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Marcela*, una mujer afro que vive en Bogotá, sufre a diario la discriminación contra ella y su familia. Cuenta que han sido víctimas de ataques verbales de algunos vecinos, en un conjunto residencial en Bosa, quienes, además de usar expresiones racistas, los atacan diciendo que son los responsables del aumento “de la inseguridad en el barrio, por el hecho de ser negros”. Su caso es el vivo ejemplo de que el racismo es un mal que aún no se ha erradicado y denuncias como estas aún se siguen presentando.
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Las Naciones Unidas proclamaron el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en honor a la lucha de 69 personas, masacradas en 1960 por la policía de Sharpeville (Sudáfrica). Los mataron por protestar contra el apartheid, una política que buscaba separar a los integrantes de origen africano del resto de la población blanca.
Han pasado 62 años y se siguen presentando actos racistas en el mundo, a pesar de la sangre que se derramó y los esfuerzos de las naciones. En Colombia, por ejemplo, el artículo séptimo de la Constitución de 1991 pretende reducir la discriminación y dignificar a las poblaciones minoritarias, planteando que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación”. Sin embargo, más allá de la prosa ideal de un mundo utópico en los documentos oficiales, situaciones como las de Marcela* se siguen viviendo en el día a día.
Para Juan de Dios Mosquera, director de la Asociación Nacional por los DD. HH. Afrocolombianos (Cimarrón), esto evidencia que en el país se siguen replicando prejuicios, que llevan a actos racistas. “Esto lleva a que persista el círculo de desigualdad económica, social, educativa, cultural y de participación política, que impuso la esclavización y la marginalización”, explica.
Agrega que desde las instituciones oficiales se cometen errores que afectan el bienestar de las comunidades negras, raizales y palenqueras, como sucedió con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, que realizó el DANE, que indicaron que la población afrocolombiana la integraban apenas 2′982.224 personas, cifra que representa una reducción del 30 % frente a los resultados de la encuesta de calidad de vida, en la que 4′311.757 ciudadanos se identificaron como afrodescendientes.
“Esto denota falta de rigurosidad en los procesos de encuestas, dado que no se llegó a las comunidades afros que viven en medio de la violencia, como lo son las zonas del Chocó y el Pacífico. Sumado a que no se preguntó por la pertenencia étnica de los consultados”, menciona Mosquera. Es importante destacar que, a pesar de la diferencia en los resultados, esta encuesta arrojó también un panorama preocupante: el 48 % de estos hogares vive en condición de pobreza y solo el 19,2 % acaba la secundaria.
En Bogotá, según la Secretaría Distrital de Planeación, en 2020 vivían 115.088 afrodescendientes, ubicados principalmente en Bosa, con 20.206 habitantes; Suba (16.316), Ciudad Bolívar (11.454), San Cristóbal (10.697) y Engativá (9.401). Teniendo en cuenta estas cifras y buscando reducir actos racistas, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) afirma que, a través de la estrategia “Somos etnias, somos pueblos”, se ha firmado el “Pacto contra el Racismo y la Discriminación Racial”, con el objetivo de “construir una campaña contra el racismo y la promoción de la diversidad étnica”.
Según el reporte de la entidad, de octubre del año pasado a la fecha se han realizado treinta actividades en las localidades, impactando a 1.536 personas, vinculadas a la construcción de acuerdos locales en torno al desaprendizaje de prácticas racistas y discriminatorias. Pero, al analizar los datos, se aprecia que la mayoría de actividades fueron con miembros de las estaciones locales de Policía o a través de transmisiones en vivo, lo cual, según Jonh Jak Becerra, activista en asuntos étnicos y afrocolombianidad, no garantiza un compromiso real de los que asisten.
“Usualmente, en las estrategias de las entidades públicas no hay un acercamiento directo al racismo, por lo que muchas personas pueden decir que no existe en Colombia. Pero estos comportamientos tienden a ser trivializados socialmente e incluso pueden pasar desapercibidos en ambientes donde se normalizan”, comenta Becerra.
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Agrega además que los actos racistas se evidencian en situaciones que viven a diario las personas afro. “Cuando voy a un centro comercial soy vigilado de manera especial y me siento perseguido e incómodo. Existe un perfilamiento racial. También ocurre en otros aspectos como a la hora de arrendar un inmueble. Esto no es fácil para todos los afrodescendientes en Bogotá, porque aún hay gente que abiertamente dice: ‘yo no les rento a negros’”, describe.
Esto plantea la necesidad de reestructurar la construcción social que se ha generado a partir de la exaltación de la tez blanca. Tal como afirma el activista francés Lilian Thuram, autor del libro ‘El pensamiento blanco’. Es por ello que desde el Movimiento Cimarrón creen necesario implementar en las instituciones educativas una cátedra de estudios afrocolombianos, que tumbe las bases de los prejuicios sociales desde la infancia. Petición que se suma a la creación de una política pública contra el racismo y la discriminación racial, en pro de mejorar las condiciones de vida de esta población.
En ese sentido, Libardo Asprilla, concejal de Bogotá, concuerda con la propuesta y afirma que desde la capital se debe dar el primer paso para ello: “Asumir la discriminación racial como un problema en la ciudad es uno de los retos que debemos enfrentar. Bogotá debe dar ejemplo a otras ciudades, porque aquí aflora la diversidad en múltiples formas. A pesar de ello, no se ha avanzado tanto en acciones normativas enfocadas en procesos de inclusión con las poblaciones diferenciales”, menciona.
Cabe destacar también que en el cabildo se aprobó, el pasado 23 de febrero, en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 076, por medio del cual se crea el sello “Bogotá incluyente”, que en caso de ser aprobado, también en segundo debate en la plenaria del Concejo, se remitirá a la alcaldesa para su sanción. El proyecto buscaría otorgar beneficios a las empresas en Bogotá que prioricen la contratación de mujeres cabeza de familia e integrantes de grupos minoritarios como comunidades afrodescendientes, indígenas y comunidad LGBTI. “Debemos reconocer la diversidad y vivirla en el ámbito productivo, ya que desafortunadamente la incidencia de pobreza multidimensional y el desempleo de los integrantes de grupos étnicos, doblan a quienes no tienen ninguna pertenencia raizal”, dice Asprilla.
Sin embargo, el llamado no se debe quedar solo en la inclusión, dado que es vital avanzar también hacia la equidad y la igualdad, como propone el activista Becerra, quien resalta la importancia de desaprobar expresiones cotidianas, por más incómodo que sea, que terminan reforzando la segregación: “Existe un racismo sistemático y estructural, que en muchas ocasiones revictimiza a las personas al quejarse o manifestar su inconformismo por expresiones como ‘trabajar como negro’, ‘o me negrearon’, dado que hacen alusión directa a la esclavitud de nuestros pueblos y la invisibilización que se tuvo de sus derechos básicos”, concluye.
Un común acuerdo al que llegan tanto Becerra como Mosquera es que es indispensable que todos los ciudadanos aporten a la erradicación de la discriminación en cualquiera de sus formas. Para hacerlo, hay que reconocer, en primera medida, que existen privilegios sociales; que el uso de la palabra construye discursos y que no basta con ignorar las desigualdades, hay que afrontarlas a pesar de no ser víctima directa. Es hora de cuestionar la blanquitud, aunque haya una resistencia al hacerlo, como afirma Thuram en su libro.
*Se cambió el nombre por solicitud de la fuente.
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