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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Soacha ha sido objeto de atención y preocupación por parte del Congreso de la República, después de que la representante por Cundinamarca, Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), alertara sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
El contrato para el programa es de $20.000 millones de pesos y según el cronograma debe ser adjudicado el 8 de marzo de 2024. Cuenta con la participación de cuatro Uniones Temporales (UT), las cuales han levantado sospechas debido a la presencia de empresas con antecedentes cuestionables en servicios similares.
Una de las UT en disputa, denominada “Calidad y Vida”, ha sido señalada por la congresista Vásquez. En particular, una de sus empresas, Proalimentos Liber S.A.S., actualmente en proceso de reorganización, ha generado dudas sobre su estabilidad financiera. Además, la empresa ha sido objeto de una investigación de la Procuraduría General de la Nación por presunto favoritismo en un contrato con la Ungrd en 2022, así como una sanción económica por cartelización y corrupción.
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Otra UT, “Alimentos PAE Soacha 2024″, integrada por cuatro empresas, también está bajo escrutinio. La representante Vásquez destacó que una de sus integrantes, Seval Logística SAS, estuvo involucrada en un proceso de investigación por presentar documentación falsa en la gobernación de Putumayo. Además, estudiantes en Cundinamarca han denunciado la entrega de alimentos en descomposición o sin madurar por parte de esta empresa.
La UT “Sevivesoacha 2024″ ha sido señalada no solo por su historial de adjudicación constante de contratos, sino también por la presunta implicación del exdiputado de Cundinamarca, Miguel Ángel Villalobos, en un cartel de contratación del PAE en la región.
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La última UT en competencia, “Juntos Por Soacha”, también ha sido objeto de críticas. La representante Vásquez resaltó la cuestionable actuación de la empresa Construyamos Colombia, parte de esta UT, en Tolima, donde se la acusó de corrupción, cartelización y la entrega de alimentos de baja calidad.
La representante concluyó destacando que todos los proponentes para el contrato del PAE en Soacha están bajo sospecha de corrupción, suministro de alimentos deficientes o cartelización. A pesar de que aún no se ha firmado el contrato, el Congreso seguirá vigilando de cerca este polémico proceso de contratación.
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