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La Unidad de Víctimas emitió un pronunciamiento, en las últimas horas, sobre la movilización indígena que llegó a Bogotá el martes 26 de noviembre. Desde el arribo de 4.000 indígenas, los cuales han pernoctado en el parqueadero de la Agencia Nacional de Tierras, las fricciones entre el Distrito y el Gobierno Nacional sobre la presencia de esta comunidad étnica han estado a la orden del día.
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Si bien el Distrito, a través de los canales oficiales, solo se ha limitado a solicitar la colaboración del gobierno para solucionar el problema, lo cierto es que en la opinión pública trascendieron versiones, en las cuales se aseveraba que el Gobierno había financiado la caravana de buses en la cual se transportó la comunidad Embera.
En respuesta a estos rumores, la propia directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, afirmó que “no financiamos la movilización de los pueblos indígenas hacia Bogotá, pues no es de la competencia de la entidad. De acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “nuestra tarea es garantizar derechos, ya sea a través del retorno, la reubicación o la integración”, señaló.
Renglón seguido, la directora reprochó algunos gestos de vocerías oficiales que, según ella, han caído en la aporofobia y el racismo, lo que vulnera los derechos de las comunidades indígenas. “Los pueblos indígenas no estorban, vienen a dialogar y debemos garantizarles sus derechos fundamentales”, afirmó Solano, destacando que estas comunidades han sido históricamente marginadas y enfrentan condiciones de pobreza extrema.
Otro de los rumores, que también circuló en las informaciones sobre el arribo indígena, dejaba entrever que se trataba de un regreso a la ciudad por parte de las comunidades que fueron evacuadas del Parque Nacional y retornadas a sus territorios. Esto, sin embargo, es falso, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, por cuanto, de acuerdo con las cifras, el 98 % de la comunidad que partió del Parque Nacional, el pasado 8 de septiembre, todavía se encuentra en su territorio.
Finalmente, la Unidad de Víctimas aprovechó el pronunciamiento público para referirse a la carta del Distrito, en la cual señalaban el incumplimiento de la entidad con el sostenimiento de albergues temporales en los cuales estaban alojados los indígenas. En ese orden de ideas, Ómar Fernández, subdirector de la Unidad, dijo que desde el pasado 8 de septiembre, cuando inició el proceso de retorno de la comunidad que habitó el Parque Nacional, la entidad ha garantizado ayudas a 56 familias Emberá (180 personas) que continúan en la ciudad, en tres albergues temporales en la capital.
Bajo esta misma línea, el funcionario confirmó que los procesos de reubicación, en los cuales participa la Unidad de Víctimas, incluyen diálogo con comunidades receptoras, levantamiento de necesidades y concertación de territorios de reubicación. En ese contexto, Fernández aseveró que: “No es cierto que nosotros no nos hayamos reunido con la Alcaldía de Bogotá, nos reunimos el 17 de septiembre y el 29 de octubre para abordar precisamente estos procesos de retornos y reubicación”, sentenció.
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