Del “render” al terreno: un paso complicado de dar con algunas obras en Bogotá
Catorce obras públicas son la cara cruda del desarrollo. Abandonos, retrasos y sobrecostos han sido la constante y están lejos de ser realidad. ¿Por qué?
Como si fuera ley, los bogotanos que transitan por la avenida Boyacá soportan largas esperas para pasar por la calle 13. Además de las entradas de dos centros comerciales, la calle 12 y las polisombras del lugar dificultan el tránsito. El tiempo perdido pudo haberse evitado si hace nueve meses hubieran terminado la avenida Villa Alsacia-Tintal, pero la espera se alargará al menos hasta marzo de 2023, si esta vez sí cumplen los cronogramas.
Según la Contraloría de Bogotá, este proyecto, de $1 billón y que descongestionará el suroccidente, debieron terminarlo en enero de 2021 (la obra empezó en 2019). Pero una medida cautelar sobre el Bosque Bavaria y las maniobras para subterranizar redes de energía influyeron para que, a pesar de tener avance del 71 %, la obra esté en riesgo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confía en que toda la obra esté lista en marzo de 2023. Así como esta, otras trece obras en Bogotá están inconclusas, abandonadas o sin empezar, tras años de haber sido contratadas.
Las de más inyección económica
El nuevo comando de la Policía de Bogotá, la avenida El Rincón en Suba y la ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner (en La Calera) son las obras públicas inconclusas a las que más se les han invertido recursos. En la primera son $175.000 millones y es quizás el “elefante blanco” más reconocido, tras nueve años de retraso y una extensa lista de líos: según la Contraloría, se declaró en siniestro por incumplimiento, fue abandonada y, a pesar del avance físico del 83 % y uno financiero del 62 %, están pendientes obras específicas. El representante legal de la constructora fue condenado a ocho años de prisión por peculado por apropiación. La Policía espera la entrega de la obra en mayo de 2022.
Lea: Alivios deudores morosos, líneas de apoyo y otras noticias de Bogotá
La segunda es un proyecto vial a cargo del IDU con un costo de $173.161 millones. De acuerdo con el ente de control fiscal, La obra solo tiene 5 % de avance, además de once suspensiones, nueve modificaciones y ocho prórrogas. Comenzó en febrero de 2019 y debió terminar en marzo de 2021. No obstante, el Distrito dijo que el plazo se cumple en febrero de 2023. En diciembre pasado, el IDU entregó un tramo de 1,5 kilómetros.
La tercera inició labores en marzo de 2018 y debía estar en mayo de 2020, pero lleva 40 % de avance, cuando debería ser del 81 %. La obra quedó paralizada en febrero de este año, se han girado $53.000 millones (de $93.000 millones) y, en julio de 2021, la Contraloría abrió actuación fiscal. La Empresa de Acueducto dijo que su entrega será el segundo semestre de 2023.
Colegios anunciados, pero…
Las obras para los colegios Emma Villegas de Gaitán, en Fontibón ($14.728 millones); Guillermo León Valencia, en Antonio Nariño ($16.660 millones), y Bolonia, en Usme ($12.982 millones) iniciaron en los años 2014, 2018 y 2019 respectivamente, pero ninguno tiene estudiantes, y no por la pandemia. La Contraloría encontró que el Bolonia que para terminarlo requeriría más recursos, casi 50 % del valor inicial del contrato, mientras que la ampliación de la sede B del Emma Villegas de Gaitán y el Guillermo León Valencia siguen culminar, aun cuando la alcaldesa Claudia López dijo que lo haría el 24 de julio. El Espectador consultó a la Secretaría de Educación, pero no obtuvo respuesta.
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En el sector salud
Desde 2006 se empezó a construir la torre dos del Hospital de Meissen, en Ciudad Bolívar, pero se suspendió por incumplimiento y recién se retomó en 2017, con nuevos diseños y contratista. A la fecha tiene un avance del 28 %, una financiación de $84.399 millones y tres hallazgos fiscales por más de $8.600 millones. La Secretaría de Salud no respondió las preguntas que este medio envió para conocer el estado y avance de la obra, así como fecha tentativa de finalización.
Construcciones a la espera
El imponente edificio que será la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo, la Unidad Deportiva El Salitre y el Centro Día Campo Verde de Bosa son “papas calientes” para las entidades contratantes. La primera tiene un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por $1.400 millones, un atraso de 17 meses, 63 quejas de particulares, que se han visto afectados por la construcción y un valor de $29.890 millones. Esa entidad le dijo a este diario que avanza en el proceso de incumplimiento de la obra y que empezará un nuevo proceso de contratación.
La segunda, que va para tres años de atraso, es objeto de auditoría de la Contraloría y de seguimiento de una Comisión Regional de Moralización. Se le han invertido casi $12.737 millones y, según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el pasado 8 de octubre se adjudicó un contrato por $737 millones y nueve meses de plazo, para hacer un diagnóstico del estado de la obra. La tercera lleva a cuestas dos años y cinco meses de demoras, una demanda por $9.865 millones contra el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca y un nuevo contrato para seguir su ejecución, por $6.175 millones y con un plazo de 14 meses.
Un puente en los planos
Cerca de cumplir el primer año de demora, el puente que se debía construir en la avenida Cuidad de Cali con avenida Ferrocarril (calle 22) permanecen en planes y con una adición al valor inicial que lo dejó en más de $90.354 millones de pesos, de los cuales se han facturado $14.019 millones como anticipo del contrato, aunque este no ha sido desembolsado, según le dijo el IDU a El Espectador. A las demoras en la fecha de entrega, que venció en septiembre, se le suma que la interventoría del contrato está revisando el presupuesto para evaluar la viabilidad de continuar con el proyecto, debido a un posible incremento de casi el 50 % del presupuesto inicial.
Lea también: Las obras de Bogotá que son prioridad tras la reapertura
Por otra parte, el proyecto de vivienda de interés prioritario la Arboleda Santa Teresita, en San Cristóbal, que transita su quinto año de retraso (debía finalizar en 2017), con un valor de $56.811 millones, tuvo dos suspensiones, doce prórrogas, 18 modificaciones y cuatro adiciones presupuestales. Sin embargo, la Caja de Vivienda aseguró que en noviembre entregará la primera etapa de 390 apartamentos, los cuales ya fueron sorteados a los futuros beneficiarios.Finalmente, la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia, en Kennedy, que debió estar operando en 2019, apenas tiene un avance del 63 % y seguirá retrasada hasta junio de 2022. Según la EAAB, “la obra se prorrogó para implementar las soluciones técnicas para la estabilización geotécnica del área del proyecto”.
¿Por qué las obras inconclusas?
Para el profesor universitario John Jairo Morales Alzate, especialista en derecho público, la dilación en la entrega de obras públicas es un fenómeno de escala nacional y refleja “falta de inspección, vigilancia y control de la administración y de los entes de control frente a los contratistas”.
“En las obras públicas opera el fenómeno del anticipo, entonces pasa que lo abandonan, queda inconclusa, no la entregan o lo entregan en malas condiciones, porque el contratista no planifica la obra y se gasta los recursos en otros aspectos . Ahí es donde vienen los sobrecostos”, dijo y agregó que las entidades tienen herramientas jurídicas para evitar que esto ocurra y deben usarlas para vigilar a los que administran recursos del Estado, como las multas o la caducidad del contrato que los inhabilita. “Colombia es un país vicioso en materia contractual”, concluyó.
Como si fuera ley, los bogotanos que transitan por la avenida Boyacá soportan largas esperas para pasar por la calle 13. Además de las entradas de dos centros comerciales, la calle 12 y las polisombras del lugar dificultan el tránsito. El tiempo perdido pudo haberse evitado si hace nueve meses hubieran terminado la avenida Villa Alsacia-Tintal, pero la espera se alargará al menos hasta marzo de 2023, si esta vez sí cumplen los cronogramas.
Según la Contraloría de Bogotá, este proyecto, de $1 billón y que descongestionará el suroccidente, debieron terminarlo en enero de 2021 (la obra empezó en 2019). Pero una medida cautelar sobre el Bosque Bavaria y las maniobras para subterranizar redes de energía influyeron para que, a pesar de tener avance del 71 %, la obra esté en riesgo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confía en que toda la obra esté lista en marzo de 2023. Así como esta, otras trece obras en Bogotá están inconclusas, abandonadas o sin empezar, tras años de haber sido contratadas.
Las de más inyección económica
El nuevo comando de la Policía de Bogotá, la avenida El Rincón en Suba y la ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner (en La Calera) son las obras públicas inconclusas a las que más se les han invertido recursos. En la primera son $175.000 millones y es quizás el “elefante blanco” más reconocido, tras nueve años de retraso y una extensa lista de líos: según la Contraloría, se declaró en siniestro por incumplimiento, fue abandonada y, a pesar del avance físico del 83 % y uno financiero del 62 %, están pendientes obras específicas. El representante legal de la constructora fue condenado a ocho años de prisión por peculado por apropiación. La Policía espera la entrega de la obra en mayo de 2022.
Lea: Alivios deudores morosos, líneas de apoyo y otras noticias de Bogotá
La segunda es un proyecto vial a cargo del IDU con un costo de $173.161 millones. De acuerdo con el ente de control fiscal, La obra solo tiene 5 % de avance, además de once suspensiones, nueve modificaciones y ocho prórrogas. Comenzó en febrero de 2019 y debió terminar en marzo de 2021. No obstante, el Distrito dijo que el plazo se cumple en febrero de 2023. En diciembre pasado, el IDU entregó un tramo de 1,5 kilómetros.
La tercera inició labores en marzo de 2018 y debía estar en mayo de 2020, pero lleva 40 % de avance, cuando debería ser del 81 %. La obra quedó paralizada en febrero de este año, se han girado $53.000 millones (de $93.000 millones) y, en julio de 2021, la Contraloría abrió actuación fiscal. La Empresa de Acueducto dijo que su entrega será el segundo semestre de 2023.
Colegios anunciados, pero…
Las obras para los colegios Emma Villegas de Gaitán, en Fontibón ($14.728 millones); Guillermo León Valencia, en Antonio Nariño ($16.660 millones), y Bolonia, en Usme ($12.982 millones) iniciaron en los años 2014, 2018 y 2019 respectivamente, pero ninguno tiene estudiantes, y no por la pandemia. La Contraloría encontró que el Bolonia que para terminarlo requeriría más recursos, casi 50 % del valor inicial del contrato, mientras que la ampliación de la sede B del Emma Villegas de Gaitán y el Guillermo León Valencia siguen culminar, aun cuando la alcaldesa Claudia López dijo que lo haría el 24 de julio. El Espectador consultó a la Secretaría de Educación, pero no obtuvo respuesta.
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En el sector salud
Desde 2006 se empezó a construir la torre dos del Hospital de Meissen, en Ciudad Bolívar, pero se suspendió por incumplimiento y recién se retomó en 2017, con nuevos diseños y contratista. A la fecha tiene un avance del 28 %, una financiación de $84.399 millones y tres hallazgos fiscales por más de $8.600 millones. La Secretaría de Salud no respondió las preguntas que este medio envió para conocer el estado y avance de la obra, así como fecha tentativa de finalización.
Construcciones a la espera
El imponente edificio que será la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo, la Unidad Deportiva El Salitre y el Centro Día Campo Verde de Bosa son “papas calientes” para las entidades contratantes. La primera tiene un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por $1.400 millones, un atraso de 17 meses, 63 quejas de particulares, que se han visto afectados por la construcción y un valor de $29.890 millones. Esa entidad le dijo a este diario que avanza en el proceso de incumplimiento de la obra y que empezará un nuevo proceso de contratación.
La segunda, que va para tres años de atraso, es objeto de auditoría de la Contraloría y de seguimiento de una Comisión Regional de Moralización. Se le han invertido casi $12.737 millones y, según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el pasado 8 de octubre se adjudicó un contrato por $737 millones y nueve meses de plazo, para hacer un diagnóstico del estado de la obra. La tercera lleva a cuestas dos años y cinco meses de demoras, una demanda por $9.865 millones contra el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca y un nuevo contrato para seguir su ejecución, por $6.175 millones y con un plazo de 14 meses.
Un puente en los planos
Cerca de cumplir el primer año de demora, el puente que se debía construir en la avenida Cuidad de Cali con avenida Ferrocarril (calle 22) permanecen en planes y con una adición al valor inicial que lo dejó en más de $90.354 millones de pesos, de los cuales se han facturado $14.019 millones como anticipo del contrato, aunque este no ha sido desembolsado, según le dijo el IDU a El Espectador. A las demoras en la fecha de entrega, que venció en septiembre, se le suma que la interventoría del contrato está revisando el presupuesto para evaluar la viabilidad de continuar con el proyecto, debido a un posible incremento de casi el 50 % del presupuesto inicial.
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Por otra parte, el proyecto de vivienda de interés prioritario la Arboleda Santa Teresita, en San Cristóbal, que transita su quinto año de retraso (debía finalizar en 2017), con un valor de $56.811 millones, tuvo dos suspensiones, doce prórrogas, 18 modificaciones y cuatro adiciones presupuestales. Sin embargo, la Caja de Vivienda aseguró que en noviembre entregará la primera etapa de 390 apartamentos, los cuales ya fueron sorteados a los futuros beneficiarios.Finalmente, la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia, en Kennedy, que debió estar operando en 2019, apenas tiene un avance del 63 % y seguirá retrasada hasta junio de 2022. Según la EAAB, “la obra se prorrogó para implementar las soluciones técnicas para la estabilización geotécnica del área del proyecto”.
¿Por qué las obras inconclusas?
Para el profesor universitario John Jairo Morales Alzate, especialista en derecho público, la dilación en la entrega de obras públicas es un fenómeno de escala nacional y refleja “falta de inspección, vigilancia y control de la administración y de los entes de control frente a los contratistas”.
“En las obras públicas opera el fenómeno del anticipo, entonces pasa que lo abandonan, queda inconclusa, no la entregan o lo entregan en malas condiciones, porque el contratista no planifica la obra y se gasta los recursos en otros aspectos . Ahí es donde vienen los sobrecostos”, dijo y agregó que las entidades tienen herramientas jurídicas para evitar que esto ocurra y deben usarlas para vigilar a los que administran recursos del Estado, como las multas o la caducidad del contrato que los inhabilita. “Colombia es un país vicioso en materia contractual”, concluyó.