Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Una bocanada de justicia tomaron este martes 19 de octubre los padres del grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo, de 17 años, asesinado por un patrullero de la Policía. Adriana Lizarazo y Gustavo Trejos tuvieron que esperar un poco más de una década para conocer esta decisión que, según ellos, no fue del todo satisfactoria.
La juez 19 penal de Bogotá condenó al coronel Nelson de Jesús Arévalo, al teniente Rósemberg Madrid Orozco, al intendente Juan Carlos Leal, a los patrulleros Fleiber Leandro Zarabanda y Wílmer Antonio Alarcón, así como al asesor jurídico de la Policía de Bogotá, Héctor Hernando Ruiz, por alterar la escena del crimen, ocurrido el 19 de agosto de 2011, en la calle 116 con avenida Boyacá, en Bogotá.
Los ahora condenados fueron juzgados por fraude procesal, falsedad de documento, ocultamiento y destrucción de material probatorio, fabricación, porte y comercialización de armas, y favorecimiento al homicidio. Tras la audiencia, en la que se conoció el fallo y que fue aplazada en tres ocasiones desde abril pasado, se estableció que Becerra, además de ser asesinado por el patrullero Alarcón, fue víctima de un montaje, con el que se intentó dañar su nombre.
Le puede interesar: Caso del grafitero Diego Felipe Becerra, a 10 años de su asesinato
Los uniformados construyeron la versión de que el joven había intentado robar un bus de servicio público y que por eso había sido asesinado en medio de una persecución policial. Para llevarlo a cabo, los uniformados alteraron la escena del crimen, ubicando un arma de fuego en el sitio.
Según el despacho, el coronel Arévalo, para entonces comandante de la Estación de Policía de Suba, tuvo conocimiento y avaló la puesta del arma. En esta situación tuvieron participación y conocimiento el teniente Madrid, comandante del CAI de Andes; el intendente Leal, del mismo CAI; los patrulleros Zarabanda, del CAI Alhambra, y Alarcón, así como el abogado Ruiz, quien ideó el plan para evitar el proceso contra los policías.
Por otro lado, la juez absolvió a los entonces coroneles Johan Peña y José Javier Vivas, al considerar que la Fiscalía no logró demostrar que ellos hubieran tenido conocimiento de que se colocaría la pistola en el sitio. Misma suerte corrieron los civiles Jorge Eliécer Narváez, conductor de la buseta que atestiguó que Becerra lo había asaltado antes del supuesto tiroteo con la Policía, y a su esposa Nubia Mahecha, que ratificó la denuncia. Ambos fueron absueltos del delito de favorecimiento de homicidio.
¿Cómo inició el montaje?
El joven Becerra se encontraba junto a varios amigos en el puente de la calle 116 con avenida Boyacá pintando un grafiti del “Gato Félix”, lugar al que llegaron varios policías a increparlos y requerirlos para una requisa. Sin embargo, los jóvenes salieron a correr y metros adelante Diego Felipe fue alcanzado por Wílmer Alarcón, quien le disparó por la espalda.
Lea también: Caso Diego Becerra: El futuro que le espera al expatrullero Wilmer Alarcón
Ante esto, la primera versión fue que el artista callejero participó de un atraco a un bus y estaba armado. Que tras el pedido de ayuda del conductor, la policía reaccionó. No obstante, esta hipótesis quedó sin sustento con el dictamen pericial de Medicina Legal, que confirmó que esa noche la víctima no manipuló un arma de fuego luego de determinar que no se hallaron rastros de amonio o plomo.
Las condenas por el homicidio
Además de la condena conocida ayer, la justicia determinó en otros dos procesos la responsabilidad de dos uniformados -el subintendente Nelson Giovanni Tovar y el patrullero Wílmer Alarcón- en el asesinato y en el posterior montaje. Tovar aceptó en marzo de 2015 que fue quien consiguió el arma para justificar el crimen. El subintendente llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a ocho años de prisión en enero de 2017, sentencia que cumple con el beneficio de casa por cárcel, por colaborar con la justicia.
Alarcón fue condenado en 2017 a 37 años, 6 meses y 1 día de prisión por el delito de homicidio agravado, pero estuvo prófugo de la justicia hasta el pasado 22 de agosto, cuando fue capturado en Casanare por hombres del Gaula y el CTI. Se encuentra en la cárcel La Picota purgando su condena, que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en mayo de 2021.
Los abogados defensores de los condenados manifestaron que interpondrán los recursos en contra de la decisión, mientras que la familia del joven expresó que apelarán la determinación que absolvió a los coroneles Peña y Vivas. “Vamos a usar todos los recursos legales para demostrar la culpabilidad de las cuatro personas absueltas, pues para nosotros es muy claro que todos los que estuvieron en la escena del crimen eran conscientes de que se iba a implantar un arma y conseguir testigos falsos”, dijo a El Espectador Gustavo Trejos, padre de Diego Becerra.