Dilación de jueces impide al Distrito recuperar posesión del parque La Florida

Ante la incapacidad de algunos alcaldes de administrar bienes del Distrito, varios entregaron en arriendo parques y parqueaderos a privados, quienes, por un pago anual y un plazo definido, explotaban comercialmente los predios. Hoy, esta figura es un dolor de cabeza, porque lo que comenzó como un negocio pacífico, terminó en pleitos judiciales por recuperar los bienes.

Ante la incapacidad de algunos alcaldes de administrar bienes del Distrito, varios entregaron en arriendo parques y parqueaderos a privados, quienes, por un pago anual y un plazo definido, explotaban comercialmente los predios. Hoy, esta figura es un dolor de cabeza, porque lo que comenzó como un negocio pacífico, terminó en pleitos judiciales por recuperar los bienes.

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Esa es la historia del Parque La Florida, ubicado en la localidad de Engativá, donde funcionan un club de golf y un parqueadero. Los dueños llevan casi 15 años negándose a devolverle los terrenos a Bogotá. Hoy, cuando existen fallos en firme, donde el Tribunal de Bogotá ordenó la restitución, paradójicamente siguen allí, amparados en una desidia de jueces de menor jerarquía, que no han hecho efectivas las sentencias. Dicen tener cosas más importantes que hacer.

IDRD vs. Parqueaderos La Sabana

En el caso del Parque hay dos pleitos, uno de ellos entre el IDRD y Parqueaderos La Sabana, historia que se remonta al 26 de agosto de 1997. Siendo alcalde (e) Paul Bromberg, su subdirectora de Parques, Yolanda Pulido, entregó en arriendo dos predios, que sumaban 40.000 m² (área suficiente para 3.000 carros). El contrato fue a cinco años y $48 millones, en cuotas de $800.000 mensuales. Teniendo como referencia el salario mínimo, esto equivaldría hoy a $362 millones y cuotas de $6 millones, lo que se traduce en un arriendo de $150 al mes por m².

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El documento establecía que el arrendatario asumía el manejo y reparaciones del inmueble; autorizaba el cobro de $500 por hora o fracción (casi $4.000 hoy), y dos cláusulas claves: que cumplido el plazo debía restituir los predios, incluidas las mejoras, y que renunciaba a las prórrogas automáticas. El contrato venció el 2 septiembre de 2002, en la alcaldía de Antanas Mockus, pero el predio no se restituyó, no se renovó el contrato ni el Distrito hizo algo por reclamarlo.

El único cambio se hizo tres años después, a través del otrosí 1, de junio de 2005, en la administración de Lucho Garzón. En el documento, el subdirector de parques, Hipólito Salamanca, subió el arriendo a $2 millones mensuales ($7 millones actuales). Luego pasaron Samuel Moreno y Gustavo Petro por el Palacio Liévano y parece que no les interesó el asunto. Hasta que, en febrero de 2016, Enrique Peñalosa pidió la devolución del inmueble. Ante la negativa, en septiembre de 2017 se radicó demanda de restitución.

Parqueaderos de La Sabana se defendió diciendo que en este caso aplicaba la renovación automática del contrato, según el Código de Comercio, y que, pese a existir una cláusula en la que renunciaba a la prórroga, había normas superiores que la invalidaban. Agregó que el IDRD consintió al recibir a satisfacción los cánones de arrendamiento y las obras de mantenimiento. Pidió dar por terminado el proceso.

Dilatando la restitución

El 28 de noviembre de 2019 salió el fallo de primera instancia. El Juzgado Administrativo de Facatativá respaldó al Distrito y le dio 10 días al arrendatario para restituir el inmueble. El juez explicó que las prórrogas automáticas no aplican para contratos estatales, ya que el perfeccionamiento se logra por escrito. Aunque el arrendatario apeló, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la sentencia en 2021.

Con la decisión en firme, el proceso regresó, el 27 de enero de 2022, al juzgado de Facatativá. El Distrito esperaba la restitución lo antes posible, teniendo en cuenta que no solo habían pasado 20 años desde que el arrendatario debió devolver los predios, sino que habían pasado seis desde que el Distrito lo reclamó formalmente. No obstante, la celeridad brilló por su ausencia. Pasados cuatro meses, el 25 de abril de 2022, el apoderado del Distrito envió un correo electrónico al despacho pidiendo el auto de “obedézcase y cúmplase” y programara la diligencia de restitución.

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Reinó el silencio, por lo que reiteró su solicitud el 23 de mayo y el 12 de julio. En la última pidió información sobre un canal para consultar el proceso, pues la web del despacho no funcionaba. La respuesta llegó el 18 de julio: pondrían en conocimiento del juez la petición. El 1.° de agosto se vio un avance con el auto de “obedézcase y cúmplase”, pero no programaron la restitución. La explicación fue insólita: consideraban la diligencia “prematura” y le concedieron 10 días a Parqueaderos de La Sabana para que cumpliera la sentencia... y 10 días se han convertido en meses.

El 28 de septiembre, sin ver avances, el abogado del IDRD radicó una solicitud de vigilancia administrativa ante el Consejo Seccional de Cundinamarca, la cual respondieron el pasado 8 de noviembre. El magistrado Jesús Sánchez sometió al Juzgado Primero Administrativo de Facatativá a vigilancia. Con sorpresiva diligencia, una semana después, el juez de Facatativá se libró del problema delegando la diligencia al Juzgado Promiscuo de Cota.

Pero no fue ninguna solución. Aunque el juzgado promiscuo se pronunció el 1.° de diciembre y fijó fecha de restitución para el 7 de marzo de 2023, pasados cuatro meses, no se cumplió. El día antes, el apoderado del Distrito llamó al despacho a preguntar si debían recoger al encargado de la diligencia y le dijeron que no. Al día siguiente nadie apareció y el juzgado aplazó hasta el 5 de mayo, argumentando que “la parte interesada no suministró transporte al funcionario judicial”. Cuando se esperaba que todo se resolvería a comienzos de mes, el 4 de mayo, a las 5:32 p.m., el juzgado envió un correo informando un nuevo aplazamiento

“Lo anterior atendiendo a la gran cantidad de tutelas pendientes, siendo asuntos prevalentes, aunado al cúmulo de autos civiles por revisar, ya que hace tres semanas no se publican estados”. La nueva fecha es el 30 de junio. Así, Parqueaderos La Sabana cumple año y medio explotando de manera ilegal un predio, que le ordenaron restituir en diciembre de 2021. Y los jueces, que tienen el deber de velar por el cumplimiento de sus fallos, con sus dilaciones han jugado a favor del privado, que lleva dos décadas explotando un bien público, en contra de la ley.

Pleito contra Caja Popular de Golf La Florida

El segundo pleito es contra Caja Popular de Golf La Florida, organización a la que le entregaron en arrendamiento una parte del parque La Florida en 1994, por 10 años, y venció en agosto de 2004. Igual que con el caso del parqueadero, se presentó demanda de restitución, que finalmente ordenó el Juzgado Segundo de Facatativá, el 11 de mayo de 2018.

El arrendatario apeló y el 15 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia. Sin embargo, solo en enero de 2022, el secretario del Tribunal remitió el expediente al juzgado de origen, donde, de nuevo, pasaron meses sin que se moviera el proceso. El abogado del Distrito escribió al despacho en reiteradas oportunidades, entre mayo y agosto, pidiendo la diligencia de restitución. El 8 de agosto del año pasado, el juzgado contestó que debía revisar constantemente los estados. Aunque, en este caso también radicó una solicitud de vigilancia administrativa, ante el Consejo Seccional de Cundinamarca, el pasado 18 de octubre, a la fecha nadie se ha pronunciado.