Denuncian presunto reclutamiento irregular del Ejército en el sur de Bogotá

Madres, hermanos y tíos de 13 jóvenes bogotanos, que fueron trasladados al Batallón de Artillería en la localidad Usme, han denunciado públicamente presuntas irregularidades en el proceso de incorporación al Ejército Nacional. Estas personas aseguran que sus familiares fueron requeridos por soldados en estaciones y portales del sistema TransMilenio -como Banderas o Terreros-; les habrían retenido sus documentos de identidad, y luego obligado a ir al Batallón de Artillería Número 13 para definir su situación militar.

Sin embargo, aseguran que no existían órdenes de citación vigentes. Así es el caso de Johan Perdomo, quien asegura que a su hermano se lo llevaron al batallón, “sabiendo que tiene una causal para no prestar servicio militar y es que se encuentra estudiando”. Cuando se dirigió al lugar para pedir que lo sacaran, encontró “quince personas (algunas llevan más de ocho días) pidiendo que suelte a sus hijos, por diferentes causales”.

Una madre de familia habló del caso de su hijo, quien fue conducido desde Suba a Usme, con la excusa de tomarle unos datos y unas huellas, pero una vez en el distrito militar, “le hicieron llenar documentos, supuestamente lo pasaron por psicología y por medicina. Yo dependo económicamente de él y tengo una niña de once años”.

Otras personas que pasan por la misma situación califican de “engaño” la forma cómo los hicieron ir a ese lugar de reclutamiento. Es el caso de Mary Martínez, cuyo hermano fue trasladado desde la estación de Transmilenio de Banderas, luego de que los soldados le dijeron que “los acompañara 30 minutos para solucionar la libreta militar, que no se demoraban. Le quitaron la cédula y lo tienen ahí desde el martes”.

“Ya pasé un derecho de petición para que lo dejen en libertad, porque ya es jueves y se lo quieren llevar al Meta a hacerle el tamizaje, pero él no quiere y está en contra de su voluntad”, dijo a Blu Radio. Esta situación requirió la presencia de funcionarios de la Personería de Bogotá, luego de que la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia hiciera pública la denuncia y calificara el procedimiento como “detención arbitraria con fin de reclutamiento”.

“Verificamos el proceso que realizaba el Ejército y se garantizó que todas las personas fueran mayores de edad. También que se recibiera la documentación para quienes son objeto de exoneración o de aplazamiento del reclutamiento, para prestar el servicio militar”, expresó el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.

Por su parte, el Ejército manifestó a través de un comunicado que ocho de los 13 jóvenes ya regresaron a sus casas luego de constatar que eran estudiantes bachilleres y que los otros cinco querían prestar el servicio militar voluntariamente. “El proceso de verificación de cada caso fue acompañado por los funcionarios públicos, quienes pudieron corroborar que se adelantaron en debida forma los procedimientos de incorporación, ajustados a la normatividad y lineamientos que se tienen en la Fuerza”, aseguraba el documento.

Vale recordar que la Sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional ratificó la prohibición de las redadas o las llamadas “batidas” en las que se identifican y privan de la libertad a personas que no han resuelto su situación militar para conducirlos a instalaciones militares e incorporarlos al Ejército, por “tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial”.

Madres, hermanos y tíos de 13 jóvenes bogotanos, que fueron trasladados al Batallón de Artillería en la localidad Usme, han denunciado públicamente presuntas irregularidades en el proceso de incorporación al Ejército Nacional. Estas personas aseguran que sus familiares fueron requeridos por soldados en estaciones y portales del sistema TransMilenio -como Banderas o Terreros-; les habrían retenido sus documentos de identidad, y luego obligado a ir al Batallón de Artillería Número 13 para definir su situación militar.

Sin embargo, aseguran que no existían órdenes de citación vigentes. Así es el caso de Johan Perdomo, quien asegura que a su hermano se lo llevaron al batallón, “sabiendo que tiene una causal para no prestar servicio militar y es que se encuentra estudiando”. Cuando se dirigió al lugar para pedir que lo sacaran, encontró “quince personas (algunas llevan más de ocho días) pidiendo que suelte a sus hijos, por diferentes causales”.

Una madre de familia habló del caso de su hijo, quien fue conducido desde Suba a Usme, con la excusa de tomarle unos datos y unas huellas, pero una vez en el distrito militar, “le hicieron llenar documentos, supuestamente lo pasaron por psicología y por medicina. Yo dependo económicamente de él y tengo una niña de once años”.

Otras personas que pasan por la misma situación califican de “engaño” la forma cómo los hicieron ir a ese lugar de reclutamiento. Es el caso de Mary Martínez, cuyo hermano fue trasladado desde la estación de Transmilenio de Banderas, luego de que los soldados le dijeron que “los acompañara 30 minutos para solucionar la libreta militar, que no se demoraban. Le quitaron la cédula y lo tienen ahí desde el martes”.

“Ya pasé un derecho de petición para que lo dejen en libertad, porque ya es jueves y se lo quieren llevar al Meta a hacerle el tamizaje, pero él no quiere y está en contra de su voluntad”, dijo a Blu Radio. Esta situación requirió la presencia de funcionarios de la Personería de Bogotá, luego de que la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia hiciera pública la denuncia y calificara el procedimiento como “detención arbitraria con fin de reclutamiento”.

“Verificamos el proceso que realizaba el Ejército y se garantizó que todas las personas fueran mayores de edad. También que se recibiera la documentación para quienes son objeto de exoneración o de aplazamiento del reclutamiento, para prestar el servicio militar”, expresó el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.

Por su parte, el Ejército manifestó a través de un comunicado que ocho de los 13 jóvenes ya regresaron a sus casas luego de constatar que eran estudiantes bachilleres y que los otros cinco querían prestar el servicio militar voluntariamente. “El proceso de verificación de cada caso fue acompañado por los funcionarios públicos, quienes pudieron corroborar que se adelantaron en debida forma los procedimientos de incorporación, ajustados a la normatividad y lineamientos que se tienen en la Fuerza”, aseguraba el documento.

Vale recordar que la Sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional ratificó la prohibición de las redadas o las llamadas “batidas” en las que se identifican y privan de la libertad a personas que no han resuelto su situación militar para conducirlos a instalaciones militares e incorporarlos al Ejército, por “tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial”.