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Faltando poco más de dos días para que se cumpla una semana de la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, siguen conociéndose más casos de abuso policial en Bogotá. En este caso, quien lo denuncia, asegura que, a inicios de años, en febrero, fue victima de abuso policial por parte de uniformados del CAI de Villa Luz y de Juan Camilo Lloreda, quien es uno de los policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez. Este es su relato.
Era el 2 de febrero, en horas de la noche, Marco Valencia se encontraba acompañado de uno de sus conocidos en uno de los parques del barrio Normandía, en Engativá, cuando fueron abordados por dos policías: “uno de ellos era Lloreda, el mismo policía que agredió a Javier Ordóñez con la pistola taser. "
Cuando este policía se baja de la moto se nos acerca de forma temeraria y nos pregunta qué estamos haciendo. Yo en ese momento me sentí intimidado, pero solo le respondí que estábamos conversando”, contó Valencia.
Tras la respuesta, el otro policía que acompañaba a Lloreda, llamado Jesús Mejía, se bajó de la moto y, dice Valencia, le pide los documentos de una manera agresiva. “Yo les dije que les pasaba los papeles pero que no había necesidad de ser agresivos. Yo les hago saber que conozco mis derechos y que están siendo muy agresivos, pues he cursado mi carrera de derecho”, explicó Valencia.
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Al ver la reacción de los uniformados, la víctima llama a su casa para informarle a sus familiares lo que está sucediendo en el parque. Al colgar, Valencia le pide a la persona que lo acompañaba que grabe el procedimiento. “En el momento en el que yo le doy mi documento a uno de los policías, este arremete contra mí, me arroja al piso, me esposa de un brazo y comienza a golpearme”, cuenta.
En medio de dicha golpiza, llega el hermano de Valencia al lugar y al ver la situación en la que se encuentra su hermano, pide que no le golpeen más, pero también es retenido por el otro policía, Jesús Mejía, quien también lo comienza a golpear. “Mientras Lloreda me tiene a mi en el piso, golpeándome, el otro policía (Mejía), dispara un arma para generar caos y confusión entre los vecinos que están siendo testigos de las agresiones y para que lleguen más policías”, asegura Valencia.
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Y efectivamente llegan más, según lo que relata el hombre, quien asevera que los uniformados que llegan hasta el parque también contribuyen a la agresión. "Uno de ellos me asfixia hasta que yo pierdo la consciencia, no podía respirar. Cuando logro recuperar la consciencia sigo siendo golpeado y mi hermano también.
Por fortuna, dice Valencia, los uniformados no utilizaron una pistola taser con él, como sí sucedió en el caso de Javier Ordóñez. “Afortunadamente no tenían esa pistola eléctrica, y factores muy pequeños como ese, hicieron la diferencia en entre la vida y la muerte para mi hermano y para mí”, asevera.
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Pero la situación no quedó ahí, pues, según Valencia, la persona que grabó todo el procedimiento fue hostigada y perseguida para intentar quitarle las pruebas que tenían en video sobre el procedimiento. “A nosotros nos trasladan al CAI de Villa Luz, el mismo CAI donde agredieron a Javier Ordóñez. Después somos trasladados a la estación de Santa Helenita donde querían hacerme firmar un comparendo. A mí nunca me leyeron mis derechos e incluso me amenazaron diciéndome que se llevarían a mi hermano por violencia a servidor público, me pidieron dinero para que no se lo llevaran, pero me negué”, dijo.
“Mi sorpresa es que, un día me despierto, veo la noticia de que un señor, a quien no conocí, ha muerto por agresiones provocadas por policías que yo ya había denunciado anteriormente. Es una impotencia, es una sensación de responsabilidad moral. Que estoy siendo amenazado, mi familia y yo. Tengo el deber de salir a denunciar esto y si algo me sucede, fueron estos dos policías: el señor Juan Camilo Lloreda y Jesús Mejía”, advierte Valencia.
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Según Valencia, ya había interpuesto la denuncia correspondiente contra ambos policías e, incluso, tiene un dictamen de Medicina Legal que deja constancia de que el no estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que no entiende por qué la Fiscalía no actuó tras dicha denuncia, pues asegura que si hubiesen comenzado una investigación previamente en contra de los uniformados, tal vez Javier Ordóñez estaría vivo todavía.
Valencia ya fue requerido por el fiscal de derechos humanos que lleva el caso de Javier Ordóñez y de las otras 10 víctimas que murieron producto de las protestas, a quien se le entregaron todas las pruebas en video y la denuncia realizada hace siete meses.
