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Este 14 de junio en el Concejo de Bogotá se debate sobre la situación que viven los comerciantes de las plazas de mercado de Bogotá tras la implementación de la resolución 267 del 2020, la cual contempla “formalizar” a los vendedores a través de contratos firmados directamente con el Instituto Para la Economía Social (Ipes), asimismo, el aumento de tarifas, trámites, más documentos e incluso, ideas de negocio para que los comerciantes puedan permanecer en los distintos locales de las plazas.
En contexto: La resolución que enfrenta a comerciantes de las plazas de mercado y al Distrito
Además de la resolución, al Concejo llegó la denuncia del concejal Martín Rivera Alzate, quien afirma que aunque se están gastando los recursos destinados a las obras de infraestructura y mantenimiento de las plazas, que había prometido el Distrito, hoy persiste el deterioro.
“Llevamos meses visitando las plazas de mercado de Bogotá junto al equipo del concejal Manuel Sarmiento. Por ejemplo, en la plaza de La Perseverancia, lo que hemos visto es que se requieren cambios en la cubierta y pisos, que el agua se filtra por los techos dañando la mercancía, que existen problemas de salubridad y afectaciones en el sistema eléctrico que hacen que se quemen equipos como las neveras. También las mangueras están en tal mal estado que se está desperdiciando agua”, señaló Rivera.
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Asimismo, advirtió sobre problemas de planeación, ya que afirma que 9 de las 19 plazas de mercado del sur de Bogotá, tienen el 80 % de desocupación, “en el 2020 había 602 módulos disponibles y en el 2021 había 777″. Y es que de acuerdo con cifras entregadas al concejal por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, a diciembre del 2021, el Ipes gastó $ 2.835 millones, con un 100 % de ejecución, para reforzar la infraestructura de dos plazas, sin embargo, no ejecutó ni el 1 % de la meta física.
Rivera Alzate hace un llamado de atención al Distrito para “garantizar una mayor participación de las y los vivanderos en los procesos de planeación y ejecución, así como comprender el funcionamiento de las plazas como símbolo de patrimonio cultural e inmaterial y su rol como garantes de la soberanía alimentaria de las personas que residen en Bogotá”.
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