Denuncian ante la Fiscalía recusaciones que aplazaron debate del POT en Bogotá
En este caso se tratan de unas recusaciones que fueron interpuestas por un mismo ciudadano y en las que fueron señalados más de diez cabildantes. Sin embargo, después de conoció que el firmante había sido suplantado y que él no había presentando el requerimiento.
Este lunes durante la sesión de plenaria en el Concejo de Bogotá donde se resolvieron las recusaciones e impedimentos de un grupo de cabildantes frente al debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la presidenta de la corporación, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), aseguró que denunció penalmente ante la Fiscalía un grupo de recusaciones que tendrían una serie de irregularidades que podrían constituir un delito.
Las recusaciones a las que hace referencia Rojas fueron interpuestas hace cerca de un mes durante un debate en el cabildo donde fueron señalados por presuntos conflictos de interés los concejales Manuel Sarmiento, Celio Nieves, Álvaro Argote y Carlos Carrillo, del Polo Democrático; Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana; así como María Fernanda Rojas y Diego Laserna, de la Alianza Verde, y María Victoria Vargas, del Partido Liberal.
En contexto: Aprobación del POT por decreto, ¿la nueva apuesta?
Ante estos señalamientos los 11 concejales tuvieron que retirarse mientras se resolvían las recusaciones, aplazando el debate sobre el articulado del POT, en lo que tanto, la administración distrital como la bancadas de oposición, han señalado como un maniobras de sabotaje por parte de sectores que desean dilatar la discusión del proyecto en el Concejo de Bogotá.
Al momento de revisar los documentos en los que se señalaba a los cabildantes, según aseguró la concejal Rojas, se encontró que todos estaban firmados por la misma persona: Evaristo Solano. Sin embargo, cuando desde el Concejo se contactaron con el ciudadano que presuntamente había interpuesto las medidas, este señaló que no desconocía del tema y que él no había firmado los documentos.
“El señor Evaristo Solano nos aseguró que él no había emitido ninguna recusación contra nadie, que él no conocía este tema y dejó firmada una declaración escrita que se le anexa también a la Fiscalía. Aquí se suplantó al señor Solano, se cometieron delitos aparentemente para poder recusar a los concejales y además atravesarse al cabildo abierto del POT”, aseguró Rojas sobre su denuncia penal sobre la suplantación de identidad de este ciudadano.
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La cabildante solicitó a las autoridades judiciales investigar el caso donde se podrían haber cometido los delitos de falsedad personal, fraude procesal y falsedad en documento privado. Por su parte, miembros de varios partidos apoyaron la medida de la presidenta del Concejo y aseguraron que este tipo de maniobras suelen utilizarse para aplazar los debates en la corporación, pero que pocas veces se conocen los responsables intelectuales de estas.
Este lunes durante la sesión de plenaria en el Concejo de Bogotá donde se resolvieron las recusaciones e impedimentos de un grupo de cabildantes frente al debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la presidenta de la corporación, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), aseguró que denunció penalmente ante la Fiscalía un grupo de recusaciones que tendrían una serie de irregularidades que podrían constituir un delito.
Las recusaciones a las que hace referencia Rojas fueron interpuestas hace cerca de un mes durante un debate en el cabildo donde fueron señalados por presuntos conflictos de interés los concejales Manuel Sarmiento, Celio Nieves, Álvaro Argote y Carlos Carrillo, del Polo Democrático; Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana; así como María Fernanda Rojas y Diego Laserna, de la Alianza Verde, y María Victoria Vargas, del Partido Liberal.
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Al momento de revisar los documentos en los que se señalaba a los cabildantes, según aseguró la concejal Rojas, se encontró que todos estaban firmados por la misma persona: Evaristo Solano. Sin embargo, cuando desde el Concejo se contactaron con el ciudadano que presuntamente había interpuesto las medidas, este señaló que no desconocía del tema y que él no había firmado los documentos.
“El señor Evaristo Solano nos aseguró que él no había emitido ninguna recusación contra nadie, que él no conocía este tema y dejó firmada una declaración escrita que se le anexa también a la Fiscalía. Aquí se suplantó al señor Solano, se cometieron delitos aparentemente para poder recusar a los concejales y además atravesarse al cabildo abierto del POT”, aseguró Rojas sobre su denuncia penal sobre la suplantación de identidad de este ciudadano.
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La cabildante solicitó a las autoridades judiciales investigar el caso donde se podrían haber cometido los delitos de falsedad personal, fraude procesal y falsedad en documento privado. Por su parte, miembros de varios partidos apoyaron la medida de la presidenta del Concejo y aseguraron que este tipo de maniobras suelen utilizarse para aplazar los debates en la corporación, pero que pocas veces se conocen los responsables intelectuales de estas.