Distrito explica por qué funcionarios pusieron cloro a empanadas decomisadas en Bogotá
La Secretaría de Salud respondió que, de acuerdo al concepto técnico de la entidad, los productos no eran aptos para el consumo humano, por lo cual se procedió a realizar su desinfección.
-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
Momentos de indignación vivieron los habitantes de la localidad de Suba este martes 19 de febrero, cuando, en medio de un operativo de recuperación del espacio público liderado por funcionarios de la alcaldía local en conjunto con la Policía, decomisaron unas empanadas que se estaban vendiendo en un puesto ambulante y, al incautarlas, les rociaron cloro.
Aunque, al parecer, en el momento del decomiso del producto, las autoridades no aclararon los argumentos de sus acciones, la Secretaría de Salud emitió este sábado los argumentos que sustentan este polémico procedimiento. Aseguraron que, de acuerdo con el concepto técnico de la entidad, que también estuvo presente en el operativo junto a la Secretaría de Seguridad, las empanadas no eran aptas para el consumo humano.
Por otro lado, señalaron que este tipo de acciones son habituales y corresponde na la desinfección de comida que representa un peligro para la salud de quien lo ingiere. "Acto seguido se procedió a la ‘desnaturalización del producto’, nombre técnico que consiste en la desinfección del producto alimenticio que no se encuentra en condiciones salubres para el consumo", precisó el comunicado.
En el operativo se impusieron, además, tres comparendos con la respectiva incautación de carros de comidas rápidas que, de acuerdo con el Distrito, contaban con cilindros de gas peligrosos para el entorno. Así mismo, dieron a conocer el decreto que sustenta la aplicación de estas acciones como medida de seguridad.
"La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos, tendientes a modificar la forma, las propiedades de un producto o artículo. Se llevará a cabo con el objeto de evitar que se afecte la salud de la comunidad", reza el Decreto 3518 de 2006.
Pese a ello, la indignación de la ciudadanía continúa no solo por este operativo, sino por los comparendos que se han impuesto en las últimas semanas a vendedores ambulantes y clientes de los mismos, al considerar que se están violando sus derechos fundamentales y laborales.
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Momentos de indignación vivieron los habitantes de la localidad de Suba este martes 19 de febrero, cuando, en medio de un operativo de recuperación del espacio público liderado por funcionarios de la alcaldía local en conjunto con la Policía, decomisaron unas empanadas que se estaban vendiendo en un puesto ambulante y, al incautarlas, les rociaron cloro.
Aunque, al parecer, en el momento del decomiso del producto, las autoridades no aclararon los argumentos de sus acciones, la Secretaría de Salud emitió este sábado los argumentos que sustentan este polémico procedimiento. Aseguraron que, de acuerdo con el concepto técnico de la entidad, que también estuvo presente en el operativo junto a la Secretaría de Seguridad, las empanadas no eran aptas para el consumo humano.
Por otro lado, señalaron que este tipo de acciones son habituales y corresponde na la desinfección de comida que representa un peligro para la salud de quien lo ingiere. "Acto seguido se procedió a la ‘desnaturalización del producto’, nombre técnico que consiste en la desinfección del producto alimenticio que no se encuentra en condiciones salubres para el consumo", precisó el comunicado.
En el operativo se impusieron, además, tres comparendos con la respectiva incautación de carros de comidas rápidas que, de acuerdo con el Distrito, contaban con cilindros de gas peligrosos para el entorno. Así mismo, dieron a conocer el decreto que sustenta la aplicación de estas acciones como medida de seguridad.
"La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos, tendientes a modificar la forma, las propiedades de un producto o artículo. Se llevará a cabo con el objeto de evitar que se afecte la salud de la comunidad", reza el Decreto 3518 de 2006.
Pese a ello, la indignación de la ciudadanía continúa no solo por este operativo, sino por los comparendos que se han impuesto en las últimas semanas a vendedores ambulantes y clientes de los mismos, al considerar que se están violando sus derechos fundamentales y laborales.
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