Denuncian malas condiciones de pacientes de salud mental por líos en contrato
La falta de control en un contrato de la EPS del Distrito Capital Salud, con la IPS REMY S.A.S. habría generado descuido y mala atención a pacientes.
“Pacientes bajo la lluvia, amarrados con sábanas, caminando descalzos sobre el agua, dormitorios inundados, ropa revuelta y sin ningún manejo higiénico”, así es como permanecerían pacientes con problemas de salud mental tras una mala ejecución de un contrato de la EPS del Distrito Capital Salud, con la IPS REMY S.A.S., según denunció la concejal María Victoria Vargas Silva.
El inicio de esta denuncia se remonta a la primera semana de noviembre, cuando la cabildante del partido Liberal puso en conocimiento las irregularidades que tenía esta unidad de la IPS, por la cual, incluso, el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López, la clausuró. “A partir de la fecha, 3 de noviembre de 2022, queda prohibido el funcionamiento de este establecimiento”, dijo en su momento el funcionario.
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A pesar de la decisión del secretario de Salud, el espacio seguiría activo y, además, funcionando con otros problemas que tienen serias repercusiones no solo en la salud de los pacientes, sino esta vez económicas, como lo explica la concejal Vargas Silva.
“Es muy grave que el contrato vigente No. 030 de 2021, que tiene la IPS REMY con la EPS pública Capital Salud, inicie por contratación directa, como es este caso, por cuantía de $3.726 millones y después, presente 11 adiciones y 10 prórrogas, para un valor total de $13.129 millones. Además, según denuncias hechas por el mismo personal que labora en esta IPS, al parecer, no les han cancelado el salario hace más de 6 meses, yendo en contra vía de la cláusula No. 15 del contrato, que señala: “pagar oportunamente los honorarios, salarios y prestaciones del personal, relacionados con la ejecución del presente contrato””, indicó la funcionaria.
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Ante esta situación, la cabildante le solicitó a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital, que investigue el contrato celebrado para “proteger los recursos de la salud de los ciudadanos y garantizar una atención digna a los pacientes con problemas de salud mental en Bogotá”.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
“Pacientes bajo la lluvia, amarrados con sábanas, caminando descalzos sobre el agua, dormitorios inundados, ropa revuelta y sin ningún manejo higiénico”, así es como permanecerían pacientes con problemas de salud mental tras una mala ejecución de un contrato de la EPS del Distrito Capital Salud, con la IPS REMY S.A.S., según denunció la concejal María Victoria Vargas Silva.
El inicio de esta denuncia se remonta a la primera semana de noviembre, cuando la cabildante del partido Liberal puso en conocimiento las irregularidades que tenía esta unidad de la IPS, por la cual, incluso, el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López, la clausuró. “A partir de la fecha, 3 de noviembre de 2022, queda prohibido el funcionamiento de este establecimiento”, dijo en su momento el funcionario.
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A pesar de la decisión del secretario de Salud, el espacio seguiría activo y, además, funcionando con otros problemas que tienen serias repercusiones no solo en la salud de los pacientes, sino esta vez económicas, como lo explica la concejal Vargas Silva.
“Es muy grave que el contrato vigente No. 030 de 2021, que tiene la IPS REMY con la EPS pública Capital Salud, inicie por contratación directa, como es este caso, por cuantía de $3.726 millones y después, presente 11 adiciones y 10 prórrogas, para un valor total de $13.129 millones. Además, según denuncias hechas por el mismo personal que labora en esta IPS, al parecer, no les han cancelado el salario hace más de 6 meses, yendo en contra vía de la cláusula No. 15 del contrato, que señala: “pagar oportunamente los honorarios, salarios y prestaciones del personal, relacionados con la ejecución del presente contrato””, indicó la funcionaria.
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Ante esta situación, la cabildante le solicitó a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital, que investigue el contrato celebrado para “proteger los recursos de la salud de los ciudadanos y garantizar una atención digna a los pacientes con problemas de salud mental en Bogotá”.
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