Discriminación racial, en el olvido de la justicia ordinaria

En el artículo séptimo de la Constitución de 1991 se plantea que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación”. Sin embargo, lo escrito no siempre se refleja en el día a día de los ciudadanos. Ejemplo de ello es el caso de Diana Londoño, una mujer afro, quien afirma que tanto ella como su familia han sido víctimas de discriminación racial en el conjunto donde viven desde 2016, en el barrio Bosa Porvenir.

Lea también: Discriminación racial: el mal que aún no se ha erradicado en Bogotá y Colombia.

La víctima relata que lo que empezó como un problema de convivencia —por ruidos excesivos de los vecinos del piso superior— terminó en actos discriminatorios.

“Ha escalado al punto que nos han aventado orines desde las ventanas; nos han insultado haciendo alusión a nuestro aspecto por ser afros; nos han quebrado vidrios, y han afectado la entrada de nuestro apartamento, para que nos vayamos. De hecho, nos amenazaron diciendo que si no nos íbamos en cuatro meses ‘asumiéramos las consecuencias´”.

En uno de los encuentros incluso se pasó de la agresión verbal a la física y tuvo que intervenir la Policía. Sin embargo, para sorpresa de Londoño, como ella comenta: “Los agentes escucharon la versión de los victimarios y a nosotros casi no nos dejaron hablar. De hecho, tuvieron el descaro de preguntarnos que por qué no nos íbamos”.

Cabe destacar que Londoño tramitó las quejas correspondientes ante el comité de convivencia, la administración y los vecinos, quienes —según ella— terminaron siendo cómplices, al no intervenir. Por eso decidió realizar dos denuncias: una por actos de racismo y otra por lesiones dolosas. No obstante, manifiesta que al radicarlas, el funcionario que la atendió no sabía cómo proceder en un caso que expone la vulneración de los derechos de una persona por prejuicios racistas.

Sin preparación

Ante la denuncia, Juan de Dios Mosquera, director de la Asociación Nacional por los DD. HH. Afrocolombianos (Cimarrón), es enfático: esto evidencia que no hay una capacitación adecuada de los operadores judiciales sobre el Código Penal y los delitos de racismo y discriminaciones, pese a que existen las sanciones en los artículos 134 A, B y C. Tanto en la Fiscalía como en la Policía no se ha capacitado eficazmente a todos los actores.

“Cuando se llevan las denuncias, no las toman con seriedad y hasta tratan de disuadir a la víctima para que desista. Eso muestra el racismo en la mentalidad de los funcionarios, quienes consideran que en Colombia no hay discriminación racial y que las personas afro solo son ‘susceptibles o delicadas’”, expone Mosquera, quien resalta la poca credibilidad de la población en general frente a la justicia, motivo por el cual muchos casos no se reportan.

Es preciso señalar que, para tratar de cambiar el panorama, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) desarrolló la estrategia “Somos etnias, somos pueblos”, con la cual se firmó el ‘Pacto contra el Racismo y la Discriminación Racial en Bogotá’.

En siete meses han desarrollado treinta actividades, en las que participaron 1.536 personas, vinculadas a la construcción de acuerdos locales en torno al desaprendizaje de prácticas racistas. A pesar de que en estos espacios vincularon principalmente a policías de las estaciones locales, casos como el de Diana Londoño y las cifras de los procesos judiciales dejan ver que falta mucho camino por recorrer.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el 2021 se denunciaron en el país 760 actos de discriminación. Cabe aclarar que en esta categoría no se ubican solo casos de racismo, dado que no está tipificado de manera textual como delito independiente, sino que entra en la categoría de ‘actos de discriminación’, que alude a toda violación de derechos por razón de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.

Le puede interesar: “Cada vez que muero”: una aproximación al relato trans en Colombia.

No obstante, al revisar las cifras recopiladas y analizadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, el panorama es desalentador: de los 3.041 casos denunciados desde el 2012 a la fecha, 133 los resolvieron como querellas (4,4 %), cinco siguen en investigación (0,16 %), trece llegaron a juicio (0,43 %) y apenas siete terminaron en condena (0,23 %). El resto, es decir, 2.883 (94,8 %) de las denuncias se quedaron en etapa de indagación.

Frente a los datos, la abogada Ana Margarita González, una de las fundadoras de la organización Ilex Acción Jurídica, colectivo de abogados afrocolombianos para la equidad racial en Colombia y América Latina, afirma que denotan que la reducción de la discriminación y la dignificación de las poblaciones minoritarias no es prioridad para la justicia en el país.

“Existe, evidentemente, una falta de interés y seriedad en la investigación de delitos como hostigamiento y actos de discriminación. Si bien es cierto que puede llegar a ser complejo demostrar que el móvil de una agresión fue el racismo o los prejuicios sociales, existen herramientas jurídicas en derecho antidiscriminatorio con las cuales se podrían levantar cargos e indagar con detenimiento cada caso”, afirma González, quien reconoce que socialmente se resta importancia a las expresiones de exclusión a partir del imaginario social, alegando que “las personas afros se automarginan”.

La experta sugiere que deberían existir más mecanismos para denunciar y gestionar las quejas por discriminación racial distintos a la denuncia penal, pues a la fecha no hay mecanismos expeditos en otras jurisdicciones que permitan adelantar procesos en otras vías.

“El Ministerio del interior, por ejemplo, tiene el Observatorio contra la Discriminación Racial y el Racismo (OCDR), pero no cuenta con una ruta para denunciar casos. El ideal sería que ellos adelantaran investigaciones para llevar a sanciones que no sean solo penales, sino pecuniarias o de otra naturaleza”, plantea la abogada.

Mientras tanto, Diana Londoño espera a que la justicia le dé la razón y se reivindique su derecho a ser tratada de manera digna y a vivir tranquilamente con su familia. Eso sí, anhela que su caso no haga parte de ese 94,8 % de denuncias que no avanzan, al igual que aquellos que denunciaron con la ilusión de exponer cuán interiorizado está el racismo, aunque muchos cuestionen que siquiera exista.

Nota relacionada: Las barreras de la educación inclusiva en Bogotá.

En el artículo séptimo de la Constitución de 1991 se plantea que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación”. Sin embargo, lo escrito no siempre se refleja en el día a día de los ciudadanos. Ejemplo de ello es el caso de Diana Londoño, una mujer afro, quien afirma que tanto ella como su familia han sido víctimas de discriminación racial en el conjunto donde viven desde 2016, en el barrio Bosa Porvenir.

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La víctima relata que lo que empezó como un problema de convivencia —por ruidos excesivos de los vecinos del piso superior— terminó en actos discriminatorios.

“Ha escalado al punto que nos han aventado orines desde las ventanas; nos han insultado haciendo alusión a nuestro aspecto por ser afros; nos han quebrado vidrios, y han afectado la entrada de nuestro apartamento, para que nos vayamos. De hecho, nos amenazaron diciendo que si no nos íbamos en cuatro meses ‘asumiéramos las consecuencias´”.

En uno de los encuentros incluso se pasó de la agresión verbal a la física y tuvo que intervenir la Policía. Sin embargo, para sorpresa de Londoño, como ella comenta: “Los agentes escucharon la versión de los victimarios y a nosotros casi no nos dejaron hablar. De hecho, tuvieron el descaro de preguntarnos que por qué no nos íbamos”.

Cabe destacar que Londoño tramitó las quejas correspondientes ante el comité de convivencia, la administración y los vecinos, quienes —según ella— terminaron siendo cómplices, al no intervenir. Por eso decidió realizar dos denuncias: una por actos de racismo y otra por lesiones dolosas. No obstante, manifiesta que al radicarlas, el funcionario que la atendió no sabía cómo proceder en un caso que expone la vulneración de los derechos de una persona por prejuicios racistas.

Sin preparación

Ante la denuncia, Juan de Dios Mosquera, director de la Asociación Nacional por los DD. HH. Afrocolombianos (Cimarrón), es enfático: esto evidencia que no hay una capacitación adecuada de los operadores judiciales sobre el Código Penal y los delitos de racismo y discriminaciones, pese a que existen las sanciones en los artículos 134 A, B y C. Tanto en la Fiscalía como en la Policía no se ha capacitado eficazmente a todos los actores.

“Cuando se llevan las denuncias, no las toman con seriedad y hasta tratan de disuadir a la víctima para que desista. Eso muestra el racismo en la mentalidad de los funcionarios, quienes consideran que en Colombia no hay discriminación racial y que las personas afro solo son ‘susceptibles o delicadas’”, expone Mosquera, quien resalta la poca credibilidad de la población en general frente a la justicia, motivo por el cual muchos casos no se reportan.

Es preciso señalar que, para tratar de cambiar el panorama, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) desarrolló la estrategia “Somos etnias, somos pueblos”, con la cual se firmó el ‘Pacto contra el Racismo y la Discriminación Racial en Bogotá’.

En siete meses han desarrollado treinta actividades, en las que participaron 1.536 personas, vinculadas a la construcción de acuerdos locales en torno al desaprendizaje de prácticas racistas. A pesar de que en estos espacios vincularon principalmente a policías de las estaciones locales, casos como el de Diana Londoño y las cifras de los procesos judiciales dejan ver que falta mucho camino por recorrer.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el 2021 se denunciaron en el país 760 actos de discriminación. Cabe aclarar que en esta categoría no se ubican solo casos de racismo, dado que no está tipificado de manera textual como delito independiente, sino que entra en la categoría de ‘actos de discriminación’, que alude a toda violación de derechos por razón de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.

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No obstante, al revisar las cifras recopiladas y analizadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, el panorama es desalentador: de los 3.041 casos denunciados desde el 2012 a la fecha, 133 los resolvieron como querellas (4,4 %), cinco siguen en investigación (0,16 %), trece llegaron a juicio (0,43 %) y apenas siete terminaron en condena (0,23 %). El resto, es decir, 2.883 (94,8 %) de las denuncias se quedaron en etapa de indagación.

Frente a los datos, la abogada Ana Margarita González, una de las fundadoras de la organización Ilex Acción Jurídica, colectivo de abogados afrocolombianos para la equidad racial en Colombia y América Latina, afirma que denotan que la reducción de la discriminación y la dignificación de las poblaciones minoritarias no es prioridad para la justicia en el país.

“Existe, evidentemente, una falta de interés y seriedad en la investigación de delitos como hostigamiento y actos de discriminación. Si bien es cierto que puede llegar a ser complejo demostrar que el móvil de una agresión fue el racismo o los prejuicios sociales, existen herramientas jurídicas en derecho antidiscriminatorio con las cuales se podrían levantar cargos e indagar con detenimiento cada caso”, afirma González, quien reconoce que socialmente se resta importancia a las expresiones de exclusión a partir del imaginario social, alegando que “las personas afros se automarginan”.

La experta sugiere que deberían existir más mecanismos para denunciar y gestionar las quejas por discriminación racial distintos a la denuncia penal, pues a la fecha no hay mecanismos expeditos en otras jurisdicciones que permitan adelantar procesos en otras vías.

“El Ministerio del interior, por ejemplo, tiene el Observatorio contra la Discriminación Racial y el Racismo (OCDR), pero no cuenta con una ruta para denunciar casos. El ideal sería que ellos adelantaran investigaciones para llevar a sanciones que no sean solo penales, sino pecuniarias o de otra naturaleza”, plantea la abogada.

Mientras tanto, Diana Londoño espera a que la justicia le dé la razón y se reivindique su derecho a ser tratada de manera digna y a vivir tranquilamente con su familia. Eso sí, anhela que su caso no haga parte de ese 94,8 % de denuncias que no avanzan, al igual que aquellos que denunciaron con la ilusión de exponer cuán interiorizado está el racismo, aunque muchos cuestionen que siquiera exista.

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