Demandan millonario negocio de la Empresa de Energía de Bogotá

Pocos negocios han llamado tanto la atención como la venta y la recompra que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) hizo de parte de las acciones que tiene en la Transportadora de Gas Internacional (TGI). La razón: en 2011 vendió el 32% en US$400 millones y las recompró el año pasado en US$880 millones. Es decir, quien las tuvo, en 36 meses duplicó su inversión, a costa del dinero público. En su momento la transacción para recuperar las acciones fue motivo de debate. La administración se defendió diciendo que fue un gran negocio porque la EEB recuperó una empresa en crecimiento, que es la principal transportadora de gas del país (con el 48% del mercado local y 4.000 km de tubería). Sin embargo, las dudas persisten, especialmente por los detalles de la transacción.

Para el abogado Alberto Rey, el negocio es dudoso y cree que pudo haber algún delito. Por eso denunció penalmente a los miembros de la junta directiva de TGI: tanto a los que autorizaron la venta como a los que autorizaron la recompra. Vale aclarar: los alcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro presidieron dichas juntas.

Venta y recompra

En marzo de 2011, en medio del escándalo del “carrusel de la contratación”, la administración de Samuel Moreno impulsó la venta del 32% de las acciones que la EEB tenía en TGI, a la sociedad CITI Venture Capital Internacional (CVCI), con sede en Nueva York. El negocio fue por US$400 millones. El argumento: la necesidad de capitalizar a TGI.

Aunque se hubiera esperado una negociación directa, no fue así. CVCI creó en Luxemburgo la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica (IEL), que a su vez creó en España, en febrero de 2011, la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdigns (IELH). Fue a través de esta sociedad que hicieron la compra.

Concretado el negocio, TGI hizo inversiones por US$750 millones, duplicó su capacidad de transporte de gas y aumentó su red en 300 kilómetros. “A primera vista, el negocio no despertaba dudas, hasta que ocurrió la recompra”, señala la denuncia.

En noviembre de 2013 CVCI dijo que vendería sus acciones en TGI para concentrar esfuerzos en la puja por la compra de Isagén. Ante el anuncio, la junta directiva de la EEB (presidida por el alcalde Gustavo Petro) se reunió en diciembre y aprobó la recompra. En abril de 2014 señalaron que CVCI había aceptado la oferta por US$880 millones.

¿Empresas de papel?

Una vez más llamaron la atención los movimientos para concretar el negocio porque, de nuevo, en vez de existir negociación directa entre la EEB (de mayoría pública) y CVCI, la transacción se hizo a través de una telaraña de empresas, con lo que es difícil rastrear quiénes se beneficiaron con la recompra. La transacción fue la siguiente: la EEB autorizó a su empresa TGI Colombia para que creara TGI España (sin activos), como consta en escritura del 12 de junio de 2014.

La EEB empezó a gestionar préstamos con sociedades en las que tenía participación para pasarle dinero a TGI España. La idea era reunir los US$880 millones para la recompra. La propia EEB giró US$400 millones; TGI Colombia prestó US$129 millones; EEB Perú Holdings LTD (constituida en Islas Caimán) prestó US$38 millones; y el último préstamo del que se tiene registro lo otorgó Gas Natural de Lima y Callao, por US$50 millones. Las transacciones se aprobaron en menos de tres semanas.

Con el dinero reunido, no adquirieron directamente las acciones, sino que, a través de TGI España, compraron la sociedad Inversiones en Energía Latinoamérica Holdigns (España), que era la que tenía el dominio accionario. Vale recordar que esta sociedad era de la empresa de Luxemburgo.

El primero de julio del 2014 se celebró el acuerdo privado de compraventa entre Juan Pablo Pallordet (vendedor) y Sandra Fonseca, entonces presidenta de la EEB (compradora). Sin embargo, la escritura que legalizó el negocio no la firmaron ellos, sino representantes de la empresa de Luxemburgo y TGI España. En el documento, del 2 de julio del 2014, aparecen Miguel Ángel Melero y Beatriz Díez. Hoy TGI España es propietaria de Inversiones en Energía Latinoamérica Holdigns, dueña de las acciones.

Críticas

Una crítica a este negocio la hizo en su momento el concejal Antonio Sanguino, quien reveló que un estudio sobre el precio de las acciones determinó que no superaba los US$663 millones, es decir, US$217 millones menos de lo que pagó la EEB por ellas. Esta empresa se limitó a explicar que la transacción reflejaba la inversión inicial de CVCI (US$400 millones) actualizada a precios de mercado y la inversión que se hizo en la empresa en los últimos años. Además, Sandra Fonseca, entonces presidenta de la EEB, dijo que la venta fue para apalancar el plan de inversiones de TGI, y cuando tuvieron la opción de recomprar, encontraron que el negocio representaba un incremento patrimonial para la compañía.

Las dudas, sin embargo, persisten. La transacción, la creación de empresas, los préstamos, entre otros, son movimientos que, para el abogado Alberto Rey, requieren una mejor explicación que permita descartar si en este entramado hubo algún delito o un detrimento para el Distrito y la Nación. “Si la EEB sabía que la empresa tenía gran proyección y tenía dinero, ¿por qué no prestó en su momento los recursos para hacer las inversiones que multiplicaron el valor de la compañía?”, se pregunta. “Es curioso, ya que el año pasado la EEB sí pudo prestarle US$400 millones de dólares a una empresa de papel, constituida en España, para recomprar las acciones. En todo esto, alguien se benefició a costillas del Distrito y eso es lo que ahora la Fiscalía debería averiguar”.

Pocos negocios han llamado tanto la atención como la venta y la recompra que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) hizo de parte de las acciones que tiene en la Transportadora de Gas Internacional (TGI). La razón: en 2011 vendió el 32% en US$400 millones y las recompró el año pasado en US$880 millones. Es decir, quien las tuvo, en 36 meses duplicó su inversión, a costa del dinero público. En su momento la transacción para recuperar las acciones fue motivo de debate. La administración se defendió diciendo que fue un gran negocio porque la EEB recuperó una empresa en crecimiento, que es la principal transportadora de gas del país (con el 48% del mercado local y 4.000 km de tubería). Sin embargo, las dudas persisten, especialmente por los detalles de la transacción.

Para el abogado Alberto Rey, el negocio es dudoso y cree que pudo haber algún delito. Por eso denunció penalmente a los miembros de la junta directiva de TGI: tanto a los que autorizaron la venta como a los que autorizaron la recompra. Vale aclarar: los alcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro presidieron dichas juntas.

Venta y recompra

En marzo de 2011, en medio del escándalo del “carrusel de la contratación”, la administración de Samuel Moreno impulsó la venta del 32% de las acciones que la EEB tenía en TGI, a la sociedad CITI Venture Capital Internacional (CVCI), con sede en Nueva York. El negocio fue por US$400 millones. El argumento: la necesidad de capitalizar a TGI.

Aunque se hubiera esperado una negociación directa, no fue así. CVCI creó en Luxemburgo la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica (IEL), que a su vez creó en España, en febrero de 2011, la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdigns (IELH). Fue a través de esta sociedad que hicieron la compra.

Concretado el negocio, TGI hizo inversiones por US$750 millones, duplicó su capacidad de transporte de gas y aumentó su red en 300 kilómetros. “A primera vista, el negocio no despertaba dudas, hasta que ocurrió la recompra”, señala la denuncia.

En noviembre de 2013 CVCI dijo que vendería sus acciones en TGI para concentrar esfuerzos en la puja por la compra de Isagén. Ante el anuncio, la junta directiva de la EEB (presidida por el alcalde Gustavo Petro) se reunió en diciembre y aprobó la recompra. En abril de 2014 señalaron que CVCI había aceptado la oferta por US$880 millones.

¿Empresas de papel?

Una vez más llamaron la atención los movimientos para concretar el negocio porque, de nuevo, en vez de existir negociación directa entre la EEB (de mayoría pública) y CVCI, la transacción se hizo a través de una telaraña de empresas, con lo que es difícil rastrear quiénes se beneficiaron con la recompra. La transacción fue la siguiente: la EEB autorizó a su empresa TGI Colombia para que creara TGI España (sin activos), como consta en escritura del 12 de junio de 2014.

La EEB empezó a gestionar préstamos con sociedades en las que tenía participación para pasarle dinero a TGI España. La idea era reunir los US$880 millones para la recompra. La propia EEB giró US$400 millones; TGI Colombia prestó US$129 millones; EEB Perú Holdings LTD (constituida en Islas Caimán) prestó US$38 millones; y el último préstamo del que se tiene registro lo otorgó Gas Natural de Lima y Callao, por US$50 millones. Las transacciones se aprobaron en menos de tres semanas.

Con el dinero reunido, no adquirieron directamente las acciones, sino que, a través de TGI España, compraron la sociedad Inversiones en Energía Latinoamérica Holdigns (España), que era la que tenía el dominio accionario. Vale recordar que esta sociedad era de la empresa de Luxemburgo.

El primero de julio del 2014 se celebró el acuerdo privado de compraventa entre Juan Pablo Pallordet (vendedor) y Sandra Fonseca, entonces presidenta de la EEB (compradora). Sin embargo, la escritura que legalizó el negocio no la firmaron ellos, sino representantes de la empresa de Luxemburgo y TGI España. En el documento, del 2 de julio del 2014, aparecen Miguel Ángel Melero y Beatriz Díez. Hoy TGI España es propietaria de Inversiones en Energía Latinoamérica Holdigns, dueña de las acciones.

Críticas

Una crítica a este negocio la hizo en su momento el concejal Antonio Sanguino, quien reveló que un estudio sobre el precio de las acciones determinó que no superaba los US$663 millones, es decir, US$217 millones menos de lo que pagó la EEB por ellas. Esta empresa se limitó a explicar que la transacción reflejaba la inversión inicial de CVCI (US$400 millones) actualizada a precios de mercado y la inversión que se hizo en la empresa en los últimos años. Además, Sandra Fonseca, entonces presidenta de la EEB, dijo que la venta fue para apalancar el plan de inversiones de TGI, y cuando tuvieron la opción de recomprar, encontraron que el negocio representaba un incremento patrimonial para la compañía.

Las dudas, sin embargo, persisten. La transacción, la creación de empresas, los préstamos, entre otros, son movimientos que, para el abogado Alberto Rey, requieren una mejor explicación que permita descartar si en este entramado hubo algún delito o un detrimento para el Distrito y la Nación. “Si la EEB sabía que la empresa tenía gran proyección y tenía dinero, ¿por qué no prestó en su momento los recursos para hacer las inversiones que multiplicaron el valor de la compañía?”, se pregunta. “Es curioso, ya que el año pasado la EEB sí pudo prestarle US$400 millones de dólares a una empresa de papel, constituida en España, para recomprar las acciones. En todo esto, alguien se benefició a costillas del Distrito y eso es lo que ahora la Fiscalía debería averiguar”.