Denunciar a un grupo criminal le costó 16 años de impunidad y “asedio policial”

Vivir amenazada y con miedo es la violencia que ha tenido que enfrentar Mayra Quiroga casi toda su existencia. Ser una testigo clave desde que tenía 14 años (hoy tiene 30), en un proceso judicial contra un peligroso grupo criminal, en el que fueron señalados miembros de la Fuerza Pública, le representó una serie de eventos victimizantes que siguen sin ser esclarecidos, reconocidos o con atisbos de justicia. Recientes decisiones judiciales, que impulsan de nuevo el caso, avivaron las intimidaciones, según denunció la víctima ante El Espectador.

Vivir amenazada y con miedo es la violencia que ha tenido que enfrentar Mayra Quiroga casi toda su existencia. Ser una testigo clave desde que tenía 14 años (hoy tiene 30), en un proceso judicial contra un peligroso grupo criminal, en el que fueron señalados miembros de la Fuerza Pública, le representó una serie de eventos victimizantes que siguen sin ser esclarecidos, reconocidos o con atisbos de justicia. Recientes decisiones judiciales, que impulsan de nuevo el caso, avivaron las intimidaciones, según denunció la víctima ante El Espectador.

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Huir del país fue la única opción para poder seguir denunciando los estancamientos de un proceso sin garantías de protección. Hoy esta mujer dice que los asedios, que ha enfrentado por 16 años, se extendieron a su esposo y a sus familiares, víctimas de múltiples hechos que, a pesar de estar en conocimiento de las autoridades, siguen sin ser esclarecidos. El más reciente asedio ocurrió en el sur de la capital, en mayo de 2024. Esta es la historia.

La testigo

Todo comenzó cuando Mayra Quiroga conoció a Carlos Castillo en 2004, en Chapinero, quien luego sería su esposo. Paralelamente, ese año inició su colaboración con la justicia en contra del grupo criminal, con incidencia paramilitar, denominado La Cordillera, con origen en el Eje Cafetero, pero con fuertes tentáculos en el extinto Bronx.

Ella, que había crecido en un ambiente hostil, rodeada de marginalidad y delincuencia, entregó varias declaraciones siendo todavía menor de edad. Testificó sobre las operaciones de la organización, pues, dice, presenció toda clase de delitos. Resalta que colaboró con la Fiscalía sin conocer las implicaciones penales y emocionales, porque “vivía en condiciones precarias y no tenía estudios”. Tampoco pensó en su propia protección.

Sus denuncias ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá salpicaron a cabecillas de primer y segundo niveles del grupo, así como a algunos miembros de la Policía. Entre lo que expuso la testigo se destaca el cómo funcionarios adscritos al Comando de Policía de Bogotá, el CAI de San Victorino y al de la Décima, entre otros, recibían pagos de la estructura criminal, y cómo estos alertaban a los cabecillas sobre las operaciones que programaban las autoridades contra la organización, entre otras actividades corruptas.

Santa Marta

Los hechos que más repudia la familia, y por los que han acudido a varios recursos legales para exigir justicia (entre derechos de petición, tutelas y oficios) sucedieron en marzo de 2008, cuando se encontraba bajo protección en un apartamento en Santa Marta. Mayra, que estaba embarazada, vivía con su hijo de 23 meses, su esposo Carlos Castillo y su suegra.

Los documentos, en los que quedó consignado el relato de lo que sucedió entre ese 3 y 4 de marzo, son escalofriantes. Cuentan cómo en la noche un grupo de encapuchados entró al apartamento y sometió a la familia, buscando documentos que supuestamente tenían en su poder sobre el proceso contra el grupo criminal. La denuncia es tan grave, que no se explican cómo el esquema de protección no apareció esa noche, durante las horas de las agresiones. Ambas mujeres fueron agredidas sexualmente y Castillo golpeado brutalmente, como se observa en los archivos fotográficos posteriores a esa noche.

“Mi hijo Juan Nicolás nació un mes después de los hechos en Santa Marta. Nació con una enfermedad mental. Los psicólogos y psiquiatras, que han seguido su caso por 12 años, han concluido que es consecuencia de los hechos de violencia que sufrí en esa ciudad”, relata Mayra. Las intimidaciones nunca pararon. Cuenta Carlos Castillo que ese año fue víctima de secuestro y abandono a 100 kilómetros de Santa Marta, y a ella en 2012 la atacaron con ácido en Bogotá.

Castillo denuncia que, incluso, a su madre la asesinaron impunemente en la capital. El 12 de febrero de 2011 la atropelló un motociclista. “Iban por mí. No fue un accidente. Lastimosamente, la cogió a ella, que nada tenía que ver”, dice Castillo. El expediente añade que el conductor de la moto, involucrado en el accidente, luego fue asesinado.

El núcleo familiar huyó del país al sentirse perseguido y vigilado constantemente. Entre las denuncias existen archivos que contienen señalamientos contra uniformados adscritos a la Policía de Magdalena por delitos de secuestro y agresión sexual, hechos denunciados en 2008 en Santa Marta.

¿Preclusión?

Incansablemente, la familia Quiroga Castillo ha dado a conocer cada detalle a las autoridades con el fin de obtener justicia. Afirman que nada ha servido y las autoridades siguen evadiendo la búsqueda de los responsables. En abril de este año, el fallo de una acción de tutela ordenó a la “Fiscalía que dentro de los 12 meses siguientes a la notificación de la decisión proceda a solicitar audiencia de formulación de imputación o de preclusión, u ordene el archivo de las diligencias relacionadas con la causa penal”. Esta decisión fue apelada.

Justo después de esto, una hija de Castillo, que vivía en Bogotá, dijo ser víctima de un nuevo asedio relacionado con el pasado de su padre, prendiendo una nueva alarma. Según Castillo, su hija y su yerno acababan de salir de ver una película en el centro comercial Centro Mayor. Era la noche del 7 de mayo de 2024 y tomaron camino por la autopista Sur en un automóvil, cuando tuvieron que acatar la orden de dos policías motorizados, que los requerían para un aparente control en vía.

Se estacionaron a un costado y pronto vieron llegar un carro particular, del que descendieron dos hombres y una mujer de civil que dijeron ser policías. Asumieron el procedimiento, pero la pareja, extrañada con esa situación, protestó pidiendo aclaraciones. Uno de los uniformados los calmó y añadió, “¿qué tal estuvo la película, buena, verdad?”. Su objetivo era, sin embargo, averiguar la ubicación del padre de la muchacha.

Carlos Castillo, esposo de Mayra Quiroga, añade que los oficiales les rompieron los celulares a su hija y su pareja, luego “les dieron $500.000, para que los repararan” y les insinuaron que no valía la pena denunciar y que todo era parte de un procedimiento judicial de rutina. Finalmente señalaron: “Dígales a esos (groserías) que dejen de joder con lo de Santa Marta, que hay mucha gente cansada y molesta con ese asunto”.

“Estamos desesperados, todo lo que ha pasado no puede quedar archivado, así como así”, dice Castillo. Mayra nunca entendió por qué la “trataron como carne de cañón cuando era menor de edad”, concluye la mujer. “16 años, y tanto la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía se niegan a resolver el crimen o dar explicaciones sobre los hechos acaecidos en la ciudad de Santa Marta y que ahora nuevamente se están perpetrando en contra de los familiares de mi esposo, solo por el derecho de pedir justicia, verdad y no repetición”. La cuenta regresiva para que la Fiscalía tome una decisión ya empezó. En este caso, ¿se impondrá la impunidad? Los Castillo Quiroga esperan que no.

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