Américas de Transmilenio, algo que rechazaron desde el sistema de transporte; la intervención en Bosa con “Venom”, el multilanzador de proyectiles de las tanquetas del Esmad, o la lluvia de granadas de lacrimógenos en conjuntos residenciales aledaños al portal. De esa confusión sobre lo que ocurre cada noche en este sector de la ciudad dieron cuenta las palabras de condolencia de la alcaldesa Claudia López hacia la familia de Daniel Zapata, pues afirmó que nadie les reportó su caso. “No aparece en los listados. Les hemos pedido a todos los hospitales que reporten, así sea sospecha como lesionado en las manifestaciones. No lo reportaron”.
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En respuesta a lo dicho por la alcaldesa Claudia López, en cuanto a que el caso solo fue reportado ayer, la Clínica Eusalud informó que desde el primero de mayo, cuando ingresó el joven, se dio aviso a la Policía y la Fiscalía hizo el reconocimiento del evento. “El paciente ingresó por urgencias y el personal médico lo atendió de manera inmediata y le diagnosticó un trauma severo y herida contundente en el cráneo”. Debido a esto el joven entró a cirugía y luego fue trasladado a una UCI, donde falleció a las 12:45 p.m. de ayer.
Los hechos que rodearon la muerte están bajo investigación, según mencionó la alcaldesa y lo ratificó la Policía, que trata de corroborar si el joven estuvo ese día en alguna manifestación, pues, según dicen, en zonas como Mandalay no hubo intervención del Esmad, aunque sí en Banderas.
Pero de acuerdo con Lazos de Dignidad, organización de DD. HH. que denunció la muerte y está acompañando a la familia del joven desde que resultó herido, esto fue consecuencia de un golpe que recibió el 1° de mayo, “aparentemente por un gas lacrimógeno lanzado por el Esmad”. Así lo denunció Nadia Triviño, coordinadora jurídica de Lazos de Dignidad, quien agregó que Zapata “fue ingresado con un trauma craneoencefálico y desde ese momento estuvo en coma inducido hasta ayer, cuando falleció por un paro cardíaco”.
Para Triviño, el hecho no es fortuito, si se tiene en cuenta que todas las noches, cuando las movilizaciones llegan a zonas del sur, hay “exceso de violencia de la Fuerza Pública”. “No sé si están cansados de estar todo el día en diferentes plantones, pero llega cierta hora en que intervienen de forma grotesca, atentando contra la integridad. Hemos visto que no cumplen cosas como el lanzamiento parabólico de los artefactos, sino que disparan directo a los manifestantes”.
La denuncia sobre lo que ocurre allí la profundiza la abogada Isabel Fajardo, también de Lazos de Dignidad, quien asegura que “en puntos como Banderas y el Portal Américas se registran agresiones incluso a nosotros, como defensores de DD. HH., que hemos recopilado denuncias por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Pero el tema no se limita solo a Kennedy: es algo sistemático y también ha pasado en los portales del Sur, Suba y Calle 80”.
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Para Andrés Aldana, vocero de la Red Popular de DDHH, lo que ocurre es producto de una “criminalización de la protesta” en zonas de barrios populares. “Hemos tenido un gran problema para la verificación de casos por el silencio que ha asumido el Distrito sobre las intervenciones de la Policía. Si bien hay muchos representantes de la Secretaría de Gobierno en terreno, su capacidad de acción es poca y la Policía muchas veces tiene carta blanca para hacer las intervenciones que desee en los barrios”.
Sea o no por el contexto socioeconómico, como denuncian los líderes de DDHH, lo cierto es que Kennedy y Bosa son reflejo de que los desórdenes por las protestas y el control sobre las multitudes no solo se están saliendo de control, sino que todo apunta a que no hay una cadena clara de registro de lo que ocurre. En teoría todo lo que pasa en las zonas de protesta tendría que ser de pleno conocimiento del Puesto de Mando Unificado, pero las organizaciones de DDHH coinciden en que allí la información es gaseosa y no tiene seguimiento. Por tanto, evitar nuevos casos como el de Zapata depende de que se mejore la articulación no solo con estas organizaciones, sino también entre las instituciones encargadas de gestionar las movilizaciones en la ciudad.
