Demandan al Distrito por incumplir contrato de construcción en el San Juan de Dios

Empiezan a conocerse los primeros problemas, tras el empeño del presidente Gustavo Petro de adquirir a nombre de la Nación los predios del complejo hospitalario San Juan de Dios. El constructor español Copasa, al que el exalcalde Enrique Peñalosa le adjudicó en 2019 la licitación para construir el nuevo hospital Santa Clara en los predios del mítico centro asistencial, llevará al Distrito a un tribunal de arbitramento, por incumplimiento de contrato.

Empiezan a conocerse los primeros problemas, tras el empeño del presidente Gustavo Petro de adquirir a nombre de la Nación los predios del complejo hospitalario San Juan de Dios. El constructor español Copasa, al que el exalcalde Enrique Peñalosa le adjudicó en 2019 la licitación para construir el nuevo hospital Santa Clara en los predios del mítico centro asistencial, llevará al Distrito a un tribunal de arbitramento, por incumplimiento de contrato.

Lo demanda tiene una pretensión clara: que condenen a la Alcaldía de Bogotá a pagarle $70.000 millones, a modo de indemnización, por el fracaso de la obra. El principal argumento del demandante es que le adjudicaron un contrato inviable y con serios problemas en la estructuración.

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Si bien, la demanda fue anterior al decreto presidencial, que se expidió este miércoles, el desenlace estaba claro desde el año pasado, cuando el primer mandatario anunció que la Nación trabajaría por la recuperación de los edificios y evitar la demolición.

Vale recordar que los trabajos que les encomendaron, con un presupuesto cercano a los $500.000 millones, contemplaban la demolición de la Torre Central del complejo, pero el constructor debía tramitar por su cuenta, ante el Ministerio de Cultura, los permisos de intervención. No obstante, no lo pudo lograr en casi cuatro años.

Y encontró la razón en las declaraciones del presidente Gustavo Petro y su decisión de incorporar al Plan de Desarrollo su proyecto de comprar y recuperar el complejo hospitalario. En esta idea no cabe por ningún lado la demolición, que era clave para ejecutar la obra.

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Según el documento, que conoció El Espectador, en estos años el constructor solicitó tres veces al Mincultura el permiso de intervención, pero lo rechazaron, exigiendo ajustes que excedían el objeto del contrato. Ante lo inviable que se vuelve la obra fue decidió denunciar y su aspiración es que le paguen os $30.000 millones que supuestamente gastó en estos años de contrato y $40.000 por las ganancias que aspiraba a obtener.

Teniendo en cuenta los antecedentes, las perspectivas de la actual administración frente al desenlace del Tribunal de Arbitramento no son alentadoras. El pleito que está ad portas de definir si es un tribunal de arbitramento nacional o internacional será una de las tareas a resolver de la próxima administración.

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