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En paralelo al pleito que sostiene el Distrito con el operador de los cuatro cementerios públicos más importantes de la ciudad, surgió una nueva disputa que enfrenta a dos de las personas más relevantes en todo este meollo.
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Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, anunció acciones legales, por injuria y calumnia, en contra de Eder Parada, representante legal del concesionario Jardines de Luz y Paz. Este consorcio, que opera los cementerios públicos desde 2021, cerró desde el domingo pasado las puertas de estos recintos de descanso, alegando arbitrariedades, por parte del Distrito, a la hora de interponerles una nueva sanción por incumplimiento.
En medio de ese tire y afloje, que ha perjudicado a cerca de 4.000 familias que tienen a sus seres queridos en estos cementerios, Parada denunció penalmente a Ordóñez por el presunto ofrecimiento de coimas para postergar el polémico contrato de operación de los cuatro cementerios. En ese orden de ideas, Parada le dijo a la Fiscalía que la directora de la UAESP le ofreció $5.000 millones no solo para alargar ese contrato, sino para efectuar uno nuevo para la renovación de las instalaciones por más de $50.000 millones.
Ante esas acusaciones, la funcionaría emitió un comunicado a la opinión pública en la que negó dichas acusaciones e, incluso, interpuso una demanda por injuria y calumnia en contra de Parada.
“Mi comportamiento en más de 30 años de ejercicio público ha sido impoluto, el de él, en cambio, ha estado marcado por repetidos incumplimientos. Lo invito más bien a que responda ante la Contraloría Distrital y ante la Fiscalía General de la Nación por su incumplimiento como contratista. Es absurdo pensar que un servidor público quisiera al menos evaluar la posibilidad de ampliar un contrato que ha tenido tantos informes de incumplimiento en más del 100% de su valor y peor aún, es totalmente absurdo pensar que pudiera exigirse coimas por tan improbable decisión”, aseveró la funcionaria.
Finalmente, respecto a la petición que algunos concejales hicieron para que renunciara a su cargo, con base a las acusaciones de Parada, la funcionaria dio que “la única respuesta que puedo darles es que estoy actuando en derecho, protegiendo los intereses del Distrito y enfrentando la calumnia de un contratista incumplido que desde el primer momento ha tenido un comportamiento alejado de las cláusulas contractuales, especialmente por evadir el manejo de los recursos de las tarifas que pagan los ciudadanos en la Fiducia establecida en el contrato y hacerlo en sus cuentas personales”.
Allende estos litigios legales, lo cierto es que el próximo 27 de septiembre Jardines de Luz y Paz tendrá que definir si liquida el contrato para la operación de los cuatro cementerios, o lo cede, conforme a la normativa existente para estos casos. Entre tanto, el Distrito no descarta medidas de choque para reabrir estos recintos mediante el uso de la fuerza pública.
El lío de los cementerios
Cuatro días completan cerrados los cuatro cementerios distritales de Bogotá, por orden del consorcio Jardines de Luz y Paz, que los administra desde 2021. La decisión la adoptó en respuesta a la notificación de una nueva sanción, que lo inhabilita para continuar prestando el servicio y lo obliga a ceder el contrato o a liquidarlo. El futuro de la operación de los camposantos se definirá el jueves 26 de septiembre, cuando el concesionario tome alguno de los dos caminos que le quedan. Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre la población vulnerable, que es la mayor beneficiada de los servicios funerarios en los cementerios públicos.
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios, por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos. El gerente, Éder Parada, le dijo a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra. Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
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