Desplazados sin refugio en la capital
La Personería de Bogotá hizo un llamado al Distrito por la falta de albergues para esta población. La llegada de cien indígenas Embera Chamí desterrados por la violencia del Chocó evidenció esta problemática.
Carolina Gutiérrez Torres
El miércoles 28 de mayo llegaron a Bogotá 80 indígenas Embera Chamí, que provenían del resguardo Conondó (municipio de Bagadó en Chocó). Eran 12 mujeres, ocho hombres y 60 niños. Todos desplazados por los constantes enfrentamientos entre militares y guerrilleros. Prefirieron abandonar sus tierras antes de que se cumpliera la amenaza: “La guerrilla nos dijo que nos iban a bombardear por ‘sapos’, porque supuestamente éramos colaboradores del Ejército”, cuenta Alfonso Manucama Arce, gobernador de la comunidad Conondó.
Los indígenas habían salido una semana atrás, porque sentían que cada vez estaban más cerca los hombres del Ejército y del Frente 47 de las Farc, y tenían miedo de convertirse en el escenario de la confrontación. Como había pasado en el año 2006, cuando ambos bandos se enfrentaron en medio de su resguardo, quemaron sus tierras y las dejaron infértiles. “Desde ese momento los cultivos no crecen”, dice Manucama. Entonces llegó la falta de alimento, el hambre, las enfermedades, los niños desnutridos y los viejos débiles. Y a esos males se les sumaron los constantes enfrentamientos. Para denunciar esa situación viajaron hasta Bogotá, inicialmente, 80 integrantes de la comunidad. Después, lo hicieron 20 más.
Todos llegaron al terminal de transporte sin equipaje, con las ropas viejas y desgarradas. Diez de los pequeños lucían enfermos, por eso tuvieron que ser internados en el hospital Centro Oriente. El parte médico reveló que sufrían de alta desnutrición, estaban infestados de parásitos y algunos presentaban síntomas de leishmaniasis.
La Defensoría, la Personería y Acción Social los remitió a diferentes albergues para desplazados. Están esperando para exponer su problema ante el Gobierno y recibir ayuda y seguridad para volver a sus resguardos. Esa decisión se tomará el cuatro de junio, en una reunión entre instituciones del Gobierno, autoridades y organizaciones indígenas.
Mientras tanto, los Emberas esperan en hogares de comunidades religiosas y ONG, porque, como lo denunció la Personería de Bogotá, el Distrito no tiene albergues para atender el alto número de desplazados que llega a esta ciudad. Según cifras de Acción Social, en los primeros cuatro meses del año, hasta el 6 de mayo, llegaron 8.480 desplazados. “En la ciudad no hay una alternativa oportuna para brindarles albergues a estas familias —explica Luis Carlos Osorio Rendón, delegado para asuntos de gobierno de la Personería—. Las posibilidades están reducidas a la atención que les brinden religiosos y particulares. Pero los recursos de sostenimiento de estos sitios son muy limitados. Si bien cuentan con el espacio físico, difícilmente pueden satisfacer otras necesidades como alimentarias, de aseo y transporte”.
Esa es la situación de los 60 desplazados que están albergados en la Fundación Sol Radiante Indígenas de Colombia, de los hermanos Franciscanos. “No tenemos medios para sostenerlos. Les damos lo básico, comida y un lugar para dormir, pero necesitamos elementos de aseo, ropa. ¿Por qué Acción Social no se ocupa de este tema?”, se pregunta Fray Leovigildo
Castillo, director del albergue. Los niños caminan inquietos de un lado para otro en la casa pequeña de tres habitaciones, una cocineta y un baño. Sólo se detienen para sentarse en el suelo a comer un plato de fríjoles y arroz recalentado a la hora del desayuno. Se les están agotando los pañales. Los adultos no se cambian de ropa hace una semana, cuando llegaron a la capital.
La falta de albergues en la ciudad y las precarias condiciones de los pocos particulares que hay ya habían sido reveladas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que el pasado 21 de mayo firmó un Acta de Entendimiento con la Personería para trabajar juntos en el fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención a la Población Desplazada.
Dentro del análisis que ha hecho el Acnur sobre la situación de desplazados en Bogotá, concluye que es necesario proteger a la población desplazada en la primera fase que viven estas personas, la fase de urgencia: desde el momento en el que llegan a la ciudad y hacen una declaración ante el Ministerio Público (Personería, Procuraría o Defensoría), hasta que son incluidos en el registro único de población desplazada que maneja Acción Social. Según la Acnur, en ese período es responsabilidad de las entidades territoriales brindarles protección.
La Alcaldía Mayor está al tanto de este problema. Saben que no hay albergues, saben que es su responsabilidad, pero argumentan que hay una serie de circunstancias que les han impedido actuar: “El primer problema es la escasez de sitios adecuados. El segundo, la concertación con la ciudadanía para que no se opongan a la apertura de estos sitios y, por último, la falta de recursos. Además, los albergues fijos se constituyen en un polo de atracción muy fuerte para los desplazados. Hay que hacer una evaluación para que el Distrito dé ese paso”, explica Andrés Restrepo Restrepo, subsecretario de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá.
Además, reconoce que debido a esto “urgencias como la de los Emberas no pueden atenderse fácilmente”. Los cien indígenas del Chocó siguen esperando en los albergues, estrechos y sin suficientes recursos, la reunión del próximo miércoles. Aureliano Arce Mamundia, líder de la comunidad, deja claro que ellos no llegaron a Bogotá para quedarse, “venimos a escuchar propuestas para resolver nuestro problema de inmediato y volver al resguardo. Venimos porque no nos aguantamos el hambre y las enfermedades. Venimos a reclamar nuestros derechos. El Gobierno no está mirando a las comunidades indígenas. No nos podemos dejar engañar más del Estado. No tenemos salud, ni vías, ni educación”.
Por ahora el Gobierno no reconoce su calidad de desplazados, en cambio el Distrito, a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social y la Personería de Bogotá nos está acompañando. Según Andrés Restrepo, funcionario de la Alcaldía, “nosotros decimos que se les debe dar el tratamiento de población desplazada, pero los protocolos del orden nacional tienen otras valoraciones de las razones por las que ellos llegaron a la ciudad”.
Se dice que vienen es a mendigar en las calles y que quieren establecerse en la capital, “eso no es verdad —vuelve a aclarar Aureliano Arce—. Nosotros tenemos nuestras tierras, la naturaleza, el agua, los animales del monte. La ciudad y los enlatados nos enferman”.
En cifras
712
es el número de habitantes de la comunidad embera chamí del resguardo Conondó.
200
indígenas desplazados llegaron a Bogotá para dialogar sobre su problemática con el Gobierno.
El miércoles 28 de mayo llegaron a Bogotá 80 indígenas Embera Chamí, que provenían del resguardo Conondó (municipio de Bagadó en Chocó). Eran 12 mujeres, ocho hombres y 60 niños. Todos desplazados por los constantes enfrentamientos entre militares y guerrilleros. Prefirieron abandonar sus tierras antes de que se cumpliera la amenaza: “La guerrilla nos dijo que nos iban a bombardear por ‘sapos’, porque supuestamente éramos colaboradores del Ejército”, cuenta Alfonso Manucama Arce, gobernador de la comunidad Conondó.
Los indígenas habían salido una semana atrás, porque sentían que cada vez estaban más cerca los hombres del Ejército y del Frente 47 de las Farc, y tenían miedo de convertirse en el escenario de la confrontación. Como había pasado en el año 2006, cuando ambos bandos se enfrentaron en medio de su resguardo, quemaron sus tierras y las dejaron infértiles. “Desde ese momento los cultivos no crecen”, dice Manucama. Entonces llegó la falta de alimento, el hambre, las enfermedades, los niños desnutridos y los viejos débiles. Y a esos males se les sumaron los constantes enfrentamientos. Para denunciar esa situación viajaron hasta Bogotá, inicialmente, 80 integrantes de la comunidad. Después, lo hicieron 20 más.
Todos llegaron al terminal de transporte sin equipaje, con las ropas viejas y desgarradas. Diez de los pequeños lucían enfermos, por eso tuvieron que ser internados en el hospital Centro Oriente. El parte médico reveló que sufrían de alta desnutrición, estaban infestados de parásitos y algunos presentaban síntomas de leishmaniasis.
La Defensoría, la Personería y Acción Social los remitió a diferentes albergues para desplazados. Están esperando para exponer su problema ante el Gobierno y recibir ayuda y seguridad para volver a sus resguardos. Esa decisión se tomará el cuatro de junio, en una reunión entre instituciones del Gobierno, autoridades y organizaciones indígenas.
Mientras tanto, los Emberas esperan en hogares de comunidades religiosas y ONG, porque, como lo denunció la Personería de Bogotá, el Distrito no tiene albergues para atender el alto número de desplazados que llega a esta ciudad. Según cifras de Acción Social, en los primeros cuatro meses del año, hasta el 6 de mayo, llegaron 8.480 desplazados. “En la ciudad no hay una alternativa oportuna para brindarles albergues a estas familias —explica Luis Carlos Osorio Rendón, delegado para asuntos de gobierno de la Personería—. Las posibilidades están reducidas a la atención que les brinden religiosos y particulares. Pero los recursos de sostenimiento de estos sitios son muy limitados. Si bien cuentan con el espacio físico, difícilmente pueden satisfacer otras necesidades como alimentarias, de aseo y transporte”.
Esa es la situación de los 60 desplazados que están albergados en la Fundación Sol Radiante Indígenas de Colombia, de los hermanos Franciscanos. “No tenemos medios para sostenerlos. Les damos lo básico, comida y un lugar para dormir, pero necesitamos elementos de aseo, ropa. ¿Por qué Acción Social no se ocupa de este tema?”, se pregunta Fray Leovigildo
Castillo, director del albergue. Los niños caminan inquietos de un lado para otro en la casa pequeña de tres habitaciones, una cocineta y un baño. Sólo se detienen para sentarse en el suelo a comer un plato de fríjoles y arroz recalentado a la hora del desayuno. Se les están agotando los pañales. Los adultos no se cambian de ropa hace una semana, cuando llegaron a la capital.
La falta de albergues en la ciudad y las precarias condiciones de los pocos particulares que hay ya habían sido reveladas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que el pasado 21 de mayo firmó un Acta de Entendimiento con la Personería para trabajar juntos en el fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención a la Población Desplazada.
Dentro del análisis que ha hecho el Acnur sobre la situación de desplazados en Bogotá, concluye que es necesario proteger a la población desplazada en la primera fase que viven estas personas, la fase de urgencia: desde el momento en el que llegan a la ciudad y hacen una declaración ante el Ministerio Público (Personería, Procuraría o Defensoría), hasta que son incluidos en el registro único de población desplazada que maneja Acción Social. Según la Acnur, en ese período es responsabilidad de las entidades territoriales brindarles protección.
La Alcaldía Mayor está al tanto de este problema. Saben que no hay albergues, saben que es su responsabilidad, pero argumentan que hay una serie de circunstancias que les han impedido actuar: “El primer problema es la escasez de sitios adecuados. El segundo, la concertación con la ciudadanía para que no se opongan a la apertura de estos sitios y, por último, la falta de recursos. Además, los albergues fijos se constituyen en un polo de atracción muy fuerte para los desplazados. Hay que hacer una evaluación para que el Distrito dé ese paso”, explica Andrés Restrepo Restrepo, subsecretario de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá.
Además, reconoce que debido a esto “urgencias como la de los Emberas no pueden atenderse fácilmente”. Los cien indígenas del Chocó siguen esperando en los albergues, estrechos y sin suficientes recursos, la reunión del próximo miércoles. Aureliano Arce Mamundia, líder de la comunidad, deja claro que ellos no llegaron a Bogotá para quedarse, “venimos a escuchar propuestas para resolver nuestro problema de inmediato y volver al resguardo. Venimos porque no nos aguantamos el hambre y las enfermedades. Venimos a reclamar nuestros derechos. El Gobierno no está mirando a las comunidades indígenas. No nos podemos dejar engañar más del Estado. No tenemos salud, ni vías, ni educación”.
Por ahora el Gobierno no reconoce su calidad de desplazados, en cambio el Distrito, a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social y la Personería de Bogotá nos está acompañando. Según Andrés Restrepo, funcionario de la Alcaldía, “nosotros decimos que se les debe dar el tratamiento de población desplazada, pero los protocolos del orden nacional tienen otras valoraciones de las razones por las que ellos llegaron a la ciudad”.
Se dice que vienen es a mendigar en las calles y que quieren establecerse en la capital, “eso no es verdad —vuelve a aclarar Aureliano Arce—. Nosotros tenemos nuestras tierras, la naturaleza, el agua, los animales del monte. La ciudad y los enlatados nos enferman”.
En cifras
712
es el número de habitantes de la comunidad embera chamí del resguardo Conondó.
200
indígenas desplazados llegaron a Bogotá para dialogar sobre su problemática con el Gobierno.