Diáspora venezolana, el duro reto de la inclusión
A propósito del más reciente informe de Bogotá Cómo Vamos, le contamos el panorama actual de la población migrante; las cifras alrededor de la diáspora, y los problemas a superar para una mejor inclusión social y laboral.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, con corte a agosto de 2023, en Bogotá residían 605.376 personas que llegaron durante la diáspora de ciudadanos y ciudadanas provenientes de Venezuela. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), entre julio de 2022 y junio de 2023, la migración venezolana representaba un 88 % del total de extranjeros residentes en Bogotá y cerca de 5% del total de los habitantes de la capital. Para poner los números en contexto, la cifra equivale al total de la población de Fontibón.
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De acuerdo con cifras de Migración Colombia, con corte a agosto de 2023, en Bogotá residían 605.376 personas que llegaron durante la diáspora de ciudadanos y ciudadanas provenientes de Venezuela. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), entre julio de 2022 y junio de 2023, la migración venezolana representaba un 88 % del total de extranjeros residentes en Bogotá y cerca de 5% del total de los habitantes de la capital. Para poner los números en contexto, la cifra equivale al total de la población de Fontibón.
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Con esta cifra en mente, Bogotá Cómo Vamos realizó un estudio que ahonda en la integración socioeconómica de la población migrante proveniente de Venezuela que actualmente reside en Bogotá. El estudio hace parte de “Inclusión Migratoria para el Desarrollo Local”, una alianza entre los Cómo Vamos de Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá. Cada una de estas ciudades tiene su informe y sobre él, las recomendaciones para los gobiernos locales de cada ciudad.
Para entender las condiciones socioeconómicas, hay que esaber cómo está distribuida la población. De manera similar a la comunidad de acogida (es decir, quienes residen en el lugar en el cual la diáspora se instala), la población venezolana residente en la capital se distribuye de igual manera entre hombres y mujeres (50y 50%). Además, un dato no menor, es que la comunidad migrante es en promedio más joven que la comunidad de acogida pues, según la GEIH, la edad promedio de los migrantes es de 25 años, y el promedio de edad de la población capitalina es de 35 años. (Según el DANE, quienes tiene entre 14 y 28 años son consideradas personas jóvenes).
Las cifras en materia socioeconómica
Los números detallan la complejidad de las actuales circunstancias. De acuerdo con el informe, el 62,2% de los 605.376 ciudadanos y ciudadanas venezolanas residentes en Bogotá, viven en la pobreza monetaria, concepto que el DANE define como, “el valor en dinero que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir”, cifra que, en el más reciente informe del DANE publicado en septiembre, fue tasada en $396.864. Es decir, que el 62,2% de la población migrante devenga menos de ese valor al mes, cifra que supera el doble del registro del resto de la población, que es del 26,3%.
Para el caso de la pobreza extrema, que se entiende como la incapacidad de una persona de cubrir sus necesidades básicas de alimentación (2.100 calorías diarias), Bogotá Como Vamos informa que el 20,8 de la población venezolana residente en Bogotá vive con menos de $198.000 al mes, cifra que casi triplica a la registrada por el resto de bogotanos, que se estima en un 7,5%.
Además, el 21,3% de los niños, niñas y adolescentes cuyo rango de edad está entre los 6 y los 16 años, no asisten al colegio, el 47% no se encuentra afiliado a un sistema de salud y el 18,3% de las personas provenientes de Venezuela, viven en hacinamiento crítico, es decir, tres o más miembros de un mismo hogar duermen en la misma habitación.
Problemas con la regularización
Para Iván Mauricio Gaitán, consejero para Asuntos Migratorios de la alcaldía mayor de Bogotá, nombrado durante la administración de Claudia López, una de las causas principales de esta situación, tiene que ver con que la entrega de Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes (PPT), el cual fue congelado desde 2022, en la era del presidente Iván Duque: “En mayo de 2022 se cerró el registro, y si no hay registro, es muy complejo garantizar los derechos de la población migrante, máxime si están en condición de irregularidad. Lo primero para garantizar el PPT es el registro, luego viene la biometría y finalmente la entrega del documento, si no hay registro, se bloquea el proceso. A cierre del año pasado tenemos en Bogotá cerca de 330.000 personas regularizadas”, cifra que indica, frente a las 605.376 ciudadanos venezolanos, que aproximadamente la mitad se encuentran en situación irregular.
No tener el PPT implica no poder acceder a cadenas productivas, a ferias laborales pensadas exclusivamente para población migrante, a registrar un emprendimiento ante las autoridades locales e incluso complicaciones y trabas con el acceso a la salud y a la educación, derechos que deben garantizarse independientemente de la situación regular o irregular de quien accede. Además de ello, que se congelen los registros, “es una bomba de tiempo social y económica, en el entendido de que se presta para captar personas para actividades ilícitas, o para ser explotadas mientras ganan sueldos de hambre, entre otras consecuencias”, explica Gaitán.
Las fallas en el proceso de convalidación de títulos, el desconocimiento tanto del empleador como del aspirante sobre el proceso de contratación a migrantes, la dificultad de demostrar experiencia laboral previa y la certificación de competencias adquiridas también son parte de la barrera que impiden que cientos de miles de ciudadanos venezolanos no puedan acceder a un empleo formal, hechos que terminan desbordando el rebusque, la explotación laboral y la informalidad.
Mejorar las políticas
El informe de Bogotá Cómo Vamos presenta tres razones fundamentales para hacer ajustes urgentes, ante este panorama:
- Por un lado, la importancia de la integración socioeconómica y cultural, como medida para reducir las vulnerabilidades y garantizar derechos fundamentales como el trabajo decente y la no discriminación.
- Por el otro, en la dinámica migratoria actual se observa menor movilidad que años atrás, lo que indica que la población se ha asentado y tienen la intención de permanecer en el país, por lo que con mejores políticas de inclusión, se disminuyen los niveles de vulnerabilidad y se promueve el desarrollo local.
- Finalmente, se pregunta la entidad ¿qué pasaría si el Distrito no apuesta por la integración socioeconómica, promoviendo el paso de la población venezolana del sistema con enfoque asistencial al contributivo? En ese caso, dice, el Distrito y la Nación deberán asumir dos costos: los económicos, que representa la carga de servicios de asistencia en salud, educación, alojamiento y subsidios para la superación de la pobreza, y los costos de oportunidad, contribuciones tributarias y al desarrollo local, que se pierden en el camino por no acelerar esa transformación.
En resumen, el informe revela un panorama complejo con la población migrante en Bogotá, la cual, puede ser un motor de desarrollo para la capital, una vez las políticas permitan la inclusión de los nuevos residentes se puedan a las dinámicas de ciudad.
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