Desinformar: otra modalidad de reclutamiento irregular en Transmilenio

“Por ningún motivo, se permitirá a la Fuerza Pública realizar detenciones ni operativos sorpresa, para aprehender a los colombianos que, a ese momento, no se hubieran presentado o prestado el servicio militar”. Esta frase, consignada en el artículo 4, de la Ley 1861 de 2017, prohíbe las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, conocidas como ‘batidas’.

“Por ningún motivo, se permitirá a la Fuerza Pública realizar detenciones ni operativos sorpresa, para aprehender a los colombianos que, a ese momento, no se hubieran presentado o prestado el servicio militar”. Esta frase, consignada en el artículo 4, de la Ley 1861 de 2017, prohíbe las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, conocidas como ‘batidas’.

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Y, a pesar de que la ley es clara, las organizaciones sociales, que trabajan en pro de la objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio, denuncian que de nuevo se vienen registrando casos de reclutamiento en estaciones de Transmilenio (TM). Ya no, como se hacía antes (recogiendo jóvenes en un camión), sino mediante otras estrategias que, para ellos, serían igual de cuestionables.

Procesos anómalos

Si bien, el Ejército puede adelantar en la calle labores informativas sobre jornadas para definir la situación militar, tal parece que las están aprovechando para reclutar. Así lo denuncia la Asociación Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC), al indicar que han conocido casos, en estaciones y portales de TM, donde ejercen coacción irregular, para que los jóvenes acudan a los distritos militares, aún sin tener la obligación de hacerlo.

“Por lo general, el Ejército concentra su ejercicio en lugares donde se mueven jóvenes de estratos 1, 2 y 3, porque saben que para ellos es más difícil recibir asistencia legal. Se valen de la desinformación sobre la ley 1861 de 2017, para intimidarlos con supuestas multas si no firman las citaciones con las que los abordan”, dice Alejandro Parra, integrante del equipo de la ACOOC.

Antes de la modificación de la ley, (la cual, además, refiere el proceso de objeción de conciencia como derecho fundamental), las llamadas ‘batidas’ se adelantaban en espacios con alta afluencia como portales y estaciones de TM, donde abordaban a los jóvenes y los llevaban en camiones a los distritos militares. “Estas prácticas, poco a poco, se fueron modificando. Ya no hay camiones, debido al rechazo que causaba esta práctica. Ahora, el reclutamiento se siguió haciendo a través de dos vías: por un lado, obligaban a los jóvenes a subirse a buses de TM, para ir a una estación cercana a algún distrito militar y, una vez, allí, procedían con el reclutamiento”, narra Parra.

“Y la segunda, que es la que se usa ahora, sucede cuando abordan a los jóvenes en las estaciones, para preguntarles si ya definieron su situación militar. A quienes responden no, les dicen que de no solucionar el tema, serán objeto de una multa de un salario mínimo cada año, deuda que se puede acumular. Les dicen también que podrían quedar como remisos, los que perjudicaría su futuro laboral. En otras palabras, emplean estrategias de desinformación para intimidar a los jóvenes. Este año hemos documentado, al menos, 23 casos”.

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Zona gris de la ley

Si bien la ley no faculta a los soldados para tomar registro de los jóvenes en la calle, “la dicotomía consiste en que para la Dirección de Reclutamiento, como tampoco está prohibido, sí se puede hacer. Esa postura, además de vulnerar y poner en riesgo los datos de los jóvenes, se contradice con el procedimiento estipulado en la ley. Este señala que, para solucionar la situación militar, las personas deben acceder a un aplicativo web, sin acudir a ninguna instalación militar y sin la intervención de algún miembro de la entidad”, indica el investigador de ACOOC

Sin embargo, lo que ha verificado la organización, con más de 60 casos en 2023, es que a los jóvenes se les obliga en la calle a firmar una citación. Si bien, a la persona no se la llevan al batallón, queda obligada a presentarse y, por lo general, no les dan el tiempo suficiente para informarse sobre las causales de exoneración. “Si el joven, por ejemplo, responde por sus padres adultos mayores, para demostrar esa situación se requiere de unas declaraciones extrajuicio y otros documentos. Pero, muchos jóvenes en esa circunstancia, no alcanzan a reunir los documentos antes de la fecha de la citación”.

¿Qué dice el Ejército?

El Espectador consultó con la Dirección de Reclutamiento del Ejército sobre las labores informativas y las firmas de citaciones en espacio público, que derivan en reclutamientos, a lo que respondieron que el aplicativo web se usa para completar la inscripción del ciudadano. “Sin embargo, la citación es una notificación que establece la ley, para una primera evaluación. La firma se solicita, para constatar que se les notificó. En cada citación, en la parte inferior, se indica que sí presentan causal de exoneración deben adjuntar la documentación y llevarla el día de la citación”.

La explicación, de igual forma, genera reproches entre las organizaciones sociales. “¿Por qué es necesario que la persona tenga que ir al batallón, cuando la información se la pueden dar en la calle? Cuando el joven entra al batallón, el riesgo de incorporación efectiva incrementa. Una vez adentro es más difícil que la persona pueda salir a demostrar las causales de exoneración. La mayoría de las veces quedan incorporados o con citación para realizar exámenes de aptitud y empezar con el servicio militar”, indican desde ACOOC.

El hecho es que mientras la discusión continúa con la minucia legal, las organizaciones, que trabajan alrededor de la objeción de conciencia y del reclutamiento, siguen recibiendo denuncias de procedimientos presuntamente irregulares que amparados en vacíos legales, derivan en reclutamientos de personas que, por razones éticas, religiosas o cualquier causal de exoneración, terminan de camuflado y empuñando un arma.

“Nuestro llamado es a que la Fuerza Pública haga los esfuerzos necesarios, para cumplir la directriz del ministro Velázquez, quien empezando este gobierno hizo un llamado para que los jóvenes no puedan ser abordados en las calles, con el fin de ser coaccionados para llevarlos a los batallones. Alguien que no quiere estar en las filas es proclive a desertar o a realizar actos de desobediencia y eso va en detrimento de la institución. Queremos hacer énfasis en que la obligación de nuestros jóvenes no es la de prestar el servicio militar obligatorio, sino de solucionar su situación militar conforme ordena la ley”, concluye el investigador de ACOOC.

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