Son varios factores los que influyen en la desconfianza que sienten millones de bogotanos y ciudadanos en la Policía. La impunidad; la falta de reconocimiento de los altos mandos frente a los hechos de violencia policial, y la actitud negacionista frente a las evidencias que demuestran los abusos de autoridad son algunas de las actitudes que agudizan ese sentimiento.
Muestra de ello es que por el asesinato de Javier Ordoñez solo un policía ha llegado a juicio y para que los altos mandos pidieran perdón por este hecho, así como por las muertes tras el estallido social del 9 y 10 de septiembre de 2020, fue necesario un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligara al Gobierno a pedir excusas y a asumir la responsabilidad. Aunque se cumplió, no fue suficiente para reestablecer la confianza de la ciudadanía hacía la Policía y las instituciones que deben velar por la seguridad ciudadana.
Y es que fue tal la ira de miles de ciudadanos, que después de la muerte de Ordoñez se inició una jornada de protesta que comenzó de manera pacífica, pero se fue transformando en una batalla campal, que terminó con un saldo de 13 muertos, en Bogotá y Soacha; 72 Centros de Atención Inmediata (CAI) en la capital incinerados y vandalizados, destrozos en la ciudad, 581 civiles heridos, 74 de ellos por armas de fuego, y decenas de uniformados lesionados.
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Los asesinatos y la manera cómo ocurrieron dieron pie para que esa fractura entre ciudadanía y Policía se agudizara. “Sobre todo en los jóvenes, que ven a un policía y aunque no tengan nada que ocultar, sienten temor de que hagan algo contra ellos” menciona Jorge Cuervo, profesor de la Universidad Externado, experto en derechos humanos y analista político.
El grado de desconfianza llegó a tal punto que los días y meses siguientes se dieron manifestaciones y peticiones de un sector de la población, de concejales y de congresistas, para dar pie a un diálogo nacional que contemplara la reforma policial. Sin embargo, varios expertos consultados por El Espectador aseguran que, si bien la reforma es una alternativa, esta sería apenas un eslabón mínimo, pero necesario, para reconstruir el respeto mutuo.
Patricia Bulla, investigadora asociada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), destaca que el cambio no solo debe ser técnico de la Policía, también se debe entablar un diálogo político en donde la Fiscalía, las alcaldías locales, los entes judiciales y el Gobierno Nacional pongan de su parte, no solo para rechazar los actos de violencia policial sino, para que sean éstas mismas las que cumplan con las labores, que permitan lograr una seguridad ciudadana estable.
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“El cumplimiento de las labores de otras instituciones ayudaría a fomentar mayor confianza. Los resultados en materia de seguridad de la Policía son interdependientes con el desempeño de otras entidades. La actuación de la Fiscalía y el manejo carcelario. Uno cree que la Policía es responsable de todo, pero hace apenas un pedacito de la seguridad ciudadana. El resto lo hacen las entidades distritales, nacionales y lo operadores de justicia. Todo eso es lo que permite generar un resultado en materia de seguridad ciudadana, lo que permite aumentar la confianza”, agrega Bulla.
En la encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2020 se evidencia que de 3.500 personas encuestadas, el 43 % considera que para mejorar la seguridad de la capital y con ello, recobrar la confianza en la Policía, es necesario acabar con la corrupción presente dentro de la institución, mientras que 10 % asegura que es fundamental que se mejore la justicia y los procesos disciplinarios que castigan a los uniformados envueltos en hechos de vulneración. Por su parte, 3 de cada 10 ciudadanos consultados destacan como “buen servicio” la relación o las interacciones tenidas con los miembros de la Policía de Bogotá.
Por su parte, para Cuervo, la Policía sigue viendo a la ciudadanía como “si fuera un enemigo al que hay que castigar”, lo que genera que la relación sea de carácter reaccionaria y agresiva y no conciliadora. Además, hace falta mayor rigurosidad para investigar los casos en los que los uniformados se ven envueltos en delitos o hechos de abuso de autoridad y exceso de fuerza. Muchos son procesados por la Justicia Penal Militar (JPM) y, según él, hay casos que deberían ser tratados por la justicia ordinaria, pues “hay una percepción de que si el caso se va a la JPM no va a pasar nada”, dice el experto, quien agrega: “La gente piensa que si no se puede controlar el abuso, por lo menos que haya la sanción tanto penal como disciplinaria, y uno nunca sabe que pasa con los procesos disciplinarios en la Policía. Prácticamente esto es un alivio para los infractores, pues muy pocas veces los casos concluyen de la manera esperada”.
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Para tratar de reconstruir esa necesaria confianza que se debe tener en la institución, cuya misión es velar por la seguridad ciudadana, el veedor Distrital Guillermo Rivera recomienda que la Policía fomente una formación rigurosa en Derechos Humanos, ya que, la Policía no puede ser una bolsa de empleo para todo aquel que no tenga una posibilidad de acceder a otra actividad. “Tiene que ser realmente una institución que seleccione y forme muy bien el personal, de tal manera que sea un cuerpo civil armado ejemplar”.
De igual forma, para Alejandro Lanz, codirector de la organización Temblores, el reconocimiento de los hechos de violencia que cometen algunos policías debe ser fuertemente rechazado y sancionado por el Presidente de la República, comandantes de Policía y alcaldes locales, entendiendo que, siendo las máximas autoridades no pueden negar ni atenuar los actos violentos, ya que hacerlo ocasiona que los uniformados sientan respaldo a la hora de actuar de manera indebida.
Finalmente los expertos coinciden en que se debe comenzar con una reforma al código de policía, que limite sus funciones y sus facultades para relacionarse con los ciudadanos. Sin embargo, también destacan que es un trabajo de largo aliento y con poca intención de realizarse. Por lo que para recuperar y reconstruir los lazos rotos se debe comenzar con hechos puntuales, que se centran en el reconocimiento público de los actos de violencia cometidos, el fortalecimiento de los castigos disciplinarios y penales junto con una veeduría civil que genere una observación rigurosa a los procesos policiales con los que finalmente se pueda entablar una discusión, que permita una rendición de cuentas claras por parte de la Policía hacia los ciudadanos.