Distrito debería recibir más plata por operación del Movistar Arena: Contraloría

El Movistar Arena es uno de los principales escenarios musicales de la ciudad y, de paso, ejemplo de un proceso de renovación urbana a través de alianzas con el sector privado. Sin embargo, la Contraloría Distrital tiene su lupa puesta en el contrato de operación, en el que encontró un desbalance que favorece al operador y que podría representar un detrimento patrimonial para el Distrito cercano a los $11 mil millones.

El Movistar Arena es uno de los principales escenarios musicales de la ciudad y, de paso, ejemplo de un proceso de renovación urbana a través de alianzas con el sector privado. Sin embargo, la Contraloría Distrital tiene su lupa puesta en el contrato de operación, en el que encontró un desbalance que favorece al operador y que podría representar un detrimento patrimonial para el Distrito cercano a los $11 mil millones.

Para entender la alerta del ente de control es clave recordar que la construcción del escenario es producto de una alianza público-privada que se impulsó desde 2012, se aprobó en el año 2015, cuando adjudicaron el contrato a la empresa Colombiana de Escenarios (CDE), y el escenario se inauguró en 2018.

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El negocio consistía en que los privados invertían sus recursos en la obra a cambio de poder operarlo durante 25 años, tiempo después del cual el privado deberá devolver el inmueble. Para fijar ese tiempo se hicieron proyecciones de ingresos que cubrirían la inversión del operador, sacaba ganancias y le pagaba otra parte al Distrito.

No obstante, para el ente de control, las cuentas no se hicieron bien y hoy el Distrito no se está beneficiando del éxito que ha representado la explotación comercial del escenario. Por eso asegura que el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), responsable del escenario, no ha ejercido debido control sobre el convenio, en especial en lo relacionado con la explotación comercial de los espacios internos y externos del recinto.

“El Instituto ha permitido que se aprovechen áreas comerciales en exceso, y esto ha castigado el recaudo de dineros de la entidad. Esto evidencia una falta de control sobre cómo opera, en la práctica, el concesionario de nuestro mayor escenario de la capital”, indicó el contralor distrital, Julián Ruiz. Aunque el IDRD asegura que no se ha perdido un peso, el hallazgo del ente de control apunta a líos estructurales alrededor del contrato.

Los detalles

Como el Consejo de Estado prohibió el arrendamiento de bienes de uso público, la relación contractual entre el Distrito y Colombiana de Escenarios se selló bajo un contrato de concesión de uso especial de bienes públicos. “Aquí es importante el equilibrio económico, que juega a favor del contratista, pero también de la contratante. Así, si el contratista gana más de los planeados, debería compartirlo con el Estado. Pero parece que no ocurrió”, explicó Ricardo Herrera, abogado especialista en contratación pública.

En dicho contrato de concesión se estableció que el espacio para arrendamiento a terceros sería de 1.888 m², pero en la realidad, estima la Contraloría, el concesionario explota cerca de 4.770 m² (casi tres veces lo pactado), con un agravante: sin reportar retribuciones adicionales por el uso del espacio público a la administración distrital.

Según el contralor Ruiz, el desbalance es tal, que el operador “ha percibido ingresos operativos desde la puesta en marcha hasta la fecha que exceden en 80 % los proyectados en el modelo financiero pactado con el Distrito. De esta manera, se estima que Bogotá ha dejado de recibir más de $4 mil millones por el manejo de áreas comerciales, $1.200 millones en parqueaderos y casi $3.900 millones de recaudos hechos por el contratista.

En ese sentido, la Contraloría cuestiona que el IDRD no incluyó en el contrato final la cláusula de “logro del ingreso esperado”, recomendada en el desarrollo de este tipo de proyectos y que le hubiera permitido al Distrito recuperar el inmueble antes de tiempo, una vez el concesionario recuperara su inversión tasada en $94 mil millones.

Otro de los reparos del ente de control fiscal del Distrito es que el IDRD “no ha dejado trazabilidad documental sobre desacuerdo alguno frente a la manera como se está ejecutando el contrato ni activado los mecanismos estipulados en la ley y en las cláusulas contractuales para contrarrestar las deficiencias de la gestión administrativa y fiscal del concesionario”.

¿Qué responde el IDRD? Al ser consultado por este diario, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte aseguró que ha realizado un debido seguimiento al contrato, y que este ha generado ganancias para el Distrito, entre 2018 y 2022, de más de $2 mil millones.

“El IDRD no ha dejado de recibir un peso por la administración y explotación económica del Movistar Arena, en el marco de la alianza público-privada (APP), firmada entre el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) y Colombiana de Escenarios en el año 2015″, aseguró la entidad a El Espectador.

En ese sentido, indican que en 2022 se registró la mayor cantidad de ingresos desde el inicio de la operación del coliseo, que coincide con la reactivación económica en la ciudad. Además, la entidad ha indicado en respuestas oficiales sobre el tema, que se trata de un tema de interpretación del contrato, que, por ejemplo, no delimita el área de explotación comercial al concesionario.

Aunque la posición de la entidad distrital apunta a que todo está bien, para la Contraloría aún faltan respuestas sobre otras inconsistencias, como el uso del derecho de reserva que esgrimió la entidad para impedir el acceso a información financiera del arrendamiento a terceros y el cambio de diseños del proyecto, así como en el uso del escenario antes de la firma del acta de disponibilidad, ni el no reporte de los ingresos generados.

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“Se espera que, a partir de esta auditoría, el IDRD adopte las medidas del caso para revertir el desequilibrio contractual evidenciado en el proceso auditor, evitando que se configure un lucro cesante futuro, impidiendo de esta manera el posible incremento del detrimento al patrimonio público de la ciudad en los próximos 21 años”, aseguró el contralor distrital, Julián Ruiz.

De esta manera, a pesar de ser una investigación preliminar, la Contraloría indicó que existen posibles hallazgos administrativos y disciplinarios, debido a la falta de supervisión del contrato por parte del IDRD. Así, a pesar de que la capital crece en términos de industria comercial, sigue estando en duda como estos escenarios públicos se utilizan en beneficio de privados y a costa de la ciudad.

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